Un perito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha ratificado hoy el informe aportado al caso Osvaldos, investigado por el Juzgado de Instrucción 6 de València, en el que concluye que Sergio Blasco, miembro del clan de los Blasco de Alzira, y exgerente del Hospital General de València, era el «último beneficiario, junto a su familia» de los cobros facilitados por una red de empresas, supuestamente creada para captar contratos y cobrar presuntas comisiones.
El juicio que comenzó el 17 de septiembre en la sección primera de la Audiencia de València encara la recta final de la vista, con las declaraciones de los acusados y los informes de la acusación de la Fiscalía Anticorrupción y las defensas de los once acusados que se sientan en el banquillo.
El perito de la agencia tributaria ha confirmado durante el exhaustivo interrogatorio de la Fiscal Anticorrupción, Adoración Cano, que el «primer nivel» de las sociedades investigadas con actividad resultaron adjudicatarias de contratos con la administración pública, especialmente en el ámbito de la sanidad de 2005 a 2014 por un montante total de 32 millones de euros.
Un segundo nivel habría estado formado «por empresas de menor volumen que efectuaban una labor mixta y que recibían pequeños contratos con la administración o recibían pagos de empresas adjudicatarias de contratos administrativos» y dirigidas por personas vinculadas personal y familiarmente con Sergio Blasco.
Aunque el perito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria desgranó, sobre todo, el tercer nivel de mercantiles que confirman carecían de trabajadores o actividades reales pero movilizaron alrededor de un millón de euros. «De lo que yo he visto», ratificó el perito.
Estas empresas del tercer nivel se relacionaban con las del primero, adjudicatarias de los contratos, y entre ambas se emitían facturas «por una supuesta prestación de servicios. Son cantidades de carácter repetitivo, aparentemente son como a cuenta, como una factura en varios pagos». Para el perito de la Agencia Tributaria, «estamos en lo de siempre: ¿Qué servicios se prestan si no tengo personal contratado?». A lo que se suma que estas empresas de tercer nivel sin actividad ni trabajadores «después de los ingresos tiene una serie de pagos sucesivos con los que se ha financiado bienes y servicio de ocios particulares». Sobre todo de Sergio Blasco y familiares cercanos. Se trata de «gastos de carácter particular, viajes (uno a Túnez), un palco del basket, vehículos, compras particulares…»
Otro dato curioso revelado durante el interrogatorio de la Fiscal Anticorrupción al perito de la Agencia Tributaria es que dos de estas sociedades figuraban a personas cercanas a Sergio Blasco. Una de ellas a nombre de una empleada del hogar del exgerente del Hospital General de València. El perito achacaba las cantidades que recibían estas empresas a que «se trataba de pagos de comisión».
El abogado de Sergio Blasco, César Olmos, ha intentado contratacar la exhaustiva ratificación del informe del perito de la Agencia Tributaria con el argumento de que los ingresos de las empresas del tercer nivel se correspondían con la actividad internacional de Sergio Blasco ya que, ha defendido, era consultor de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y también realizó gestiones para la construcción de un hospital en Perú. Sergio Blasco representó a una empresa valenciana para construir el Instituto Nacional del Corazón (Incor) de Perú. Esta parte de la instrucción se investigaba en una pieza separada que acabó archivada.
El abogado de Sergio Blasco preguntó al perito si había visto «pagos por esos proyectos internacionales». Aunque el perito admitió que el encargó que recibió del Juzgado de Instrucción 6 de València «no llegaba a estos proyectos internacionales. Si hubiera tenido el encargo, yo lo hubiera hecho así». Pero admitió que no tuvo acceso a «todos los flujos monetarios que pudiera recibir cada uno de las personas físicas realcionadas» con las empresas investigadas.
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