El concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, trató ayer de arrojar luz sobre un conflicto que lleva años enquistado en La Corredoria: el cierre del enlace de la AS-II a la altura del barrio. Lo hizo en una reunión mantenida en dependencias municipales con tres representantes vecinales —Diego Arias, Emilio Pérez y Paulino Álvarez— en la que expuso, punto por punto, la posición del Ayuntamiento y los pasos dados en los últimos años para intentar que vuelva a abrirse un vial cuya clausura, según insistió, «fue decisión exclusiva del Principado».
Cuesta recordó a los vecinos que el cierre de este acceso, ejecutado en 2019, se llevó a cabo «sin solicitar autorización y sin comunicarlo siquiera al Ayuntamiento», una circunstancia que, según señaló, condicionó la capacidad municipal para intervenir en aquel momento. Posteriormente, durante el pasado mandato, el Consistorio intentó «hasta en cinco ocasiones» que el Principado revirtiera la situación. En todas ellas, relató el edil, la respuesta política desde el Gobierno autonómico fue la misma: la negativa de los técnicos regionales a permitir la reapertura.
El responsable municipal explicó que, ya en el actual mandato y ante lo que considera «un aparente cambio de postura del Principado», el Ayuntamiento ha reforzado sus exigencias formales. En concreto, se ha solicitado al Ejecutivo autonómico que facilite los informes técnicos que justificaron en su día el cierre del enlace. Y se ha añadido una advertencia: si dichos documentos no existen, la administración regional debe proceder a su inmediata reapertura.
Además, el concejal transmitió a los representantes vecinales el compromiso municipal de elaborar un informe propio que avale, desde criterios de movilidad y gestión del tráfico, la conveniencia de reabrir el acceso. Los trabajos de campo, aseguró, están ya en su recta final. El objetivo es disponer del estudio en diciembre y remitirlo de inmediato al Principado, que tendrá entonces la responsabilidad de determinar si la reapertura es viable y bajo qué condiciones podría materializarse, reactivando así un debate que el barrio considera urgente desde hace casi un lustro.
