Un día antes de que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decidiera la puesta en libertad del que fuera número tres del PSOE de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, al no apreciar ya riesgo de que pueda ocultar las pruebas que le colocan como presunto líder de la denominada trama Koldo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó un informe que destapa la operativa de cobro de comisiones que convirtieron a Servinabar –la empresa de la que se sospecha tendría un 45 por ciento de participaciones– en una especie de hucha cuyos fondos disfrutaban el exdirigente socialista y su entorno.
Esta empresa navarra de servicios pactó cobrar el 2 por ciento de todas las adjudicaciones de obra pública obtenidas por Acciona, para la que la trama intermedió, y con lo obtenido se pagó el ático en el que vivía Cerdán en Madrid y se alimentaba una tarjeta de crédito que utilizaba tanto éste como su esposa, Francisca Muñoz.
Así, tal y como ha venido informando EL PERIÓDICO, la UCO concluye que el 75,33% de los beneficios de la empresa Servinabar se corresponde con el 2% que había acordado que Acciona le pagara por obra adjudicada. De hecho, la empresa navarra, que administraba el amigo de Cerdán Antxon Alonso, tenía como «principal fuente de financiación a Acciona Construcción» a través de la firma de un «Memorándum de Entendimiento» ante el inicio de cada expediente de obras, por el que rubricaban «un contrato de prestación de servicios una vez la licitación era otorgada a Acciona Construcción».
Se han identificado al menos cinco obras en las que funcionó este acuerdo. Por su parte, los agentes de la UCo han reclamado al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que incorpore la obra de los «túneles de Belate» (Navarra) al conjunto de adjudicaciones objeto de investigación al tener prueba de las gestiones para dirimir el apoyo desde el Ministerio de Transportes para la ejecución de la obra, que habría derivado en la subvención de 40 millones de euros, y se produjeron mientras José Luis Ábalos era ministro.
La constatación de esta operativa ha permitido al instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, la imputación tres nuevos investigados relacionados con esta compañía; uno de ellos, Justo Vicente Pelegrini, que fue su CEO, y los otros, dos de sus subordinados que aún seguían en la empresa y ayer fueron suspendidos: Tomás Olarte y Sanz y Manuel José García Alconchel, este último director de la zona Sur y África de Acciona Construcción. Han sido citados por el juez el próximo 3 de diciembre.
En cuanto a las contraprestaciones percibidas por Cerdán y su entorno familiar, el informe detalla que la empresa Servinabar asumió el arrendamiento de un inmueble en la calle Cardenal Cisneros de Madrid, entre noviembre de 2017 y julio de 2018, por un importe de 7.200 euros a favor del político. También abonó el alquiler de un ático en Hilarión Eslava entre agosto de 2018 y noviembre de 2019 por 44.645 euros y se hizo cargo de la adquisición del mobiliario para dicho inmueble por valor de, al menos, 7.849 euros.
Además, la familia de Cerdán habría hecho uso de una tarjeta de crédito de Servinabar, cuyo último pago fue efectuado el día antes de la detención de Koldo García en febrero de 2024. A lo largo de tres años, «se han localizado pagos que por sus características y localización del establecimiento que realizó el cargo pudieran imputarse a Santos Cerdán o su entorno familiar» por algo más de 33.575 euros.
Sobre estos gastos, en otra parte del informe se recogen mensajes entre Antxon Alonso, y su mujer, Karmele Atutxa, sobre el uso que de esta tarjeta realizaba la esposa del político, Francisca Muñoz, Paqui, al considerarlas demasiado elevadas. En uno de los whatsapps que el matrimonio se intercambia se lee: «La Paqui, que le [sic] conocen todas las vendedoras del Corte Inglés»; en el siguiente se resume la situación con un «gastar, gastar».
El informe de la UCO detalla los pagos salidos de Servinabar en dirección al entorno de Cerdán u otros de los implicados en la causa. En concreto, cifra en 367.290 euros lo cobrado entre julio de 2020 y mayo de 2025 por la cooperativa Erkolan, que contrató a la hermana del ex secretario de Organización del PSOE, Belén Cerdán, aunque la primera “habría asumido los costes de su contratación”.
Además, a la cooperativa constituida en 2015 por Koldo García y Joseba Antxon, Noran Cooperativa, desde Servinabar se le pagaron 647.331 euros entre 2016 y 2025. Esta cooperativa contrató a la esposa de Cerdán, Francisca Muñoz, entre los meses de marzo y julio de 2018, por lo que le pagó 9.500 euros en cinco transferencias.
La Guardia Civil también desvela las gestiones que realizaron los integrantes de la trama presuntamente encabezada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en los Gobiernos autonómicos de Navarra y Aragón para obtener un permiso vinculado a una mina de potasa. En concreto, en el teléfono de Koldo García los agentes descubrieron un mensaje de 3 de julio de 2018, en el que el entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes envió a su contacto telefónico «Lambán Javier», un archivo sobre la autorización de la Mina Muga –primera adjudicación de la que se habría beneficiado la trama–, «agradeciéndole, se infiere, su participación en este asunto», dice la UCO.
En el caso de Navarra, el informe ha descubierto que el empresario vasco Antxon Alonso, supuesto socio de Cerdán en la mercantil Servinabar, y «escalón intermedio entre Acciona-Geoalcali y la Administración Pública, el 16 de abril de 2016 envió un correo a Miren Uxue Barcos (entonces presidenta Foral de Navarra) para solicitarle su presencia durante una reunión que mantendrían él y Fernando Merino (Acciona) con los inversores de Highfiels Resources (empresa matriz de Geoalcali)».
El informe destaca que Servinabar, ingresó un total de 299.259 euros procedente de Geoalcali, empresa dedicada a la explotación del proyecto «Mina Muga», del que Acciona y la mercantil administrada por Antxon Alonso forman parte.
Igualmente, el informe se adentra en cuestiones con lectura en clave política. Así, detalla que el PNV reclamó a través del propio Cerdán que se situara a dos altos cargos en empresas públicas y la permanencia de otro en un ministerio tras la moción de censura de 2018 por la que Pedro Sánchez sustituyó a Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno. Tras salir adelante, y coincidiendo con la conformación del Gobierno, Cerdán envió un documento con el título «Peticiones nombramientos PNV».
El documento policial también revela encuentros entre Cerdán y su supuesto socio en la empresa de servicios Servinabar, Antxon Alonso, en los alrededores de la propia sede del partido en la calle Ferraz de Madrid, según se deriva de los mensajes entre el exdirigente socialista y el otro dueño de la mercantil navarra. Para los dos encuentros que se celebraron en el entorno de la sede del PSOE y otros que realizaban entre ellos y con un directivo de Acciona, ambos extremaban las precauciones, apagando sus teléfonos móviles y utilizando la aplicación de mensajería Threema para obtener un «alto grado de privacidad» en torno a las citas.
Uno de los episodios que ilustran mejor toda ésta operativa de cobro de comisiones y la presunta intermediación de Santos Cerdán en la obtención de obra por Acciona tiene que ver con un megaproyecto que se negoció con el Gobierno de Marruecos. Así, el informe detalla cómo el exdirigente socialista pidió al asesor en Transportes Koldo García en enero de 2019 que gestionara su inclusión en la comitiva oficial del viaje que iba a realizar el entonces ministro Ábalos al país norteafricano, en el que se iba a aprovechar para negociar un contrato millonario para que Acciona participara en la obra del Puerto de Kenitra.
La inversión total sería superior a cinco mil millones de dírhams (467 millones de euros), y días antes del viaje la empresa de la que UCO sospecha que Cerdán era copropietario (Servinabar) firmó un memorándum con Acciona para participar en esta «oportunidad de negocio».
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