La juez de la DANA que investiga la gestión de la catástrofe ha incluido este miércoles en la causa a Scarlett, una de las victimas fallecidas por las inundaciones del pasado 29 de octubre de 2024. La víctima no nació, su madre embarazada de 8 meses, Janine Brigitte, es una joven de 26 años que falleció arrastrada por las riadas de la tragedia.
Tras cumplimentarse el exhorto remitido al Registro Civil del Juzgado de Paz de Riba-roja donde se ha hecho la inscripción registral de Scarlett, la juez de Catarroja ha acordado abrir una pieza de fallecimiento a su nombre, a la cual se le atribuirá la documentación que consta en la de su madre.
Un oficio de Delegación de Gobierno llegó a la magistrada solicitándole que realizara la confirmación de la víctima no nacida mientras le trasladaban el reconocimiento del fallecimiento, según providencias de fecha 19 y 24 de septiembre de 2025.
El pasado 19 de septiembre la juez instó a inscribir en el Registro Civil a la hija de Janine, una vez recibido informe del Instituto de Medicina Legal que había solicitado para ampliar el informe de autopsia de la madre a fin de reflejar que era gestante de más de seis meses y poder contabilizar al feto como víctima.
La instructora manifestó en la resolución de junio que Janine «albergaba otra vida, una vida humana dependiente de su madre que también pereció el 29 de octubre de 2024». «Podrá tener el oportuno reconocimiento e identificación por su nombre en el presente procedimiento, como una de las vidas que se perdieron aquel día», añadió respecto a la inscripción en el registro.
Por otro lado, la abuela de la bebé no nacida, Mari, notificó que su hija Janine llamó a las 18.53 horas del 29 de octubre pidiéndole ayuda porque se estaba ahogando y entraba agua en el vehículo. Según lo que se conoce, la joven embarazada pudo salir del coche y se subió encima de otro vehículo. Sin embargo, la joven tuvo la mala suerte de que este fue golpeado por un contenedor derribándola al agua donde falleció ahogada; su cuerpo se encontró días después.
Los datos del pago del parking
En la providencia de este miércoles, la juez también ha requerido a Maribel Vilaplana, periodista que comió con Carlos Mazón el día de la DANA, los datos de la tarjeta con la que pagó el parking donde aparcó su coche. La instructora hace esta petición a fin de que la empresa que regenta ese parking remita la información al órgano judicial sobre la hora de entrada y salida del coche de la periodista.
La periodista debe tener “la mayor brevedad» a la hora de compartir al Juzgado los datos solicitados, según le ha informado la magistrada. La juez le ha exigido que aporte una captura de pantalla del asiento contable del pago del estacionamiento en el parking Glorieta de la plaza Tetuán de Valencia, el día 29 de octubre de 2024, así como los dígitos de la tarjeta bancaria y el tipo de tarjeta con la que efectuó ese pago. Asimismo, le ha avisado que estos datos “serán oportunamente anonimizados y que dicha información estará destinada exclusivamente al cumplimiento del oficio».
La instructora del caso ha resaltado que Vilaplana ya ofreció su voluntad previamente de “facilitar el asiento contable de pago con su tarjeta bancaria». En el momento en el que la testigo aporte la documentación requerida y se verifique, se transmitirá a la mercantil Interparking para posteriormente, en un plazo de tres días, remitan la información sobre la hora de entrada y salida el día 29 de octubre de 2024 del vehículo.
Finalmente, se ha acordado tomarle declaración a la periodista por orden de la Audiencia de Valencia y le pidió que, en su declaración aportara el tique del parking, algo que Vilaplana no pudo hacer. Según relató Maribel Vilaplana, esta se encontró en el restaurante El Ventorro desde las 15.00 hasta las 18.45 horas, hora a la que, acompañada de Mazón, fue a recoger su vehículo al parking.
Las grabaciones
Por otro lado, la magistrada, mediante un auto, ha decidido atender la solicitud de Intersindical Valenciana para obtener las grabaciones de las comunicaciones efectuadas el 29 de octubre de 2024 a través del Grupo de comunicación de radio V-Valencia, del CCE, así como su transcripción, limitándolas al intervalo temporal fijado por el ministerio fiscal: entre las 12.00 y las 15.30 horas.
En esta resolución, la magistrada estima crucial la declaración de un sargento de Bomberos, quien indicó que sabía que sus comunicaciones eran registradas, que podían ser requeridas y que estaban monitorizadas por el Centro de Coordinación de Emergencias.
De este modo, dichas grabaciones constituyen «la documentación de la actuación profesional de los intervinientes, y se justifica el acceso a quienes han de controlar la prestación de servicio», expone la magistrada. Añade que, en este supuesto, debe «de atenderse al objeto por el cual se acuerda recabar dichas grabaciones: la investigación penal, la pérdida de 229 vidas humanas, y las lesiones, y al hecho, igualmente, de que la obtención de los datos que se conservan no afectaría a la intimidad de los intervinientes».
Consecuentemente, afirma que no se vería comprometido el secreto de las comunicaciones, «conocedores los intervinientes de que son grabados«, ni tampoco la intimidad de estos, puesto que «se trata de una actividad profesional que no afecta a la esfera privada o íntima».
