La reivindicación de Canarias de poder utilizar el superávit acumulado en los últimos años para inversiones y gasto público y no para amortizar deuda sigue topando con el silencio del Ministerio de Hacienda. «No ha habido respuesta», asegura la consejera de Hacienda del Gobierno regional, Matilde Asián, tras preguntarle a la ministra María Jesús Montero en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la cuantificación del superávit. No solo no hay respuesta, sino que el departamento que dirige Montero insiste en que la Comunidad Autónoma tiene que amortizar deuda por más de 500 millones de euros, cantidad que no reconoce el Ejecutivo regional porque se incluyen las sentencias derivadas del convenio de carreteras y considera que no forman parte del superávit.
Asián está pendiente de lo que se resuelva por el Consejo de Ministros en la negociación del decreto Canarias, en el que también entra en juego la opción de que la Comunidad Autónoma pueda utilizar los remanentes en realizar inversiones y no en pagar deuda. En paralelo, Canarias también está pendiente de la transposición al ordenamiento español de la directiva de la UE que flexibiliza las reglas fiscales, y del que las Islas se podrían beneficiar para aligerar el rigor de la regla de gasto, que no deja gastar más allá del 3,5%. Montero dijo ayer que este mecanismo de control fiscal será del 3,5 en 2026; 3,4 en 2027 y 3,2 en 2028, pero este escenario podría cambiar para las Islas si se aplican los criterios de la UE, que son más suaves desde 2024 pero que el Estado no ha trasladado a las comunidades autónomas.
La ministra Montero se comprometió en el Consejo a aprobar dos decretos para transponer los nuevos criterios de las reglas fiscales, pero Asián mantiene sus dudas. «No sabemos si el decreto es el instrumento jurídico suficiente para traspasar una directiva comunitaria a la normativa española y tampoco sabemos los contenidos de esos decretos y cómo van a afectar a Canarias», añade la titular de Hacienda.
En relación con el debate del nuevo modelo de financiación autonómica, Montero indicó a una pregunta de la consejera que los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) no se van a incorporar al sistema que se está elaborando por el Ministerio. Sin embargo, Asián advierte que tampoco le han dado suficientes «garantías» porque uno de los argumentos utilizados por el Estado es que el nuevo modelo respetará las singularidades de los territorios: «Reconoció singularidades a todos pero no contestó a que la ultraperiferia reconocida por Europa a Canarias no la tienen el resto de comunidades», cuestiona Asián.
Tras el Consejo de Política Fiscal, el segundo de este año, «los temas de Canarias no se han aclarado, por lo que no hay compromisos concretos y seguimos sin saber qué modelo de financiación quiere el Estado. Creemos que se pretende diluir el malestar de las comunidades diciendo que se reconocerán las singularidades, dando la sensación de que Cataluña es la que tiene más información porque es la única que felicitó a la ministra», critica la consejera.
El Ejecutivo regional espera que la próxima semana, último Consejo de Ministros de noviembre, vaya el decreto ley de Canarias o, al menos, las partidas más urgentes que reclama y que siguen pendientes como son los 100 millones para La Palma, la bonificación del 60% del IRPF para la isla bonita por la erupción volcánica o la financiación para atender a los menores migrantes. «Espero que salga a la mayor brevedad posible y se aclare la financiación», añadió Asián.
El Consejo de Ministros de ayer sí aprobó la senda de estabilidad presentada el lunes a las comunidades autónomas y el techo de gasto, indicadores esenciales para elaborar los presupuestos del Estado. El Gobierno dio el visto bueno a un límite de gasto no financiero (el conocido como techo de gasto) de 216.177 millones de euros para las cuentas del año que viene, un 8,5% más respecto a los 199.171 millones de 2025 y una nueva cifra récord. «Es un incremento significativo, pero también prudente y acorde con el cumplimiento de las reglas fiscales», defendió la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
La vicepresidenta y ministra María Jesús Montero en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. / Europa Press
En este escenario, Canarias camina de forma paralela con el objetivo de que se apruebe el decreto ley específico de la agenda canaria y se transfieran los fondos pendientes, ante la tesitura de que no fructifiquen los planes del Estado de tener presupuestos en 2026, como parece lo más probable, si bien el Gobierno central insiste en que pretende enviarlos al Congreso en el primer trimestre del próximo año. Canarias fue la única comunidad que se abstuvo en la votación de la senda de estabilidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera frente al voto negativo de las comunidades gobernadas por el PP. Sin embargo, los presupuestos autonómicos ya se están tramitando en el Parlamento, por lo que los indicadores del Estado «llegan tarde», indica Asián.
Canarias recibirá de las entregas a cuenta del sistema de financiación 7.045 millones de euros, a los que hay que añadir 1.125 millones más, es decir, 8.170 millones de euros para costear los servicios públicos, lo que supone un incremento del 8,7%. En este punto, Canarias también reivindica que estos fondos lleguen a las arcas autonómicas en enero y no en septiembre como suele suceder, por ello se demanda al Ministerio que habilite un mecanismo que los posibilite.
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