La Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, el vicepresidente del club, Rafael Yuste, al economista y exdirectivo de la entidad azulgrana, Xavier Sala i Martín, y al exdirector de TV3 y expropietario del CF Reus Deportiu, Joan Oliver, por una presunta estafa de 100.000 euros a una mujer que, a través de una agente de banca, invirtió esta cantidad en dos sociedades, vinculadas a los acusados, a cambio de una rentabilidad elevada de un 6%.
Según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la Audiencia de Barcelona insta al Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona a aceptar la querella de la mujer contra Laporta y el resto de los acusados para averiguar si es cierto que presuntamente no percibió todos los beneficios prometidos con la inversión ni tampoco recuperó el capital entregado.
Según la querella, la solidez de la iniciativa venía avalada por «las personas involucradas» en el mismo, en concreto los cuatro acusados. No es la primera vez que Laporta se enfrenta a una acusación de este tipo, ya que a inicios de año varios juzgados investigaban su vinculación con la sociedad CSSB Limited, radicada en Hong Kong y cuyo representante legal fue Joan Oliver, exdirector general del Barça bajo el primer mandato del actual presidente azulgrana. En concreto, varios inversores que habían entregado dinero a esta sociedad a cambio una rentabilidad anual alta, de entre el 6 o el 7% los habían denunciado por no recibir lo prometido ni el dinero entregado.
La denuncia más cuantiosa contra Laporta se tramitaba en el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona por una presunta estafa de 4,7 millones de euros cometida entre 2016 y 2018. Una familia se querelló contra Laporta y dos personas más, un comercial de un concesionario de Sant Cugat y una trabajadora bancaria, por invertir en la sociedad CSSB Limited y no conseguir el dinero acordado. También tres hermanos lo denunciaron por apoderarse de 200.000 euros y 50.000 dólares ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona.
Nueva denuncia
Ahora la Audiencia de Barcelona insta al Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona la querella presentada por una inversora, defendida por el abogado José Oriola, en la que indica que entregó 120.000 euros a la sociedad Core Store, controlada por los acusados, y sólo recibir un primer pago de 20.000 euros. En julio pasado el juzgado no admitió a trámite la querella sin hacer ninguna diligencia Por eso el letrado recurrió ante la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona que ha ordenado a la jueza que investigue, aunque deja a su criterio las pruebas que deben practicarse.
El tribunal sostiene que, «sin perjuicio de lo que pudiera determinarse en el devenir» de la instrucción, «existen indicios -no solo del relato, sino de la documental que acompaña- de la comisión de hechos con trascendencia delictiva (presuntamente, y con las oportunas reservas, un delito de estafa)» en los que supuestamente estaría implicado la sociedad Core Store, la firma asiática CSSB Limited, Laporta, Sala Martín, Rafael Yuste y Joan Oliver.
Los magistrados argumentan en el auto que «los indicios apuntados en la querella neutralizan» el archivo de la causa, «a la vista de la apariencia criminal» de unos hechos que deben ser esclarecidos, y tilda la decisión de la jueza de inadmitir la querella como «prematura». En este sentido, subrayan que «existiendo indicios de conducta que podría tener repercusión criminal e identificado los querellados, no es procedente archivar» las actuaciones «sin haber realizado una mínima actividad de investigación». Por lo tanto, concluyen, debe procederse a la admisión de la querella para que se practique las diligencias que se consideren pertinentes.
El tribunal de la Audiencia de Barcelona, que recuerdan que no es la primera querella que se presenta sobre este asunto, precisan que en esta caso presuntamente existen elementos que sugieren que «podrían dirigirse hacia el negocio criminalizado» y ni un «mero incumplimiento civil». La resolución enumera varios: «la ausencia de información completa y veraz del destino de las inversiones, la instrumentalización de esta a través de sociedades que en aquel momento ya presentaban graves problemas de liquidez, la captación del capital apoyada casi en exclusiva en el prestigio social de los participes» y «el ofrecimiento de una solvencia empresarial y económica que no se compadecía con la realidad». Y añade más: «la suscripción como préstamo participativo o el compromiso de adquisición de acciones de una compañía extranjera cuando en realidad se trataba de préstamos ordinarios sin más y, en fin, la no devolución del capital, más allá del pago de intereses».
Plan para subir al Reus y ‘Masía’ en China
La querella, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala que la denunciante tenía una relación de amistad con Sandra S., una asesora bancaria de Sant Cugat que está acusada en otro procedimiento y que, a partir de ella, hicieron varias inversores de «perfil de riesgo muy bajo» con resultados «favorables y satisfactorios para sus intereses». Sin embargo, en 2016 la asesora le explicó que había «dos oportunidades de inversión, vinculadas entre sí, las cuales presentaban unas condiciones especialmente atractivas». Una de ellas para ejecutar un plan estratégico para promover el ascenso deportivo del Reus de Segunda División B a la A a través de la sociedad Core Store, con una «rentabilidad elevada (un 6% anual), permitiendo la recuperación íntegra del capital invertido e, incluso, contemplando la posibilidad de rescate anticipado en un plazo breve».
El proyecto tenía «como principales personas involucradas, a figuras ampliamente reconocidas y reputadas en el ámbito deportivo y empresarial» como Joan Laporta, en ese momento expresidente del Barça, los exdirectivos de este club Rafael Yuste y Xavier Sala i Martí o el vicepresidente del Reus, exdirector General del FC Barcelona y exdirector de TV3 Joan Oliver.
La segunda «oportunidad» de inversión se articulaba a través de la sociedad CSSB Limited, con sede en Hong Kong y representada por Joan Oliver como consejero delegado. Consistía en la creación en China de una academia de formación futbolística inspirada en el modelo de “La Masía” del FC Barcelona, como plataforma para el intercambio de futbolistas entre el CF Reus y el club de futbol chino Beijing Institute of Technology (BIT FC).
Inversión por prestigio
La querella remarca que «el atractivo de la inversión residía precisamente en la reputación pública y profesional de estos intervinientes, quienes aparecían como impulsores y garantes de los proyectos, extremo que reforzaba la confianza de la querellante en la veracidad y viabilidad de la inversión propuesta, así como de la posibilidad de rescatar en cualquier momento la inversión y recuperar su dinero con una gran rentabilidad».
Por eso la afectada «aceptó participar en las inversiones ofrecidas por Core Store, S.L. y CSSB Limited, siendo clave para su decisión la presentación directa de los nombres y cargos de las mencionadas personas involucradas como responsables últimos de los proyectos». La mujer entregó 50.000 euros a Core Store, en un contrato en el que Joan Oliver actuó como administrador, como préstamo a cinco años con intereses anuales del 6%.
Por otro lado, la querellante entregó 54.000 dólares a la sociedad CSSB Limited en agosto de 2016 para la segunda inversión. Sobre este proyecto, la querella señala que la mujer «requirió en múltiples ocasiones información actualizada relativa al estado y evolución de la inversión realizada. No obstante, las comunicaciones remitidas por dicha sociedad consistieron en respuestas evasivas o compromisos de remisión de información futura que, en la práctica, no llegaron a materializarse» y por eso esta situación la dejó «en una situación de absoluta indefensión a efectos de valorar con objetividad la transparencia y legitimidad de la operación en la que había participado».
La querella remarca que «la sociedad CSSB Limited mantenía una estrecha vinculación con Core Store, S.L., sociedad cuyos únicos socios son Laporta, Oliver, Sala i Martín y Yuste, siendo la titular del 76,32% del capital de CSSB Limited», tal y como se indica en la memoria de la sociedad de 2017. Ahora la investigación del juzgado determinará si la mujer sufrió una presunta estafa y los acusados que están implicados.
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