El presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aprovechado las conclusiones del abogado general de la Unión Europea en las que avala la amnistía del terrorismo de los CDR y de los actos del ‘procés’ constitutivos de responsabilidad contable para reclamar al Tribunal Constitucional que le levante de forma cautelar la orden de detención que aún tiene pendiente si regresa a España.
La defensa de Carles Puigdemont, que ejerce Gonzalo Boye, argumenta que «la decisión sobre la suspensión cautelar prevista en el artículo 56» de la ley reguladora del TC «exige considerar si la ejecución de los actos recurridos produciría un perjuicio irreparable que haría perder su finalidad al recurso de amparo. Esta valoración no puede efectuarse con una mirada aislada ni meramente interna, sino integrando de forma completa el marco constitucional y europeo aplicable. El análisis debe partir de la realidad jurídica existente en el momento de resolver, y esa realidad se ha visto transformada de manera decisiva por dos acontecimientos».
En este punto cita la propia sentencia del TC que avala la constitucionalidad de la norma y «las conclusiones del Abogado General en las cuestiones prejudiciales, que afirman que la ley de amnistía es plenamente conforme con el ordenamiento de la Unión». «Ambos parámetros, convergentes, refuerzan el deber de asegurar que el recurso de amparo no pierda su finalidad sin más excusas ni dilaciones injustificables», señalan las alegaciones presentadas por Puigdemont para reclamar la retirada de la orden de detención.
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