El Ministerio de Hacienda plantea a las comunidades autónomas que su déficit conjunto del año que viene se sitúe en el 0,1%. Así lo confirman fuentes del Gobierno a este diario, tras destacar que supondría un aumento de recursos para estas administraciones. La senda vigente, así, establece un objetivo de superávit para las autonomías equivalente al 0,1% del PIB en 2026. De aprobarse definitivamente por parte de las Cortes la propuesta del Gobierno, las dos décimas que supondrían pasar a un déficit del 0,1% implicarían un margen fiscal para las comunidades de un mínimo de 3.280 millones de euros, teniendo en cuenta el PIB al cierre de 2025.
Así, el Ministerio de Economía tiene previsto actualizar este martes su previsión sobre el crecimiento económico del año vigente del 2,7% al 2,9%, con lo que el PIB cerraría el año en torno a los 1,64 billones de euros. En cualquier caso, la cifra final de margen fiscal que supondría ese déficit de 0,1% dependería de la evolución de la economía el año que viene y será previsiblemente superior a los 3.280 millones, ya que la media de los expertos calcula que el PIB se expandirá otro 2,1% el próximo ejercicio. Si se cumple este pronóstico, algo difícil de prever a más de un año vista, el margen fiscal de las autonomías aumentaría a 3.350 millones.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado la propuesta a las comunidades este lunes en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que ha presentado la senda fiscal planteada por el Gobierno para el periodo 2026-2080. La aprobación de la senda de objetivos de déficit y deuda de ese trienio para cada uno de los diferentes niveles de la administración pública (Estado, Seguridad Social, autonomías y corporaciones locales) constituye el trámite previo para poder avanzar en la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026.
Procedimiento presupuestario
Según el Plan Fiscal y Estructural a medio plazo 2025-2028 que el Gobierno pactó con la Comisión Europea a finales de 2024, el déficit total del país el año que viene tendría que bajar al 2,1%, lo que está por ver es el reparto entre administraciones. El Gobierno tiene mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con lo que su propuesta saldrá adelante aunque la rechacen las autonomías gobernadas por el PP. Una vez superado ese trámite, el Consejo de Ministros podrá aprobar este martes dicha senda fiscal y el límite de gasto no financiero (conocido como ‘techo de gasto’).
Los objetivos de estabilidad presupuestaria pasarán después al Congreso, donde se tendrán que votar (no así el ‘techo de gasto’). Si son rechazados en una primera ocasión, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe presentar por segunda vez una nueva o la misma senda en el plazo de un mes. En caso de un segundo rechazo, la ley establece que los proyectos de Presupuestos de las diferentes administraciones deben confeccionarse sobre la base de los objetivos vigentes. Es precisamente lo que sucedió el año pasado, cuando Junts sumó sus votos negativos a los de PP y Vox.
Más exigente
Cada una de las administraciones públicas, así, tuvo que confeccionar sus cuentas anuales sobre la base de los objetivos fiscales previos, que eran más exigentes para las autonomías y ayuntamientos de los que promovió el Gobierno. Dada la actual situación parlamentaria, es posible que vuelva a suceder este año. La senda vigente establece un objetivo de déficit del 2,5% para el año que viene y es particularmente generosa con la Administración Central del Estado, para la que fija el 2,8% en 2025 y 2026 (el Ejecutivo propuso reducirla al 2,2% en el presente ejercicio, el 1,8% en 2026 y el 1,5% en 2027). Para las comunidades autónomas, es de un superávit del 0,1% en 2025 y 2026 (Hacienda la quería suavizar a un déficit del 0,1% hasta 2027). Y en el caso de las corporaciones locales, establece un superávit del 0,1% y el 0,2% (frente a la propuesta rechazada de equilibrio fiscal).
El Gobierno no ha logrado aún aprobar ninguna nueva ley de Presupuestos del Estado en la actual legislatura. Los últimos aprobados fueron los del ejercicio 2023 y son los que se han prorrogado ya dos veces, para 2024 y 2025. El reparto de los objetivos de déficit y deuda y la aprobación de la regla de gasto para el año próximo debían haber sido aprobados antes del 30 de junio (según el plazo establecido en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera). Estos pasos previos son imprescindibles para poder cumplir otro plazo legal: el que obliga a Estado, autonomías y corporaciones locales a aprobar su correspondiente techo de gasto presupuestario para el año siguiente antes del 1 de agosto. El Gobierno, además, debería haber remitido a las Cortes el proyecto de cuentas, según fija la ley general presupuestaria, antes del 30 de septiembre.
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