Las tres menores investigadas en el caso del suicidio de Sandra Peña el pasado 14 de octubre tras sufrir bullying en el Irlandesas Loreto estaban citadas a declarar este lunes ante la Fiscalía de Menores de Sevilla. Escalonadamente tenían prevista su llegada a la avenida de la Buhaira cada media hora desde las 9.30. El proceso ha terminado pasadas las 13 horas.
Por el momento, no han trascendido más datos de la declaración. En este tipo de casos, según confirmaron fuentes judiciales, debían contestar ante la Fiscalía de manera individual.
El paso de las menores por la Fiscalía ha llegado después de que el pasado miércoles hicieran lo propio tanto los padres de Sandra como los responsables del colegio Irlandesas Loreto. Los progenitores estuvieron en el interior del edificio cuatro horas, un tiempo similar al que han estado hoy las investigadas. Aunque no trascendieron detalles de lo ocurrido en el interior de la sala, la declaración de la madre se alargó más allá de las tres horas. El padre entró en segundo lugar y tardó poco más de media hora en salir.
De la misma manera, prestaron declaración como testigos el pasado miércoles el director del colegio Irlandesas Loreto, la jefa de estudios, la orientadora y la tutora de Sandra. Los docentes llegaron juntos y coincidieron con los padres en el mismo edificio, a pesar de que el tío de la niña aclaró que el colegio seguía «sin ponerse en contacto» con la familia. Cabe recordar que en este proceso solo se juzga la responsabilidad penal de las menores en lo ocurrido. La responsabilidad del colegio es un caso que la Justicia trata aparte.
Desde el colegio explicaron que, «como hemos hecho desde el principio estamos colaborando plenamente y dando toda la información detallada que nos requieren». Este periódico pudo saber por fuentes del caso que los citados ofrecieron información «sobre la activación de ambos protocolos internos», de las «medidas que el colegio puso en marcha» y que aseguran «están documentadas».
Momentos «duros»
Para los padres, la declaración fue un momento «duro», aunque pudieron ayudar a la investigación. Isaac Villar, portavoz de la familia, explicó el pasado miércoles que llegaban para «contar la verdad, lo que ha ocurrido«.
Tal y como adelantó este periódico, el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional entregó hace escasas fechas su informe sobre lo ocurrido a la Fiscalía. Isaac Villar resaltó en su última comparecencia pública que «están investigando y analizando toda la información que hay hasta el momento».
En este sentido, el tío de Sandra Peña explicó que ha visto «una noticia de que al parecer la Junta de Andalucía ha creado una comisión de conciliación para el tema de la sanción administrativa que puede imponerse al centro escolar». Por eso, quiso resaltar que la familia se ha sentido siempre muy arropada por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Educación y muy especialmente por el defensor del pueblo.
La familia confía plenamente en que la Junta de Andalucía esté a la altura y sea contundente a la hora de tomar esta decisión en esta comisión, en la que pensamos que no puede haber otra sanción que no sea la más alta, porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado el peor de los finales: la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida».
Para la familia, las penas que se impongan a posteriori tampoco tienen demasiada importancia. «El daño que nos han hecho no lo podemos recuperar en la vida, que es la pérdida de mi sobrina».
La lucha de la familia se centra en «que esto no se repita«. «Y la única forma de que no sea repita es que esa sanción sea contundente y ejemplarizante, para que a ningún centro escolar se le vuelva a pasar por la cabeza no atender a una familia cuando le presentan una situación de acoso en el colegio».
Por último, la familia espera que el proceso se desarrolle lo más rápido posible. «Lo que queremos es precisamente eso, que sea lo más rápido posible, que se aclare todo. Tenemos que ir dando paso a paso y el primero es hoy. Y ojalá sea lo más rápido posible».
Dos investigaciones distintas
Tal y como adelantó El Correo de Andalucía, el informe de la Policía Nacional realizado por el Grupo de Menores (Grume) ya fue entregado al Ministerio Público días atrás. La investigación policial ha tratado de recabar todos los datos posibles: desde el móvil de Sandra o de los testimonios de algunos de sus compañeros y de las tres menores a las que se investiga en el proceso penal. Diario de Sevilla informó de que una de las tres niñas se acogió a su derecho a no declarar.
De esta manera, ahora será el Ministerio Público el encargado de realizar distintas diligencias. Cabe recordar que la Fiscalía abrió dos investigaciones tras el suicidio de la menor sevillana. Una de ellas trata sobre la responsabilidad del colegio Irlandesas Loreto y de la Junta de Andalucía en el caso de acoso. El colegio sabía que existía un problema de bullying, pero no advirtió de ello a Inspección Educativa.
La otra investigación está destinada a determinar el posible grado de implicación en lo ocurrido de las tres menores que han pasado hoy por la Fiscalía de menores. Todas son mayores de 14 años y por lo tanto imputables. Es necesario recordar que, desde el día de su 14 cumpleaños, los menores pueden responder penalmente por sus actos. El Ministerio Público no investiga en ningún caso las acciones realizadas por jóvenes que no hayan cumplido esa edad por ser inimputables.
