«Hemos tenido conocimiento de que la penada Ana Julia Quezada podría ser titular de bienes y derechos en la República Dominicana, concretamente una propiedad inmobiliaria y diferentes fincas». Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, ha enviado un escrito a la Audiencia de Almería para pedir al tribunal que localice y embargue una casa y varios terrenos que la asesina de su hijo tiene en su país de origen.
La madre del niño espera así que Ana Julia Quezada empiece a pagar la indemnización de 500.000 euros con la que debe resarcirla tanto a ella como al padre de Gabriel, Ángel Cruz. Quezada solo ha abonado 467 euros en seis años, razón por la que la justicia también ordenó, el pasado mes de octubre, embargar el dinero del peculio que la asesina tiene en prisión, tal y como adelantó el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.
Un seguro de vida
La compra de varias propiedades en República Dominicana por parte de Ana Julia se remonta al año 2011, cuando Quezada vivía en Burgos y mantenía una relación sentimental con un hostelero viudo, 16 años mayor que ella. En 2018, tras el crimen de Gabriel, la Guardia Civil descubrió que la relación de la asesina con ese hombre apenas duró unos meses, pero en ese tiempo Ana Julia logró que su pareja la hiciera beneficiaria de un seguro de vida de 30.000 euros y le pagara una operación de aumento de pecho.
Los dos hijos del viudo contaron a la Guardia Civil que, unos días antes de que muriera su padre, cuando el hombre estaba en el hospital, Ana Julia lo «convenció» y logró que le firmara un crédito de 6.000 euros para pagar su intervención estética.
Antes, el empresario también había comprado a Ana Julia una casa en Concepción de la Vega, el pueblo en el que Quezada nació hace cincuenta años. Según la documentación del caso, el hombre pagó «unos 45.000 euros» por esa vivienda, que ahora la madre de Gabriel reclama a la asesina.
«Embarcaciones o aeronaves»
A través de su abogada, Verónica Guerrero, Patricia Ramírez pide a la Audiencia de Almería que acuerde «librar una solicitud de cooperación internacional a las autoridades de República Dominicana, para que procedan a la averiguación de los bienes y derechos de cualquier naturaleza que pudieran estar a nombre de Ana Julia Quezada Cruz».
En su escrito, solicita además que investigue si la asesina tiene en su país «cuentas bancarias, depósitos, fondos de inversión u otros productos financieros», así como si tiene allí a su nombre «vehículos de motor, embarcaciones o aeronaves».
