El movimiento del Gobierno que altera el calendario del FITE y deja en el aire qué proyectos recibirán el dinero

Un impulso urgente al mecanismo financiero de Teruel

El Consejo de Ministros ha autorizado la subvención directa destinada a cubrir los 36,5 millones de euros correspondientes a la aportación estatal del FITE. La medida, aprobada a través de un real decreto por la vía de urgencia, busca que los fondos estén operativos en un plazo aproximado de un mes. Se trata de una dotación que forma parte del compromiso anual entre el Ejecutivo central y la administración autonómica para estimular la actividad económica en la provincia.

Esta financiación es clave para desarrollar iniciativas orientadas a promover inversiones, reforzar infraestructuras estratégicas y apoyar nuevas oportunidades empresariales. Según explicó la ministra Pilar Alegría, el movimiento garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y asegura la continuidad de un instrumento considerado esencial para mitigar los desequilibrios territoriales.

Aumento progresivo del presupuesto asignado

La aprobación de esta partida abre el camino hacia un incremento general del presupuesto asignado al fondo. Con la dotación estatal liberada, el FITE pasará a gestionar 73 millones de euros en el ejercicio 2025, y la cifra aumentará hasta 86 millones en los dos años siguientes. Este crecimiento rompe con el límite de 60 millones anuales fijado desde 2006, cuando se estableció la aportación de 30 millones por parte de cada administración.

La modernización presupuestaria del fondo responde a la necesidad de adaptar su capacidad financiera al desarrollo económico actual de la provincia. Teruel, tradicionalmente afectada por carencias estructurales y menor densidad demográfica, depende de herramientas como esta para sostener programas de innovación, diversificación productiva y refuerzo de equipamientos públicos y privados.

La firma del convenio, aún pendiente

Aunque el Gobierno central ha completado su parte del proceso, la firma del convenio no podrá ejecutarse hasta que la administración autonómica de Aragón autorice su propia aportación de 36,5 millones. Solo entonces podrá iniciarse el despliegue del programa anual y hacerse pública la selección de proyectos beneficiarios.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, ha señalado que la lista definitiva de iniciativas se dará a conocer en el momento de la firma del convenio. De acuerdo con sus declaraciones, los 13 millones adicionales previstos para 2025 se orientarán principalmente a respaldar a las empresas que operan en la provincia.

Un calendario que vuelve a retrasarse

El nuevo escenario repite una circunstancia habitual: la firma del convenio llega una vez más en los últimos meses del año. en 2024, la aprobación del fondo no se materializó hasta diciembre, y este ejercicio el proceso se sitúa de nuevo cerca del cierre anual. Como recordó el presidente aragonés, su Gobierno ha reclamado estas aportaciones en numerosas ocasiones durante el ejercicio.

La reiteración de retrasos complica la planificación financiera de municipios y empresas que esperan estas inversiones para desarrollar obras, consolidar proyectos industriales o iniciar nuevas actividades. La incertidumbre en los calendarios limita la capacidad de ejecución, especialmente en proyectos con plazos de obra estrictos o con convocatorias dependientes de ejercicios presupuestarios cerrados.

Un instrumento con tres décadas de historia

El FITE nació en 1992 como una fórmula para compensar los desequilibrios territoriales de Teruel mediante la inversión conjunta del Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de Aragón. El fondo actúa como complemento para impulsar iniciativas económicas estratégicas en zonas con menor densidad de población y con necesidades de vertebración territorial.

Su estructura de cofinanciación al 50% garantiza una corresponsabilidad entre administraciones y permite orientar recursos hacia actuaciones que generan impacto directo e indirecto en el desarrollo provincial. Entre las iniciativas históricas destacan programas turísticos, planes de modernización industrial, promoción tecnológica, recuperación de patrimonio y proyectos de infraestructuras.

Áreas prioritarias de actuación

  • Impulso a la actividad empresarial y a la creación de empleo.
  • Mejora de infraestructuras básicas y logísticas en zonas rurales.
  • Rehabilitación de espacios urbanos y patrimoniales con fines económicos.
  • Promoción de proyectos tecnológicos y de innovación.
  • Inversiones en equipamientos públicos de apoyo comunitario.

Estas líneas de actuación se actualizan según las necesidades detectadas en cada ejercicio y en función de las directrices acordadas entre ambas administraciones.

Expectativas en el tejido empresarial

La declaración de urgencia en la aprobación del decreto ha sido interpretada como una señal positiva para los sectores que dependen del fondo. Sin embargo, la falta de información concreta sobre los proyectos seleccionados mantiene la atención centrada en la firma del convenio. Empresarios y responsables municipales subrayan que la claridad en los plazos y las reglas de distribución es esencial para planificar inversiones que dependen directamente de estos fondos.

La previsión superior a la dotación histórica abre una ventana de oportunidad para desarrollar proyectos de mayor envergadura, pero también incrementa la necesidad de coordinación y transparencia en la asignación final.

Con la aportación estatal ya autorizada, todo queda pendiente de la decisión autonómica y de la formalización del acuerdo. Una vez firmado, se activará el proceso que permitirá conocer los proyectos beneficiarios y el impacto exacto de los fondos en el territorio.

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