El juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tomará declaración esta tarde como imputada a la actual secretaria general de Presidencia, Judit González Pedraz, para interrogarla sobre la labor de Cristina Álvarez como asesora de la mujer de Pedro Sánchez. Con esa diligencia, el magistrado -que ya imputó a su antecesor en el cargo, el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre- trata de apuntalar sus sospechas de que su contratación es constitutivo de un delito de malversación.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid también ha citado a declarar este domingo, aunque en su caso como testigos, al exvicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio, que ya ha comparecido varias veces en el procedimiento; el director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google España y Portugal, Miguel Escassi, y el presidente del IE, Diego del Alcázar.
Su declaración responde a los correos que Doadrio se cruzó con la asesora Cristina Álvarez en relación a la cátedra de Transformación Social Corporativa. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dice que fueron 121 en tres años, de los que se desprende que la colaboradora de Gómez mantuvo informado puntualmente al centro docente de cualquier avance de las conversaciones mantenidas con distintas empresas para que colaboraran con el proyecto.
El exvicerrector explicó como testigo ante el juez Peinado que las primeras comunicaciones en relación con la cátedra las mantuvo con la propia Begoña Gómez, que le «introdujo» a Álvarez «como una persona que la acompañaba de confianza». Cuatro o seis meses más tarde, le llamó la asesora y le explicó que le costaba «mucho entrar en el correo de Begoña y estar viéndolo», así que si no le importaba empezaría a escribirle ella. El correo que ella utiliza para las comunicaciones, según consta en el informe, era su Gmail.
Entre los correos que Álvarez a Doadrio hay uno del 7 de julio de 2022 en el que le informa de que Google pedía que se designara una persona de contacto por parte de la universidad y se opta por que esté encuadrada en la Escuela de Gobierno. Cuatro días después, Álvarez mandó el correo que debía dirigirse a Miguel Escassi, como director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google, para que comenzara a colaborar con la cátedra con 40.000 euros al año.
El juez Peinado acordó la citación de los testigos y de la última imputada en un auto de 44 páginas en el que impulsaba la causa que sigue contra Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.
Intento frustrado
En su resolución el magistrado descartaba citar en el procedimiento tanto a Pedro Sánchez, por su «nula voluntad de colaborar», decía, como al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que también fue secretario general de Presidencia y contra el que también intentó actuar, al elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que le imputara que fue finalmente rechazada por la Sala Segunda.
Se trata de las primeras diligencias acordadas por el juez Peinado después de que la Audiencia Provincial de Madrid le ordenara unificar la causa en un único procedimiento y no escindir el delito de malversación en una pieza independiente en la que ya estaban imputados la propia Begoña Gómez, su asistente y el delegado del Gobierno en Madrid.
En la resolución en la que daba la condición de investigada a Judith González, Peinado defendía la imputación de la esposa del presidente del Gobierno y de la asesora por el delito de malversación de caudales públicos señalando que «el uso privado que constituye el capital humano, que percibe sus retribuciones por una administración pública, y, por tanto, es de pertenencia a un patrimonio público, es la conducta que el legislador penal ha considerado que merece ser objeto de reproche penal«.
Agregaba que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, en concreto, la sentencia del ‘procés’, señala que «la deslealtad en la administración de fondos públicos constituye el eje sobre el que pivota el delito de malversación de fondos públicos, con independencia de que se cause detrimento o perjuicio económico definido«. Sostenía que ello ocurre al «destinar fondos públicos para el pago de una persona a la que se le asignan funciones públicas, pero que, además de realizar esas funciones públicas, realiza en su jornada laboral, otras de carácter claramente privado«.
En ese punto, el juez Peinado critica el «carácter pasivo» del comportamiento del actual delegado del Gobierno en Madrid, como secretario general de la Presidencia del Gobierno desde julio de 2021 hasta marzo de 2023, al no «evitar que una persona bajo su dependencia, realice funciones ajenas a aquellas para las que ha sido nombrada, y no ha ordenado que deje de hacerlo».
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