Por vez primera, un fiscal general del Estado en ejercicio, máximo responsable del Ministerio Público, se ha sentado en el banquillo de los acusados.
En el del Tribunal Supremo, concretamente, ya que García Ortiz es aforado. Y lo es porque, pese a las peticiones de multitud de voces políticas y jurídicas, se negó a dimitir.
El Gobierno respalda a García Ortiz, quien se enfrenta a, como máximo, una petición de seis años de cárcel y a inhabilitación.
El acusado quiso finalizar su declaración con una frase que aseguró que una persona, a la que no conocía de nada, le había dicho instantes antes de su interrogatorio: «La verdad no se filtra, se defiende».
En respuesta, durante su turno, el abogado de Alberto García Ortiz tachó esta sentencia de «maquiavélica».
Cuando el pasado enero García Ortiz declaró como investigado en el Supremo, optó por llevar una corbata azul con pequeñas balanzas rojizas, símbolo de la Justicia.
Durante las seis sesiones del juicio, ha lucido una corbata negra, a juego, como manda el protocolo, con la toga de fiscal general del Estado.
