Las comunidades que gobierna el Partido Popular (PP), once de las diecisiete que componen España y de las quince de régimen común, volverán a manifestarse sin fisuras el próximo lunes, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la víspera de que el Consejo de Ministros apruebe previsiblemente el techo de gasto y la senda fiscal, pasos previos imprescindibles para elaborar los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno sigue sin presentar esta legislatura.
Sobre el encuentro planea el precedente del plante que realizaron en la última reunión de este tipo, en febrero de este año, cuando los catorce consejeros populares (incluidos los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) dejaron tirada a una dolida Montero, atónita al ver rechazada la quita de deuda de casi 90.000 millones de euros que desde entonces, y siempre chocando con las autonomías populares, plantea el Gobierno. Aunque el Ejecutivo tuvo mayoría en ese órgano para sacarla adelante. Es difícil que un golpe de efecto así se adelante días antes, pero tanto ese precedente como el ocurrido en otros de órganos multilaterales entre el Gobierno central y las comunidades autónomas -véase el plante parecido que tuvo que sufrir recientemente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la ministra de Sanidad, Mónica García- hacen que no se pueda descartar escenario alguno.
Según las fuentes consultadas en esos gobiernos autonómicos, todas reeditarán el frente común que ya se visualizó en las dos últimas conferencias de presidentes autonómicos, la de hace justo un año en Santander y la de julio pasado en Barcelona, donde dejaron claro que no aceptan la quita de deuda propuesta por Pedro Sánchez, que reclaman una actualización ya de un sistema de financiación autonómico caduco desde nada menos que 2014 y que ni hablar de un sistema de cupo catalán como el pactado por el presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, con ERC para su investidura el año pasado, que plantea que Cataluña recaude el 100% de los impuestos, incluido el IRPF. «El cupo separatista perjudica a España. Y se propone exclusivamente para satisfacer a los socios que aún le quedan a Sánchez», afirman desde uno de esos gobiernos autonómicos, adelantando argumentos que repetirán en lunes los consejeros de Hacienda en la reunión en la capital.
Hacienda «llega tarde»
El objetivo de la convocatoria realizada por la también vicepresidenta primera -responsabilidad que compagina con la de líder y candidata del PSOE de Andalucía– es dar a conocer a sus homólogos regionales su propuesta de reparto del déficit entre las distintas administraciones públicas. Desde esas comunidades se celebra que se les haya llamado, al mismo tiempo que lamentan que la cita llegue tarde. Recuerdan, en ese sentido, que debería haberse celebrado el pasado mes de abril, tal y como establece la ley orgánica de estabilidad.
El reproche de las baronías del PP, que controlan tanto la comunidad más poblada, Andalucía, como algunas de las que mayor peso en PIB tienen, como Madrid o la Comunidad Valenciana, y otras de la España más extensa y despoblada o con población envejecida, como Castilla y León o Galicia, tiene que ver con una cierta lentitud de movimientos del Ejecutivo. Por ejemplo, aducen que el mismo lunes que los consejeros se reunirán en Madrid con Montero, el Parlamento gallego debatirá su propia senda de estabilidad, un mes después de que la Xunta haya aprobado los Presupuestos para 2026. Que el calendario marcado desde Hacienda, o lo que es casi lo mismo, desde Moncloa, no lleve el mismo ritmo, se explica desde la óptica de quienes tienen la responsabilidad en gobiernos del PP, en que «queda patente de nuevo que esa reforma, tan necesaria para hacer frente a cuestiones como la dependencia, el envejecimiento de la población o la dispersión geográfica, no es una prioridad para el Gobierno central».
Ni que decir tiene que la mayoría absoluta de la que disfruta Alfonso Rueda en esa comunidad, la misma que tienen Isabel Díaz Ayuso en Madrid o Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, facilitan enormemente las cosas. Otro gallo canta en Aragón, donde no hay aún cuentas aprobadas ni visos de que sea posible, en medio de un fuerte encontronazo entre el presidente de la comunidad, Jorge Azcón, y el líder de Vox, Santiago Abascal; en la Comunidad Valenciana, donde sí hay Presupuestos gracias al respaldo de la extrema derecha pero ahora de ella depende nada menos que la investidura de Juan Francisco Pérez Llorca como sustituto del dimitido Carlos Mazón, y por supuesto en Extremadura, donde ante una situación análoga María Guardiola ha decidido adelantar las elecciones al próximo 21 de diciembre.
Casi parafraseando el célebre lema de la Revolución francesa, las autonomías de signo conservador manifiestan su creencia en la «igualdad, solidaridad y multilateralidad». Todo bajo el mantra repetido otras veces de que «lo que afecta a todos se negocia entre todos». De las cosas que más orgulloso se siente Alberto Núñez Feijóo en sus ya casi cuatro años como líder de la oposición es haber mantenido esa unidad sin fisuras en lo fundamental entre presidentes autonómicos que afrontan realidades territoriales tan distintas, la misma que aspira a preservar de cara a la nueva reunión de la conferencia de presidentes que antes de que termine el año tendrá lugar en Asturias. Una cumbre que de alguna manera tiene un preludio en esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que el lunes centrará buena parte de los focos de atención, y en la que salvo sorpresa mayúscula las posiciones del Gobierno y de la mayoría de autonomías que gobierna la derecha seguirán en el mismo sitio.
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