La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira, mantuvo este viernes en Murcia una reunión con su homólogo de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, y con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, con el objetivo de analizar en detalle las “irregularidades” que, según afirman, se estarían produciendo en la gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y que afectarían de manera directa al futuro del trasvase.
Rubira explicó que el encuentro se celebraba tras la remisión al Ministerio para la Transición Ecológica de un informe elaborado por la Comunidad Valenciana que, según la consejera, “pone de manifiesto una serie de irregularidades en la gestión que realiza la Confederación del Tajo”. La responsable murciana señaló que, junto a equipos jurídicos y técnicos, se estudiarán todas las vías de defensa, incluidas actuaciones judiciales y la petición de medidas cautelares. “El Gobierno de España no puede modificar las reglas de explotación mientras existan informes que manifiesten que los graves problemas del Tajo están precisamente en la gestión de esa Confederación”, afirmó.
Según Rubira, ese informe refleja que desde los embalses de Entrepeñas y Buendía “se ha estado soltando más agua de la que indican las reglas actuales”, lo que comparó con “llenar una bañera sin poner el tapón”. Esa práctica, añadió, habría provocado un desperdicio de hasta 100 hm³ al año, una cifra que, recordó, coincide con los recortes planteados para el Segura para el año 2027. También criticó la ausencia de un programa de seguimiento sobre el efecto de los caudales ecológicos, obligatorio desde 2024, y denunció la “falta total de transparencia” de la CHT. Para la consejera, las decisiones en torno al Tajo-Segura “responden a criterios políticos, sectarios e ideológicos” y suponen una amenaza para el sector agroalimentario del Levante. “En la Región de Murcia, cuando falta agua, sobra coraje”, concluyó.
Los consejeros de Agricultura de la Región y de la Comunidad Valenciana, este viernes, junto al presidente del Scrats. / CARM
Por su parte, Miguel Barrachina subrayó la necesidad de actuar de manera conjunta entre la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía para “evitar uno de los mayores atentados ecológicos que pueden vivir nuestras tierras”. El consejero valenciano sostuvo que «España no tiene un problema de agua, sino de insolidaridad”, y criticó lo que considera un trato desigual en la gestión de los caudales. Recordó que, mientras al río Júcar se le exigen 2 m³/s, al Tajo “se le piden tres veces más sin justificación técnica”.
Barrachina insistió en que existen oscilaciones injustificadas de caudal en el Tajo que, según dijo, requieren una explicación pública, ya que podrían responder a satisfacciones energéticas para alguna empresa o empresas. “Intuimos que es para generar electricidad, pero que nos lo cuenten”, reclamó. También denunció lo que calificó como “técnica de grifo abierto” en algunos sistemas de riego de la cuenca del Tajo, lo que a su juicio provoca un derroche estimado de más de 100 hm³ anuales frente al modelo de ahorro implantado en el Levante.
El consejero añadió que, mientras Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía han realizado inversiones para modernizar regadíos y optimizar recursos, en la cuenca alta del Tajo “hay obras por valor de más de 60 millones de euros pendientes de ejecutar” que permitirían mejorar la eficiencia en origen. Para Barrachina, el trasvase es esencial desde el punto de vista agrario, ambiental y social, y alertó de que recortar su caudal supondría “un triple daño ecológico”, desde la pérdida de masa forestal hasta el aumento del riesgo de incendios o la menor capacidad de absorción frente a riadas.
Reunión de los consejeros Sara Rubira y Miguel Barrachina, con el Scrats, con jurídicos de la Comunidad y la Comunidad Valenciana. / L.O.
Desde el Scrats, Lucas Jiménez recordó que los regantes llevan años denunciando que el caudal circulante en el Tajo supera habitualmente lo pactado, especialmente en los tramos que afectan al trasvase. El informe valenciano, afirmó, “pone negro sobre blanco” esa situación y ofrece datos que podrían respaldar una posible acción legal. Jiménez señaló que el sindicato estará “hasta las últimas consecuencias” en cualquier iniciativa jurídica.
Además, denunció la falta de información sobre el destino del dinero aportado por los regantes en concepto de canon del trasvase. Recordó que la ley establecía que esos fondos, unos 600 millones desde el inicio del acueducto, debían invertirse en los municipios ribereños para mejorar sus infraestructuras y garantizar el abastecimiento. Sin embargo, asegura que nunca han recibido datos que aclaren su uso real. “Preguntamos al Ministerio, pedimos información y se nos negó; recurrimos incluso al Supremo y lo perdimos todo. No sabemos dónde ha ido a parar ese dinero”, lamentó.
Jiménez señaló que ese desconocimiento contribuye a aumentar la “crispación” de algunos municipios de la cabecera del Tajo hacia el trasvase, pese a que —dijo— el abastecimiento para 12.000 habitantes “nunca ha estado en riesgo”. Afirmó también que una adecuada gestión en origen permitiría ahorrar otros 100 hm³ mediante modernización de regadíos en el Alto Tajo, una inversión que el Ministerio, según denunció, “ni ha ejecutado ni tiene intención de ejecutar”.
Tanto Barrachina como Rubira y Jiménez coincidieron en reclamar unidad institucional y social en el Levante para frenar unas decisiones que consideran “injustas y perjudiciales”. Las comunidades implicadas esperan ahora el análisis de los servicios jurídicos para determinar las acciones a emprender.
