Los directores de los colegios públicos han exigido a la Conselleria de Educación una rectificación del nuevo protocolo de emergencias para actuar en los centros educativos ante fenómenos, como una dana, y la retirada de las sanciones previstas para los profesores si se saltan la nueva normativa frente a una alerta meteorológica. Este reglamento contempla, entre otras medidas, la posibilidad de que los centros confinen a los alumnos en caso de una alerta roja repentina.
Es la segunda vez que los responsables de los centros se oponen públicamente a las obligaciones que les ha impuesto el departamento de José Antonio Rovira porque consideran que son desproporcionadas y que son propias de las administraciones locales, servicios de Protección Civil y organismos especializados.
Sin embargo, esta vez han ido más allá y han pedido al Consell que dé marcha atrás y que redistribuya las funciones, para que la dirección escolar pueda centrarse en lo pedagógico y organizativo, mientras que la prevención, mantenimiento y gestión técnica de riesgos recaiga en los organismos y profesionales competentes.
«Se nos atribuyen funciones y obligaciones técnicas (mantenimiento de infraestructuras, control de instalaciones, gestión de emergencias externas en horario laboral y extralaboral) para las cuales no contamos ni con la formación ni con los recursos adecuados«, ha advertido la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de la Comunidad Valenciana (Adep-PV). Por otra parte, los equipos directivos lamentan que con estas obligaciones Educación aumenta «de manera desproporcionada la carga de responsabilidad personal y jurídica de las direcciones».
El colectivo tacha de «desproporcionadas» las obligaciones que impone la conselleria
El colectivo defiende que es responsabilidad de la Administración garantizar las condiciones de seguridad y mantenimiento. Con base a eso, insisten en que la dirección de un centro no puede asumir la supervisión de mantenimientos técnicos. Por este motivo, los directores han mostrado su rotundo rechazo a que Educación les pueda penalizar por saltarse el nuevo protocolo, pese a que garantizan estar comprometidos con la seguridad y el bienestar del alumnado. Y es que los docentes podrían enfrentarse a sanciones que van desde la suspensión de sueldo, traslados a otras localidades, la exclusión de la bolsa de trabajo temporal, la prohibición de ocupar puestos de jefatura hasta cuatro años o a la imposibilidad de ascender por un tiempo.
De hecho, la asociación ha trasladado la preocupación de las familias de los alumnos por la seguridad de sus hijos e hijas, «ya que esta depende de la conselleria y de los Ayuntamientos, que son quienes tienen los medios y los recursos a su disposición para poder conocer los riesgos y los avisos en tiempo real», insisten. Es más, los equipos directivos aseguran haber recibido el apoyo de los padres en contra de la visión sancionadora y punitiva hacia los equipos docentes y directivos que plantea este protocolo.
Goteras en un colegio por las lluvias, en imagen de archivo / ANTONIO AMOROS
¿Qué dice el protocolo?
La nueva normativa de emergencias para los centros educativos obligará a la dirección designe a una o varias personas del equipo directivo para la gestión de avisos y alertas para «establecer los canales de comunicación (web, correo electrónico, grupo de difusión, etc…) con el personal trabajador del centro docente, considerando los más adecuados en función del horario laboral y extralaboral». Además, los equipos directivos tendrán que solicitar a los ayuntamientos la realización de diversas actividades de mantenimiento de forma previa al inicio del curso para estar preparados ante posibles trombas de agua u otro tipo de emergencias meteorológicas.
Entre ellas destaca la limpieza de cubiertas, bajantes y canalizaciones; revisión del estado de cornisas, balcones y fachadas; asegurar toldos, persianas, antenas y otros elementos; retirada de árboles muertos o ramas que sobresalgan de las estructuras, y objetos que se encuentren en patios (como porterías o canastas), terrazas (como placas solares, antenas), techos o balcones y que puedan volarse.
Además, en caso de una alerta roja por una dana o cualquier otra emergencia meteorológica, los colegios e institutos podrán confinar a los alumnos. El nuevo protocolo de la Conselleria de Educación contempla esta medida «cuando las condiciones de riesgo lo aconsejen», como podría ser por unas imprevistas y fuertes lluvias. La normativa también incluye sanciones a los directores por no avisar a los profesores (incluso fuera del horario laboral) de la suspensión de clases, cuya decisión seguirá siendo responsabilidad de los ayuntamientos.
Entre las instrucciones que han recibido los centros educativos para saber cómo actuar ante fenómenos adversos, la normativa de emergencias recoge que si el máximo nivel de alerta se emite durante la jornada laboral, y por lo tanto, con los estudiantes en clase, se tendrá que «permanecer en las aulas o en espacios seguros, cerrar puertas y ventanas, evitar zonas bajas o sótanos susceptibles de inundación, subir a las plantas o lugares elevados en caso de inundación inminente y mantener la comunicación permanente con las autoridades competentes».
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