En concreto, la Ley de Amnistía contraviene la obligación europea de garantizar una tutela judicial efectiva, pero en principio no pone en riesgo los intereses financieros de la UE ni vulnera la directiva antiterrorista.
La opinión del abogado general no es jurídicamente vinculante, pero sí marca el rumbo de la sentencia definitiva del TJUE sobre la amnistía, prevista para comienzos de 2026. Aunque los jueces mantienen la última palabra, en una gran mayoría de los casos (el 80%) terminan siguiendo las recomendaciones del abogado general.
En concreto, el abogado general estima que no es conforme al derecho de la UE la obligación que se impone a los jueces de dictar sentencia en el plazo máximo de dos meses. «Un plazo excesivamente corto y vinculante puede quebrantar la exigencia de independencia judicial«, aduce.
Tampoco se ajusta a derecho comunitario excluir a las partes que hayan ejercitado la acción pública de la audiencia ante la justicia para decidir sobre la aplicación de la amnistía. Eso «impediría mantener un debate contradictorio sobre los elementos de hecho y de Derecho decisivos para la resolución del procedimiento», apunta el abogado general.
Finalmente, no es conforme con el derecho de la Unión obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares que se hubieran acordado en una fase anterior del procedimiento en el plazo máximo de dos meses antes de que se pronuncie el TJUE.
«En efecto, tal obligación privaría al procedimiento prejudicial de todo efecto útil», sostiene el abogado general.
Los dictámenes se publican justo cuando las relaciones entre Sánchez y Junts atraviesan su peor momento. El partido de Puigdemont ha anunciado el «bloqueo» de la legislatura con enmiendas a la totalidad de todas las leyes registradas. Su portavoz, Miriam Nogueras, llamó este miércoles «cínico» e «hipócrita» al presidente del Gobierno.
Una de las principales exigencias de Junts a Sánchez para recomponer las relaciones es precisamente que la Ley de Amnistía se aplique al propio Puigdemont. La última palabra la tiene ahora el Tribunal Constitucional, que está a la espera de las directrices del TJUE.
El abogado general responde a dos cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal de Cuentas y por la Audiencia Nacional, respectivamente.
En el primero de los casos, el Tribunal de Cuentas analiza las responsabilidades contables de 35 exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos el propio Puigdemont y Artur Mas en el manejo de fondos públicos durante el ‘procés’. El daño en el patrimonio público se ha estimado en casi 5 millones de euros.
La Ley determina que quedan excluidos de la amnistía los delitos que afecten a los intereses financieros de la UE. En este contexto, el Tribunal de Cuentas tiene dudas sobre la compatibilidad de algunas disposiciones de la norma con el derecho europeo, y por eso se ha dirigido al TJUE.
En el segundo de los casos, la Audiencia Nacional consulta al TJUE para aclarar si procede aplicar la Ley de Amnistía a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo.
Durante la vista pública celebrada en julio, el representante de la Comisión Europea, que actúa como guardiana de los Tratados, tachó la Ley de Amnistía de «contraria al Estado de derecho» por considerar que no responde al interés general sino que se basa en un «acuerdo político» para investir a Sánchez.
«El Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio de apoyo parlamentario«, denunció el abogado del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca Caviedes. Bruselas sostiene que la Ley de Amnistía vulnera además los principios de igualdad ante la ley de seguridad jurídica, así como la directiva antiterrorista de la UE.
