Las grandes eléctricas ya han dado el gran paso para intentar salvar el cierre a la central nuclear de Almaraz. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta, remitieron hace dos semanas al Gobierno la solicitud oficial para posponer hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores ahora está previsto que se desconecten en noviembre de 2027 y de 2028.
Y a la vez, casi de manera simultánea, las compañías también enviaron al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación para ir preparando el cierre, para cumplir con los plazos legales del proceso de cese de actividad según el calendario previsto, que obligaban a remitir la información antes del 1 de noviembre (dos años antes de que tenga que cerrar el primero de los reactores de Almaraz, el 1 de noviembre de 2027).
El solapamiento temporal de ambos procedimientos, tras meses de tira y afloja entre el Gobierno y las eléctricas sobre el futuro de las nucleares y de Almaraz en concreto, hará que el Consejo de Seguridad Nuclear se verá forzado a trabajar de manera simultánea, y previsiblemente durante meses, tanto en el análisis del expediente de cierre de Almaraz ya en marcha como también en la nueva petición para ampliar la vida de la central.
Iberdrola, Endesa y Naturgy habían pedido al Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, que instara al Consejo de Seguridad Nuclear a paralizar los trabajos para preparar la clausura de Almaraz y que se centrara en analizar la solicitud de ampliación de la vida de la central cacereña. El Gobierno descarta atender esa petición de las grandes eléctricas y no solicitará al CSN que frene el expediente de cese de actividad, según confirman fuentes gubernamentales.
El Ministerio para la Transición Ecológica aún no ha remitido al CSN la solicitud de prórroga de la licencia de explotación presentada por las eléctricas, pero la enviará en los próximos días para que el supervisor estudie qué condiciones de seguridad deberían garantizar los titulares de la planta para conseguir la autorización de prolongación de la vida de la central.
“El Consejo de Seguridad Nuclear ya trabaja en el expediente preparatorio para el cese de la central de Almaraz, y cuando el Gobierno le reenvíe la solicitud de ampliación de los titulares de la planta, tendrá que trabajar simultáneamente en los dos escenarios hasta que haya una decisión en firme del Ministerio en uno u otro sentido”, apuntan fuentes cercanas a los expedientes en marcha. “Puede llegar a darse la circunstancia de que el CSN emita los dos informes, dependiendo de los plazos del Ministerio para adoptar una decisión”.
El CSN dispone formalmente hasta finales de agosto de 2027 para emitir su informe sobre la solicitud de prorróga de la central cacereña, según el reglamento vigente. Pero previsiblemente el análisis del supervisor sobre Almaraz será rápido, dado que la última revisión periódico de seguridad (RPS) que superó la central se extiende hasta 2030, precisamente hasta cuando las plantas han solicitado ampliar la vida de la planta.
La enmienda “extravagante” del PP
El revés al plan de las eléctricas de frenar el proceso de cierre de Almaraz se suma al revés a los partidos pronucleares del Congreso de los Diputados. Junts ha preferido no evidenciar su anunciada ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez y lo ha salvado de una derrota sobre el futuro de las nucleares este jueves. Con una abstención, los posconvergentes han hecho que decaiga una enmienda presentada por el PP a la Ley de Movilidad Sostenible que suprimía formalmente la fecha de cese definitivo y de explotación de las centrales de Almaraz (Unidades I y II), Ascó I y Cofrentes.
El Ministerio para la Transición Ecológica aplaude la caída en el Congreso de la «extravagante» enmienda incorporada por el PP, ya que «sólo introducía ruido e incertidumbre». El Gobierno, en cualquier caso, minimiza los efectos reales que habría tenido la enmienda de ser aprobada, dado que no implicaba un alargamiento de la vida de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes, frente a la idea que había ido asentándose en los últimos días. El Ejecutivo sí que entiende podía haber generado “confusión” e “inseguridad jurídica” al introducir un cambio en los procedimientos administrativos de autorización de funcionamiento de las centrales al saltarse al Consejo de Seguridad Nuclear.
Allanar el ‘sí’ del Gobierno
Iberdrola, Endesa y Naturgy presentaron su solicitud de prórroga de la central de Almaraz tras un largo pulso del Ejecutivo que había bloqueado durante un año los intentos de negociación. Finalmente compañías eléctricas han cedido y han retirado la exigencia previa de tener garantías de que se aplicaría una gran rebaja de impuestos a las nucleares antes de pedir la prórroga para ninguna central. Las eléctricas intentan allanar un futuro ‘sí’ del Ministerio para la Transición Ecológica aparcando la batalla por la fiscalidad para poder cumplir con las “líneas rojas” que había planteado el Gobierno de Pedro Sánchez para estudiar una cambio en el calendario de cierres de las nucleares, que ahora contempla clausuras escalonadas empezando por Almaraz en 2007 y hasta el apagón nuclear total en 2035.
Las compañías aspiran a obtener el plácet del Gobierno antes de marzo de 2026, una fecha que consideran límite para les dé tiempo a asegurar los suministros (combustible nuclear, singularmente), la homologación de todo el personal y ejecutar procesos para garantizar la seguridad de las instalaciones antes de que expire la licencia del primer reactor, en noviembre de 2027.
Las compañías llevaban meses intentando abrir una vía de diálogo con el Gobierno para abordar una revisión del cierre de las centrales nucleares. Pero ambas partes han estado manteniendo posiciones maximalistas de partida que han provocado una situación bloqueo y que las conversaciones formales no arrancaran. Las eléctricas han decidido desatascar la situación retirando, al menos de momento, su reclamación de rebajar impuestos a las eléctricas.
Hasta ahora -hasta hace apenas unos días de pedir la prórroga de Almaraz- las energéticas insistían en exigir una rebaja de impuestos para pedir la ampliación de la vida de las centrales, mientras que el Ejecutivo se negaba (se niega aún) a estudiar una solicitud que implique trasladar costes a los consumidores o los contribuyentes. Tras meses de impasse, han sido las eléctricas las que aparentemente han cedido, dejando para más adelante una eventual negociación de marco económico del sector, para poder salvar Almaraz.
Iberdrola y Endesa habían estado condicionando muy explícitamente la solicitud de ampliación de Almaraz a una reducción de la carga fiscal del sector, una exigencia que no planteaba Naturgy y que ahora queda pospuesta. Las dueñas de la central de momento parece que se conforman con la rebaja de la tasa autonómica prometida por la Junta de Extremadura, y dejar para más adelante la batalla para conseguir una reforma mayor de la carga fiscal a la que están sometidas las centrales nucleares españolas.
El Ejecutivo extremeño de María Guardiola ha prometido reducir de manera progresiva la tasa regional que paga Almaraz (actualmente más de 80 millones de euros cada año) para llegar a 2029 con una rebaja del 50%. Una promesa, no obstante, que ahora queda en el aire por el adelanto electoral y la celebración de comicios autonómicos en Extremadura el próximo diciembre. Además, la Generalitat de la Comunidad Valenciana también ha anunciado la futura eliminación de la tasa que paga la central de Cofrentes.
Transición Ecológica advierte de que mantiene sin cambios todas las “líneas rojas” establecidas para estudiar la petición de las eléctricas. Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que el pasado mayo mostró su disposición a analizar una ampliación de la vida de todas las centrales nucleares si lo pedían las eléctricas propietarias, pero solo si la solicitud cumplía tres condiciones previas: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica; que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro eléctrico; y especialmente que no suponga un mayor coste para los consumidores ni para los contribuyentes.
Suscríbete para seguir leyendo
