La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, anunció en una comparecencia múltiple en la sede nacional junto al vicepresidente, Ignacio Garriga, y el portavoz nacional, José Antonio Fúster, el registro en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y de la seguridad ciudadana en el espacio público. Con ella quieren suprimir el uso y la imposición -en la esfera privada- del niqab y del burka mediante una modificación del Código Penal, para tipificarlo, y de la Ley de Seguridad Ciudadana. Al mismo tiempo que en el Parlamento, esta iniciativa se registrará en todos los parlamentos regionales.
Con este paso, Vox imita a otros socios europeos como al Chega de André Ventura en Portugal. Los ultraderechistas se hicieron con la segunda plaza nacional en el Parlamento portugués y condicionan en parte la gobernabilidad del centroderecha. A mediados de octubre, consiguieron el aval de todos los partidos conservadores a su proyecto de ley, inspirada en una legislación vigente en Francia. A falta de algunos retoques, saldrá adelante en su etapa final legislativa. Hacia ese tipo de iniciativas mira Vox, quien desde hace tiempo viene ahondando en el asunto.
Millán trasladó en su comparecencia que esta propuesta es necesaria para preservar la «identidad de las mujeres» y «para que España siga siendo España» frente a un «proceso de islamización» que consideran en Vox vienen fomentando tanto PP como el PSOE por sus políticas de «colaboración» y de «fronteras abiertas». «Hay que proteger nuestros valores occidentales», dijo, apuntando a un fracaso del «multiculturalismo» alentado por el bipartidismo.
«Quien venga debe tener respeto a nuestra identidad. El verdadero progreso vendrá con la reconquista de los principios de nuestra civilización», afirmó la portavoz en una comparecencia en la que se coló la designación de Juanfran Pérez Llorca por el PP para el relevo de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana. Debe ser investido por Vox.
En la propuesta de reforma, se añade un nuevo apartado 6 al artículo 172 ter de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que indica que quien imponga, mediante «violencia, intimidación o cualquier forma de coacción», el uso de los velos denominados nicab y burka, será castigado con la pena de prisión de un año y seis meses a tres años. Cuando la «víctima» se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad, por ser menor, enfermedad o discapacidad, esas penas se elevan a cuatro años.
«Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia, intimidación o coacción se perpetraren en presencia de menores, o utilizando armas, o tuvieren lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realizaren quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza», se apunta.
Puede salir PP y Junts lo avalan
En un momento de ruptura entre el Gobierno y Junts, hay margen para que el PP explore mayorías alternativas puntuales con Vox y los neoconvergentes, especialmente en lo que a cuestiones económicas se refiere. El veto de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez y la presión de Aliança Catalana a Junts en Cataluña, dejan margen para que pueda avalarse la propuesta de los de Santiago Abascal. AC quiere proponer algo similar a Vox en el Parlament, de hecho.
La duda es si el PP estaría por la labor. En Barcelona, el aparato popular propuso hace seis días una cuestión similar. En su plan nacional sobre inmigración la cuestión no se alude, de hecho, y recientemente, con las negociaciones en Valencia de fondo para el relevo de Mazón, los populares se han negado a endurecer su discurso migratorio. De fondo hay una intencionalidad en presionar a los populares de cara a esas negociaciones. De sumar, PP (137), Vox (33), UPN (1) y Junts (7) lo permitirían con un margen de 178 diputados.
Vox aboga por una reforma que, como recuerdan en un comunicado, se ha dado en Francia en 2010, en Bélgica un año después, en Austria en 2017, en Dinamarca en 2018, en Países Bajos en 2019 y en Suiza en 2021 tras consultas populares. Recalcan que «el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en su sentencia del 1 de julio de 2014 -caso S.A.S v. Francia- que estas medidas tienen ‘una justificación objetiva y razonable'».
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