A las 16:12 minutos, Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general de la Democracia que se sienta en la silla de los acusados, se ha despojado de la toga, ha bajado de los estrados y se ha situado frente a los siete miembros de la Sala Penal del Tribunal Supremo que tienen que decidir si le consideran responsable de la revelación a la prensa de datos tributarios comprometidos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz ha empezado nervioso, pero pronto se ha recuperado y ha intentado, a lo largo de una hora y 15 minutos que ha durado su declaración, replicar todos los indicios con los que las acusaciones particular y popular le señalan.
Lo ha hecho solo a preguntas de su defensa, el abogado del Estado, Ignacio Ocio, y a las dos únicas cuestiones que le ha planteado la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde.
García Ortiz ha desaprovechado, así, la oportunidad de confrontar la versión de sus acusadores. Repite el esquema que siguió en la fase de instrucción, cuando tampoco quiso contestar al magistrado Ángel Hurtado el pasado 29 de enero.
Vídeo | El fiscal general declara en el juicio que no filtró el mail con los datos de González Amador y no responde a las acusaciones
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El fiscal general ha alegado que el querellante, Alberto González Amador, «lejos de contribuir a descubrir la verdad con hechos ciertos y necesarios, ha reconducido el proceso de manera poco leal, no contra mí, que soy el acusado, sino contra el tribunal y el magistrado instructor».
Ha mencionado la ocultación por la acusación particular del hecho de que el correo de 2 de febrero, en el que el abogado de González Amador admite que éste ha cometido dos delitos contra la Hacienda Pública, no fue enviado al fiscal, sino también a un abogado del Estado.
También se ocultó que la pareja de Ayuso se entrevistó con el medio de comunicación que filtró el correo en el que el fiscal Salto contestó a la propuesta de conformidad planteada por el letrado Carlos Neira. Además, González Amador ha renunciado a la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, por lo García Ortiz está haciendo frente a la fianza con su propio patrimonio.
En lo sustancial, el fiscal general ha negado haber filtrado el correo de 2 de febrero ni ningún otro y ha dicho que «su obsesión» al pedir los correos entre Neira y Salto para hacer una nota de prensa era «proteger a los fiscales», cuya imagen estaba siendo puesta en entredicho por los «bulos» difundidos por Miguel Ángel Rodríguez, del que se hicieron eco varios medios de comunicación en la noche del 13 de marzo de 2024.
El jefe de gabinete de Ayuso «filtró» a los periodistas que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso para que se declarara culpable de haber defraudado a Hacienda y luego lo había retirado “por órdenes de arriba”.
Eso era «una insidia, una calumnia, no había instrucciones sobre González Amador», ha enfatizado el fiscal general, que ha asegurado que «no era mi intención perjudicar el derecho de defensa de González Amador ni su honorabilidad».
El fiscal general declarando hoy, 12 de noviembre, ante el Supremo.
El hecho de que la literalidad del correo de 2 de febrero («ciertamente», se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) apareciera en la Cadena Ser y otros medios después de que llegara a manos de García Ortiz no puede considerarse un indicio en su contra.
La filtración de ese email siguió «un curso causal incompatible» con la actuación de la Fiscalía, ha explicado. «El hecho de que yo tenga una desagradable discusión con la fiscal superior, Almudena Lastra, cuando ya se han filtrado los correos es porque da igual lo que se haya dicho antes. Lo que quiero es que la Fiscalía dé una información veraz«.
Ha subrayado la «actitud obstruccionista» de Lastra para aclarar la verdad, que la propuesta de conformidad había partido de Neira y no de la Fiscalía. Y ha negado con contundencia que la fiscal superior de Madrid le espetara el 14 de marzo de 2024 por teléfono «has filtrado los correos» y él contestara «eso ahora no importa».
“En absoluto le reconocí haber filtrado los correos», ha dicho. «Yo no escuché esas palabras de Lastra y dudo de que ningún fiscal se dirija al fiscal general en esos términos». Ha explicado que Lastra se siente postergada profesionalmente por el actual equipo directivo de la Fiscalía.
El borrado del móvil y el correo
Respecto al borrado de su móvil el 16 de octubre de 2024, el día que se conoció que el Supremo abría una causa contra él, el fiscal general ha explicado que tiene el deber de proteger la «muy relevante y copiosa» información que recibe como «cabeza de una organización de 2800 fiscales». «Soy el fiscal general, si mi móvil acaba en manos ajenas pondría en peligro a muchas personas», ha manifestado.
Eso le lleva a borrar periódicamente los datos. Por ello, cuando activa un nuevo dispositivo el 23 de octubre de 2024 ya estaban borrados «de tres o cuatro borrados antes» los mensajes que ahora son objeto de la causa.
El fiscal general declarando hoy, 12 de noviembre, ante el Supremo.
Ha relatado que el primer móvil que le dan, cuando le nombran jefe de la secretaría técnica de la fiscal general, Dolores Delgado, era de un fiscal de Sala jubilado, Alfonso Aya. «Me dicen que eso se hace siempre así y que los móviles en desuso se depositan en una caja. En ese momento, digo ‘se ha terminado, gestiono mis dispositivos'».
García Ortiz no ha devuelto ninguno de los móviles que ha cambiado.
También ha explicado que su cuenta particular de Gmail, en la que recibió los correos de Neira y Salto en la noche del 13 de marzo, la borró después de que las partes accedieran, sin expurgo alguno, a un informe de la UCO en el que aparecían sus datos personales: DNI, teléfono, dirección de email.
A partir de ese momento empezó a recibir múltiples «correos hostiles», como el que le decía «eres un sinvergüenza al servicio del Gobierno y, posiblemente, también un delincuente».
García Ortiz ha dejado en la sala un dato adverso para la UCO —cuyos peritos le han apuntado esta mañana como autor de la filtración del correo de Neira—: cuando se produjo el registro a su despacho, el 30 de octubre de 2024, él facilitó sus claves de acceso a su cuenta de Gmail a los agentes, que no las utilizaron y no clonaron esa cuenta.
«La verdad no se filtra, la verdad se defiende», ha finalizado García Ortiz. El caso quedará visto para sentencia mañana, con los informes finales de acusaciones, Fiscalía y defensa.
