El bloqueo automático de las cuentas tras un fallecimiento
Cuando una persona muere, su banco recibe la notificación oficial del fallecimiento a través del Registro Civil o mediante comunicación directa de los familiares. A partir de ese momento, la entidad debe bloquear la cuenta para impedir cualquier movimiento hasta que se acredite quién es el heredero legal.
Este bloqueo no implica la pérdida del dinero, sino una medida de protección frente a extracciones indebidas. Según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), los bancos solo pueden desbloquear los fondos si los herederos presentan la documentación que lo autorice expresamente.
Los documentos imprescindibles que exige el banco
El banco no liberará los fondos ni permitirá cancelar la cuenta sin estos documentos:
- Certificado de defunción expedido por el Registro Civil.
- Certificado del Registro de Actos de Última Voluntad.
- Copia autorizada del testamento o, si no lo hay, una declaración de herederos.
- Documentación acreditativa de la aceptación y adjudicación de la herencia.
En algunos casos, la entidad también puede solicitar el DNI de los herederos y un justificante de haber liquidado el Impuesto de Sucesiones.
El error más frecuente: mantener la cuenta activa
Muchos familiares optan por dejar la cuenta abierta “por si acaso”, pero es un error que puede salir caro. Mientras la cuenta permanezca operativa, seguirá generando comisiones de mantenimiento y otros gastos asociados. Estas comisiones se descuentan automáticamente, reduciendo el saldo heredado.
Además, si el fallecido tenía domiciliaciones activas o recibos pendientes, el banco podría intentar cobrarlos, generando descubiertos que pasan a formar parte de la deuda de la herencia. Es decir, el dinero que no se reclama puede transformarse en una obligación económica.
Posibles sanciones por parte de Hacienda
La Agencia Tributaria exige que los herederos comuniquen la existencia de cuentas bancarias del fallecido dentro del proceso de sucesión. Si se ocultan fondos o no se declara su valor real, se considera una infracción tributaria sancionable.
Además, el impuesto de sucesiones debe liquidarse en un plazo máximo de seis meses desde el fallecimiento. Pasado ese tiempo, se aplican recargos e intereses de demora. En caso de no regularizar la situación, el banco puede bloquear indefinidamente los fondos.
Qué ocurre si nadie reclama la cuenta
Si transcurren 20 años sin que ningún heredero reclame la cuenta, el dinero no se pierde, pero cambia de propietario: pasa automáticamente al Estado. Este proceso está regulado por la Ley General Presupuestaria y se ejecuta a través del Tesoro Público.
En estos casos, la entidad bancaria comunica a la Administración los fondos inactivos y los transfiere a nombre del Estado. Recuperarlos posteriormente resulta casi imposible, salvo mediante un procedimiento judicial extraordinario.
Cómo evitar que el dinero acabe en manos del Estado
La única forma de evitar que el Estado se quede con los fondos es tramitar la herencia de forma formal y notificar al banco en los plazos establecidos. Es recomendable solicitar un informe en el Registro de Contratos de Seguros con Cobertura de Fallecimiento, que revela si el titular tenía seguros o productos financieros vinculados.
En algunos casos, las entidades ofrecen asesoramiento gratuito a los herederos para gestionar los trámites y evitar errores fiscales. No obstante, el proceso debe completarse siempre bajo supervisión notarial.
Pasos para evitar sanciones y bloqueos
- Informar al banco del fallecimiento lo antes posible.
- Solicitar el certificado de defunción y de últimas voluntades.
- Reunir la documentación hereditaria completa.
- Liquidar el impuesto de sucesiones dentro del plazo de seis meses.
- Cerrar las cuentas una vez adjudicados los fondos.
Seguir estos pasos garantiza una transición legal y transparente. Ignorarlos puede tener consecuencias graves: desde sanciones tributarias hasta la pérdida definitiva de los fondos por abandono.
En resumen, cuando fallece el titular de una cuenta bancaria, los herederos deben actuar con rapidez y rigor legal. Solo así se evita que una herencia legítima termine convertida en una sanción o en dinero retenido por el Estado.
