El Partido Popular aprovechó su mayoría absoluta en el Senado para colar en la Ley de Movilidad Sostenible una enmienda para allanar un cambio en el calendario de cierre de las centrales nucleares. Los populares fuerzan así que el Gobierno debata este jueves en el Congreso sobre el apagón nuclear antes de la votación de la nueva ley y además pone a prueba la solidez de la mayoría parlamentaria que sustenta el Ejecutivo. Para tumbar la enmienda del PP, el Gobierno necesita el apoyo de todos socios parlamentarios, incluido Junts, que insiste en dar por terminado su apoyo al Ejecutivo de coalición y que es conocida su posicionamiento a favor de alargar la vida de las nucleares.
Tras varios días de ruido (fundamentalmente político) a cuenta de la enmienda del PP sobre nucleares, el Gobierno ahora se lanza a minimizar los efectos reales de la disposición adicional propuesta por los populares incluso si acaba incluyéndose en el texto definitivo de la Ley de Movilidad Sostenible. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, niega que la enmienda implique un alargamiento de la vida de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes, pero avisa de que el PP sí puede generar “confusión” e “inseguridad jurídica” al introducir un cambio en los procedimientos de autorización de funcionamiento de las centrales al saltarse al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
“La enmienda intenta generar la falsa idea de que se ha conseguido revertir el carácter definitivo de cierre de las centrales al quitarlo de las órdenes ministeriales, pero no es así. No supone automáticamente una prórroga para las instalaciones”, explican fuentes oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica a EL PERIÓDICO.
El texto de la enmienda del Partido Popular establece aplicar cambios en las ordenes ministeriales sobre la autorización de explotación de Almaraz, Ascó y Cofrentes para eliminar las referencias al “cese definitivo” de las plantas y a que se trata de las “últimas renovaciones” que se conceden a esas tres centrales, en cumplimiento del calendario de cierres escalonados pactado por las propias compañías eléctricas dueñas de las centrales en 2019.
“La enmienda modifica de forma discrecional y unilateral las órdenes ministeriales en las que se establece el cese definitivo de explotación, sin que medie una solicitud de informe al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), de modo que priva al CSN de pronunciarse sobre dicha modificación. Es algo que en 2012 el PP sí consideró necesario para el caso de Garoña”, apuntan desde el departamento de Sara Aagesen.
El caso de Almaraz
El Gobierno pone de ejemplo el escenario actual de la central nuclear de Almaraz, para la que las eléctricas propietarias de la planta -Iberdrola, Endesa y Naturgy- han solicitado una prórroga de funcionamiento hasta 2030 (frente a la fecha prevista de clausura de sus dos reactores en 2027 y 2028) sin necesidad de modificar la orden ministerial vigente que establece su cese definitivo y sin que haya obstáculo alguno. “El derecho [de las compañías eléctricas] a solicitar una ampliación no lo crea una orden ministerial, sino la normativa vigente”, apuntan las mismas fuentes.
“Al eliminar el cese de explotación de la orden de Almaraz, la enmienda crea confusión e introduce inseguridad en los procedimientos que el propio CSN ha establecido de cara a la fecha de cese y que obligan a los titulares a enviar documentación con suficiente antelación”, esgrime el Ministerio sobre las implicaciones de que la enmienda salga adelante. “Con ello se perjudica la seguridad en caso de que el cese se produzca en la fecha actualmente prevista. En definitiva, lo único que se consigue con esta enmienda es crear inseguridad jurídica e introducir ruido y confusión en unos procedimientos que tienen como único objetivo garantizar la seguridad nuclear frente a las radiaciones»
El Gobierno alerta de que el nuclear es un ámbito lo “suficientemente sensible” como para exigir “espetar los procedimientos y la legislación vigente; el rigor sobre la seguridad de las instalaciones y ciudadanos (protección radiológica) es lo realmente necesario, y no generar incertidumbre y falsas expectativas con improvisación”. Fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear consultadas por este diario han declinado hacer comentarios sobre las consecuencias de que se apruebe la enmienda del PP.
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