Un análisis global concluye que más del 99 % de los 7.700 millones de habitantes del mundo tienen uno o más de sus derechos ambientales amenazados: los investigadores revelaron que casi la mitad de la población mundial vive en regiones que enfrentan tres o más problemas ambientales graves. Entre ellos se incluyen el aire contaminado, el agua insalubre, el calor extremo, la inseguridad alimentaria y la pérdida de biodiversidad.
Investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder, en Estados Unidos, concluyen en un estudio publicado en la revista Environmental Research Communications que más del 99 % de la población mundial ha estado recientemente expuesta a condiciones ambientales que amenazan al menos uno de los derechos ambientales básicos, reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como derechos humanos: aire limpio, agua potable, un clima seguro, alimentos producidos de forma sostenible y ecosistemas prósperos.
La investigación plantea un mapa inquietante de desigualdad ambiental, que afecta con especial severidad a las poblaciones más vulnerables del planeta, de acuerdo a una nota de prensa. Los autores agruparon y cruzaron grandes conjuntos de datos ambientales para evaluar, a escala global, la exposición de las personas a múltiples combinaciones de riesgos relacionados al entorno.
Un impacto desigual
Los resultados indican que casi la mitad de la población mundial, o sea unos 3,4 mil millones de personas, vive en lugares donde se registran tres o más amenazas simultáneas relacionadas al ambiente, e incluso aproximadamente 95 millones de personas sufren la conjunción de los cinco problemas medidos por los científicos.
La contaminación del aire aparece como la amenaza más extendida, seguida por la inseguridad alimentaria, en términos de producción sostenible. El estudio no solamente cuantifica la magnitud del problema, sino que sitúa y establece desigualdades específicas: los grupos de menores ingresos, las personas desplazadas y las comunidades indígenas sufren de manera desproporcionada la exposición a condiciones degradadas y están expuestas a mayores peligros.
En términos geográficos, Asia del Sur aparece como un punto crítico: alberga el 41 % de las personas que enfrentan las cinco amenazas, pese a representar solo una quinta parte de la población mundial. Mientras tanto, las naciones más ricas producen gran parte de las emisiones contaminantes y de la presión sobre recursos naturales que generan daños fuera de sus fronteras, dejando en claro que la mayor responsabilidad de la crisis ambiental y el peso de su impacto no coinciden: quienes más contaminan, sufren menos (por ahora) las consecuencias de sus actos.
La urgencia de acciones concretas
Aunque la Asamblea General de la ONU reconoció en 2022 el derecho a un medio ambiente sano como parte de los derechos humanos, esa resolución no es vinculante: el nuevo estudio aporta datos que pueden fortalecer litigios, campañas y políticas públicas destinadas a transformar ese reconocimiento en obligaciones concretas.
Referencia
Global inequality in environmental conditions underpinning human rights. Naia Ormaza-Zulueta et al. Environmental Research Communications (2025). DOI:https://dx.doi.org/10.1088/2515-7620/ae0407
Los expertos advierten que las cifras probablemente subestiman la realidad, porque no contemplan todas las fuentes de daño ambiental, como por ejemplo exposición a tóxicos mineros o acumulación de plástico. En tanto, mientras los representantes mundiales se reúnen en este momento en la cumbre climática COP30, el diagnóstico científico plantea la urgencia de pasar de la declaración de derechos a medidas globales y locales que reduzcan la exposición de miles de millones de personas a estos peligros.
Los investigadores sugieren medidas claras, como leyes de cumplimiento efectivo que obliguen a las empresas a respetar derechos humanos y ambientales a lo largo de sus cadenas globales, además de políticas públicas que protejan a las poblaciones en mayor riesgo. De continuar la inacción climática, solo puede esperarse un recrudecimiento de las desigualdades y una expansión de las crisis mencionadas en el estudio.
