Después del ingente despliegue renovable de los últimos años, ahora es el momento de las redes eléctricas, a través de la extensión de nuevas líneas para conectar a la nueva demanda, como la industria descarbonizada, los centros de datos o las nuevas planificaciones urbanísticas, o a través de la modernización de las existentes que verán como se agota su vida útil en los próximos años.
Red Eléctricas se encarga de los cables eléctricos que van desde las centrales de generación hasta las subestaciones de transporte (redes de transporte). Y las grandes eléctricas —Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP– despliegan lo que se conoce como redes de distribución, que son los cables que van desde las subestaciones hasta los hogares.
Las compañías calculan que serán necesarias alrededor de 30.000 millones de euros en la red de distribución en la próxima década para atender a esas necesidades de nueva demanda eléctrica. Pero al tratarse de una actividad regulada, los consumidores de electricidad son quienes pagan esas inversiones a través del recibo de la luz (los llamados peajes eléctricos), de forma que las empresas tienen acotado el dinero que reciben por ese despliegue.
Por un lado, el Gobierno establece un límite anual al gasto que realizan las empresas en líneas eléctricas y, por otro, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competenica (CNMC) fija la rentabilidad de estas infraestructuras por periodos de seis años. En concreto, las distribuidoras pueden gastarse unos 1.800 millones de euros al año (el 0,13% del PIB); pero el Gobierno, atendiendo al enorme interés por electrificarse de la industria, ha decidido elevar este tope en un 62% de forma temporal en los próximos seis años, hasta aproximadamente unos 3.400 millones de euros.
Y la cuestión ahora es a qué precio se ponen en marcha esas infraestructuras las empresas. El retorno a la inversión de las redes eléctricas atiende a una fórmula que establece la CNMC. Actualmente, el organismo que dirige Cani Fernández está tramitando el próximo ciclo 2026-2031 y el nuevo modelo que plantea ha desatado la caja de los truenos porque se queda muy por debajo de las expectativas de las empresas.
El ‘superregulador’ defiende que su propuesta busca reducir el impacto que una mayor retribución tendría sobre el bolsillo de los consumidores, mientras que las compañías eléctricas advierten que la propuesta «desincentiva la inversión» e imposibilita la «atracción de capital» a España.
Propuesta 2026-2031
El planteamiento de la CNMC establece una tasa de retribución que aumenta del 5,58% actual al 6,58%. Esto se traduce en un incremento anual de unos 257 millones de euros para la distribución (81 millones de euros para el transporte) si las inversiones se mantienen en un nivel similar al de los últimos seis años. Pero lejos de los 670 millones de euros cada año que calculaban las distribuidoras con una tasa de retribución del 7,5%.
En el caso de que las inversiones se dupliquen en los próximos años, para cumplir con los objetivos del Gobierno, el aumento anual estimado de la retribución a la distribución evolucionaría desde los 260,87 millones el año del primer año y los 355,02 millones de euros de 2031 (en el caso del transporte ascendería de 83,08 millones de euros el primer año a los 146,74 millones de euros al final del periodo).
Pero el problema, además, es que ha propuesto una nueva metodología para el cálculo de la retribución que lleva a que el coste máximo de inversión reconocida por cliente se sitúe en 257 euros por kilovatio (kW), «muy por debajo del coste medio actual de la red» (375 euros por kW), lo que dejaría fuera «a muchos proyectos industriales, de vivienda o de electrificación del transporte, a todos cuyo coste de conexión supere ese máximo», según las empresas.
Colapso de la red
Si no se despliegan nuevas redes, la otra opción sería conectar a la nueva demanda en las redes existentes, pero el caso es que la red eléctrica española está colapsada. No hay prácticamente ningún ‘enchufe’ disponible debido a que el enorme interés por electrificarse ha llevado a muchas empresas a reservar capacidad, aunque en muchos no la vayan a utilizar nunca, lo que deja al resto sin posibilidades de conexión. «Las propuestas de la CNMC lejos de solucionar esto, ahuyentan inversión a países con mejor retribución o donde el reconocimiento de costes no dependa de un valor muy por debajo de los costes», afirman fuentes de las compañías.
Suscríbete para seguir leyendo
