Tras el portazo de Junts, Moncloa ha desvelado su plan B y el resultado es igual que el plan A: aguantar hasta 2027 pase lo que pase.
Ante este nuevo giro de tuerca a su «manual de resistencia», Pedro Sánchez respondía este viernes pidiendo que se convoquen elecciones en la Comunidad Valenciana para frenar a la «mayoría negacionista» de PP y Vox.
El presidente del Gobierno sigue en una huida hacia adelante, pese a que los de Carles Puigdemont le han dejado claro que van a presentar enmiendas a la totalidad a todas las normas que el Ejecutivo registre: Presupuestos incluidos.
Desde Brasil, donde participaba en la COP 2025, Sánchez auguraba que «su hoja de ruta» es resistir «con Presupuestos o sin Presupuestos».
Una nueva versión de una frase que en septiembre de 2024 ya dijo ante el Comité Federal del PSOE cuando auguró que gobernaría, «con o sin apoyo del Poder Legislativo».
Desde que comenzó esta legislatura, el Gobierno no ha sido capaz de presentar unas cuentas y sigue con una prórroga que viene de la anterior legislatura.
Además de los Presupuestos, hay otras normas que preocupan en Moncloa, como es la llamada «ley Bolaños» para reformar el acceso a la carrera judicial o la «ley Begoña», para limitar las acusaciones populares. Todas están en la lista negra de Junts.
Sánchez no se da por aludido y promete «sudar la camiseta» con «más diálogo», pero hay pocas cosas que puede hacer, ya que la aritmética parlamentaria es muy complicada.
Este mismo viernes, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, desbloqueaba la tramitación de la ley de Junts contra la multirreincidencia, paralizada desde febrero.
El problema es el mismo: la correlación de fuerzas de partidos con intereses contrapuestos.
La norma es vista con buenos ojos por parte del PNV pero Podemos, BNG y EH Bildu ya advierten que votarán en contra.
Es algo que en Waterloo les deja un sabor de deja vú. Les pasó lo mismo con la ley para ceder las competencias en materia de inmigración que pactaron con el PSOE. Durante el debate de su toma en consideración, Podemos la tumbó acusándoles de «racistas». No llegó ni siquiera a comisión.
Este pasado lunes, el negociador del Gobierno con Puigdemont, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, auguraba que había que poner empeño en la cooficialidad del catalán en el seno de la Unión Europea.
Algo que va más allá de lo que puede prometer Moncloa. El Gobierno ya dijo que había «abierto» un diálogo con Berlín.
A las pocas horas, la cancillería de Merz aseguraba que Alemania no había cambiado su posición con respecto a la cooficialidad de las lenguas minoritarias en la UE.
Para su aprobación, se necesita unanimidad de los países miembros y otros como Finlandia ya han dejado claro que no la apoyarán.
Elecciones, sólo en Valencia
Casi a la vez que Sánchez entonaba otro resistiré, se saltaba la neutralidad exigida desde un atril presidencial y pedía «elecciones» en la Comunidad Valenciana.
Este mismo viernes, el BOE publicaba la dimisión de Carlos Mazón sin el habitual agradecimiento «por los servicios prestados». Algo que tiene pocos precedentes: ocurrió con Artur Mas y con la destitución de Carles Puigdemont tras el referéndum ilegal del 1-O.
Sánchez admitía que está «preocupado» porque teme que las consecuencias de un nuevo Ejecutivo de derechas «deriven en un desmantelamiento de toda la arquitectura institucional y presupuestaria para hacer frente a la emergencia climática», que a su juicio es la responsable de la dana.
O lo que es lo mismo: pide elecciones en la Comunidad Valenciana, pese a que hay una mayoría sólida, porque no le gusta el programa.
En cambio, pide seguir adelante en España porque «estamos viviendo uno de los mejores momentos de su historia» pese a que no hay programa ni mayoría de Gobierno. La «resiliencia» llevada al extremo.
