La eurodiputada y ‘número dos’ de Podemos, Irene Montero, ha reclamado al Gobierno que se clausuren de inmediato los dos centros de atención temporal de migrantes que se han reabierto en Mauritania con fondos españoles, al considerar que son «cárceles ilegales» que atengan contra los derechos humanos.
En declaraciones a los medios este viernes antes de participar en un acto sobre la propuesta del partido de nacionalizar Repsol, Montero ha acusado al Ejecutivo de estar aplicando en materia migratoria «calcada a la de la fascista Georgia Meloni (la primera ministra de Italia».
«Es una lógica y es una política de fronteras que es racista, que es criminal y que es ilegal, que está poniendo en serio riesgo los derechos humanos de miles de personas que están migrando«, ha apostillado la exministra de Igualdad quien ha exigido al Ejecutivo que «cierre» estos centros.
Por otro lado, Esquerra Republicana (ERC), Bildu y el BNG quieren que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, explique al Congreso cuál va a ser el futuro del Sáhara Occidental y detalle, además, las razones para crear dos nuevos centros de «detención» de migrantes en Mauritania por parte de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), dependiente del departamento que dirige.
En concreto, los partidos solicitantes piden que Albares exponga en el Pleno de la Cámara Baja la posición del Gobierno respecto a las resoluciones adoptadas por la ONU relativas al Sáhara Occidental y la implicación de las mismas sobre la ocupación marroquí y el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.
Ante las recientes informaciones que señalan que la FIAP ha abierto dos «cárceles» de migrantes en Mauritania, ERC, Bildu y el BNG piden cuentas al Ejecutivo porque las autoridades españolas señalan que si bien estos espacios están inspirados en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de las Islas Canarias, en ellos se reclutará también a menores de edad, incluidos bebes en edad lactante, un extremo que, según recuerdan los solicitantes, la legislación española prohíbe.
Los partidos denuncian que estos dos centros de atención son, en realidad, «centro de detención», uno de los cuales está ubicado en Nouakchott, la capital de Mauritania, y el otro, en la frontera con el Sáhara Occidental, «bajo ocupación ilegal marroquí», en Nouadhibou.
