La reciente decisión de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de imponer una multa de 2.000 euros, que puede ser reducida a 1.200 si se hace un pago a corto plazo, al autor de la difusión fligencia artificial (IA) ponen a Almendralejo de nuevo en el foco. Medios nacionales han relacionado esta resolución con el caso de los falsos desnudos de al menos 20 menores de Almendralejo, hecho ocurrido en 2023 y que derivó en un proceso judicial en el que se impuso un año de libertad vigilada a 15 menores implicados en la manipulación y distribución de esas imágenes.
La sanción de la AEPD, que es la primera de este tipo en la Unión Europea por difusión de un deepfake, se enmarca en un procedimiento administrativo paralelo al penal, que se activa cuando las imágenes son consideradas datos personales vulnerados. De hecho, en su momento, fue denunciado este caso desde Almendralejo a la propia agencia. Puesto que en el caso de Almendralejo hubo numerosas víctimas, se prevé que en los próximos meses la AEPD pueda emitir más resoluciones similares dirigidas a distintos implicados.
Sin embargo, no todas las familias afectadas ven con buenos ojos la reapertura de este asunto. La ginecóloga Miriam Al Adib, una de las madres de las menores afectadas y figura que actuó públicamente durante el proceso judicial, ha señalado que no tiene constancia de que la resolución conocida estos días esté directamente vinculada al caso de Almendralejo, ya que no ha recibido notificación alguna.
No obstante, ha expresado su postura en caso de que finalmente la sanción sí estuviera relacionada:“Considero que no es el momento de abrir este tema, porque el caso ya está más que zanjado, y diríamos que dignamente zanjado, porque los chicos ya pagaron lo que tenían que pagar con ese año de libertad vigilada”.
Al Adib ha insistido en que la vía penal concluyó con medidas educativas y de reinserción orientadas a la reparación social, una solución que, a su juicio, fue adecuada y asumida por las familias implicadas. “Volver a sancionar ahora solo reavivaría el caso, que repito, consideramos que debe estar ya zanjado”, ha apuntado.
El caso de Almendralejo marcó un precedente en el debate sobre los riesgos del uso de la inteligencia artificial para generar imágenes sexuales falsas y puso en el centro de la discusión la necesidad de educar en el uso responsable de la tecnología, así como de actualizar los marcos legales para responder a fenómenos emergentes.
