El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ibiza ha resuelto el contrato de arrendamiento del supermercado que funciona como albergue ilegal en el número 59 de la calle Aragón de Ibiza, por lo que todos los residentes están obligados a desalojar el lugar.
Este martes 4 se celebró el juicio en el que la propiedad del local demandaba al arrendador por numerosos incumplimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, infracciones que el juzgado ha dado por sobradamente probados, como subarriendo inconsentido, realización de obras ilegales o actividades insalubres.
Los hechos se remontan a agosto de 2020, cuando el local se alquiló a una persona únicamente para su uso como supermercado. Sin embargo, el arrendatario hizo caso omiso del contrato «sin ningún tipo de autorización y con la objeción total», tal y como denunció el pasado verano la propiedad, y decidió realizar obras en el local y modificar la estructura del edificio.
La propiedad denunció la situación ante el ayuntamiento, que en 2023 realizó una inspección de resultado demoledor, ya que el informe elaborado por los técnicos hablaba de un total de «diez unidades independientes», concretamente de «habitáculos con uso de morada humana donde se realizan las funciones de todo uso (dormitorio, comedor-salón y cocina)» que, además, no contaban con «las mínimas dimensiones, equipamiento, ventilación e iluminación necesarias para dicho uso». También había varios baños comunitarios.
El expediente también avisaba de una «instalación eléctrica sobrecargada mediante regletas y cables sin ningún tipo de protección» que suponíga un peligro de «cortocircuitos u otros accidentes eléctricos», así como falta de ventilación y carencia de limpieza», algo a lo que contribuían unos «suelos encharcados por una red de saneamiento saturada».
Un polvorín para los vecinos
En definitiva, un polvorín que los vecinos del edificio conocían y con el que se veían obligados a convivir en tensión constante, ya que veían peleas «cada dos por tres», según relataban, e incluso un suceso con apuñalamiento incluido.
El pasado 28 de junio se vivió uno de esos episodios violentos, cuando la Policía detuvo a un hombre por allanamiento, daños y desobediencia a la autoridad. Se trataba de un antiguo inquilino que reventó la puerta del supermercado y empezó a lanzar muebles a la calle.
El 1 octubre de 2023, el ayuntamiento ordenó el precinto del local e impuso una multa de 600 euros al inquilino que estaba subarrendando las infraviviendas, pero ninguna de esas medidas impidió que el albergue siguiera funcionando.
Tampoco acabó con el problema la multa de 100.600 euros que el ayuntamiento impuso el pasado mes de febrero al encargado del albergue ilegal. En vista de que la vía administrativa no lograba el desalojo, la propiedad decidió emprender también la vía judicial, esa que ahora sí ha fructificado.
Rápida actuación de la justicia
La fecha de admisión de la demanda data del 8 de mayo y menos de medio año el caso ya está resuelto. El 20 de octubre se celebró la audiencia previa y el juicio quedó fijado para el pasado martes, cuando ya quedó firmada la sentencia.
De esta forma, ha sido un proceso judicial rápido, teniendo en cuenta todos los plazos legales que se deben cumplir con las notificaciones a los afectados y que agosto siempre es un mes inhábil en la justicia. Los juzgados ibicencos han tomado nota del drama de la vivienda que sufre Ibiza y están «dando prioridad a todos los asuntos» que tengan relación con ello, según explican fuentes judiciales a Diario de Ibiza.
Ahora, los inquilinos del supermercado están obligados a abandonar el local por iniciativa propia. En caso de negarse, se iniciaría un proceso de lanzamiento forzado por agentes de policía para desalojar el local y poner punto final a una pesadilla, tanto para la propiedad como para los vecinos, que se ha prolongado durante más de cinco años.
Suscríbete para seguir leyendo
