El abogado de tres de los 11 investigados por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz pide la absolución de sus defendidos y asegura que cuando se convocó el puesto que fue adjudicado al músico, el actual presidente del Gobierno no tenía ningún poder político. «Pedro Sánchez era un zombi político», asevera en este texto. Además, señala que los máximos responsables extremeños como eran el presidente autonómico y los presidentes de las diputaciones apoyaban públicamente a Susana Díaz, adversaria política de Sánchez en las primarias del PSOE. Es por ello que señalan que no puede sostenerse que quienes estaban enfrentados al actual presidente de España se aliaran para favorecer a su hermano.
Es parte del escrito de defensa que presenta Rafael Arenas Marmejo, abogado del exdiputado Francisco Martos, y de los funcionarios Manuel Candalija y Emilia Parejo. En este texto, se opone a la única acusación popular cuyo escrito es una «renuncia clamorosa» a la denuncia de 28 de mayo de 2024 que inició este proceso judicial. Lo afirma porque «no tiene prácticamente ningún parecido». Además, señala que la acusación añade una «peculiar calificación jurídica» y también «una gratuita y estrambótica petición de penas», que busca, según el abogado, «causar un daño brutal, definitivo e irreparable a todos los encausados».
Críticas a la acusación
Arenas Marmejo asevera que el auto judicial del que bebe esta acusación está «pleno de afirmaciones taxativas y que no cuida, ni siquiera un poco» la presunción de inocencia de los procesados. No es la única queja que transmite a través del escrito al que ha tenido acceso este diario, sino que afirma que esta acusación lanza ideas y afirmaciones, «la mayor parte de ellas falsas y el resto tergiversadas o sacadas de quicio y contexto». Es por ello, que el letrado ha decidido presentar el escrito de defensa «anormalmente exhaustivo», ya que como dice ha sido «anormal» el procedimiento completo y llega «a esta fase cuajado de conjeturas, pero de ninguna prueba concreta contra ninguno de los encausados». Este escrito se extiende a lo largo de 70 páginas de información.
Basa su petición de absolución en tres aspectos. El primero que no existe ninguna prueba directa, ni indirecta de irregularidad. El segundo que todos los actos administrativos se ajustaron a la legalidad. Por último, señala que la acusación se basa en conjeturas, rumores y construcciones políticas, no en hechos probados.
Separación en tres hechos
La acusación separa tres hechos en la causa: el primero basado en la creación y provisión del puesto de trabajo de Coordinador de Actividades no regladas de los Conservatorios en 2016 y 2017; el segundo referido a la modificación de la denominación de dicho puesto en 2022 (en el que se formula acusación contra Emilia Parejo y Francisco Martos); y en tercer lugar referida a la creación y provisión en comisión de servicios del puesto de Jefe de Sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas (2023 y 2024), en este punto se formula atribución de responsabilidad criminal contra Manuel Candalija.
Ante este contexto, Arenas Marmejo apunta que la «acusación solo se soportaría» si desde la creación del puesto en 2016 «hasta hoy» todos los investigados actuaran llevados por un «mismo y constante elemento subjetivo» para «delinquir». En parte, influenciados por el «interés particular» de David Sánchez «solo por ser este hermano de Pedro Sánchez».
«Seleccionado por méritos y por el proyecto»
En esa primera parte de hechos, la creación del puesto, Arenas asegura en su escrito que la acusación afirma que dicho puesto fue creado a petición del entorno de Pedro Sánchez para beneficiar a su hermano. Sin embargo, defiende a sus clientes diciendo que no participaron en la creación del puesto, se demuestra con actas que el proceso fue transparente y objetivo y que David Sánchez fue seleccionado por méritos y por el proyecto, nunca por enchufismo. «Fue quien ganó el proceso selectivo a base de currículum, formación, experiencia y de la mejor defensa del proyecto», dice.
En cuanto a la fundamentación política para justificar la creación del puesto de David Sánchez esta defensa considera absurdo el planteamiento, ya que recuerda que Pedro Sánchez en 2016 había dimitido y estaba políticamente fuera de juego: «Cuando se aprobó la creación del puesto, Pedro Sánchez era un zombi político». Por tanto, decae la motivación política.
Además, Rafael Arenas Marmejo enumera una serie de indicios que, bajo su criterio, son falsos. Desmiente que existiera prisa o irregularidad en el proceso, niega que el puesto fuera diseñado a medida para Sánchez y demuestra que otros puestos como el de pianista se crearon de manera simultánea.
Asimismo, aboga por la idea de que el proceso de selección del coordinador fue ordinario y respetó las bases. Indica en este texto que no hay indicios de manipulación ni favoritismo.
Pide la libre absolución
En la segunda parte que se juzga, la modificación del puesto de trabajo que pasó a llamarse Jefatura de Artes Escénicas, se acusa a Emilia Parejo y a Francisco Martos de favorecer a David Sánchez con dicho cambio de nomenclatura. Aunque este abogado argumenta que dicha modificación se enmarca dentro de las facultades de auto organización administrativa que recoge la Constitución y la Ley de Régimen Local. No es el único motivo que aporta, también señala que fue aprobada, fiscalizada y publicada conforme a derecho y que no hubo beneficio personal ni alteración sustancial de las funciones de David Sánchez. «Se pretende convertir un acto administrativo en un ilícito penal prevaricador».
La tercera parte, la creación de un nuevo puesto con la nomenclatura de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas, tiene como uno de los investigados a Manuel Candalija, pero su defensa sostiene que fue una creación legal y necesaria dentro del área de Cultura y que no guarda relación con David Sánchez ni con el caso anterior.
El escrito de defensa concluye que no existió trato de favor hacia David Sánchez, tampoco tráfico de influencias ni prevaricación y señala que los procesos fueron objetivos, revisados y aprobados en todas sus fases. Por tanto, solicita que dicte, en su momento, sentencia que acuerde la libre absolución de Manuel Candalija, Emilia Parejo y Francisco Martos y que imponga las cosas a la acusación popular «por su evidente temeridad».
