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El excomisario europeo de Justicia Didier Reynders, que desde diciembre de 2024 estaba siendo investigado por supuesto blanqueo de dinero, ha sido formalmente acusado de ese delito y de «otro u otros» no precisados, según revelaron este martes los periódicos belgas Le Soir, Le Vif, De Standaard y el medio de investigación Follow The Money.
La acusación tuvo lugar el 16 de octubre después de que el político belga fuera interrogado por un juez de instrucción.
Reynders adquirió cierta notoriedad en España durante su mandato como comisario europeo de Justicia al mediar, sin éxito, en las negociaciones entre PSOE y el PP para acordar una reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano judicial español.
La esposa de Reynders, Bernadette Prignon, magistrada honoraria del Tribunal de Apelación de Lieja (Bélgica), fue interrogada poco después de Reynders pero no ha sido acusada por el momento, según Le Soir.
Ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones a la prensa, añade el mismo medio.
La acusación formal no elimina la presunción de inocencia, sino que significa que el juez instructor considera que existen pruebas contundentes de culpabilidad. Además, otorga al sospechoso derechos como la posibilidad de solicitar acceso al expediente del caso.
El político belga, que también ocupó el cargo de ministro de Finanzas (1999-2011) y ministro de Asuntos Exteriores (2011-2019), fue comisario hasta el 30 de noviembre de 2024.
Comenzó a ser investigado tras una denuncia presentada por la Unidad de Procesamiento de Información Financiera (Ctif) y la Lotería Nacional de Bélgica, que detectaron transacciones sospechosas en las que había implicadas grandes sumas utilizadas para la compra de lotería electrónica.
El pasado agosto salió a la luz, por otra parte, que la Fiscalía belga había abierto una investigación al banco ING en Bélgica por posible tráfico de influencias en el marco del caso de supuesto blanqueo de capitales.
Reynders y el CGPJ
La mediación de Reynders en el conflicto para la renovación del CGPJ tuvo como consecuencia principal mantener vivo el diálogo entre PSOE y PP, pese al prolongado bloqueo institucional.
Durante su mandato, Reynders logró visibilizar internacionalmente la crisis en la cúpula judicial española y presionó para buscar acuerdos, pero los desacuerdos entre las partes y sus exigencias opuestas impidieron desbloquear la situación.
Este esfuerzo situó al comisario europeo como actor visible y permitió, temporalmente, estabilizar el proceso de negociación, aunque sin resultados concretos antes de su salida.
Con la marcha anticipada de Reynders, la mediación europea pasó a manos de la vicepresidenta comunitaria Vera Jourová, lo que generó incertidumbre sobre la continuidad y la eficacia del proceso.
Bajo su impulso, el 25 de junio de 2024, se alcanzó finalmente un acuerdo entre PSOE y PP para su renovación, poniendo fin a una situación de interinidad que afectó gravemente el funcionamiento de la Justicia y provocó más de 90 vacantes en altos cargos judiciales.
El pacto supuso el reparto equitativo de los 20 vocales—diez elegidos por cada partido—con el compromiso de abrir en el futuro un proceso para que los jueces participen de forma más directa en la elección de estos miembros, tema muy reclamado por instancias europeas.
No obstante, todavía quedan por resolver las reformas pendientes sobre el sistema de elección y la cobertura de decenas de vacantes en tribunales, así como el reto de asegurar que la nueva etapa permita una mayor independencia y eficiencia en la Justicia española.
