El juzgado de Catarroja, preparado para albergar la causa de la dana / Fernando Bustamante
La investigación judicial sobre la dana que devastó buena parte de la Comunitat Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024 entra esta semana en una fase decisiva. La jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, continúa con una instrucción que, por su alcance y sensibilidad, trasciende el marco procesal. Lo que está en juego no es solo determinar responsabilidades individuales o administrativas, sino ofrecer a la ciudadanía una explicación documentada de lo ocurrido. Cada paso en esta investigación contribuye a reforzar la confianza pública en la justicia y, sobre todo, en el sistema de protección civil.
La declaración prevista hoy de la periodista Maribel Vilaplana ha despertado una especial atención mediática y política. Su comparecencia no es, por sí misma, determinante desde el punto de vista jurídico, pero sí resulta relevante para establecer la secuencia de conocimiento de los hechos y las decisiones adoptadas en tiempo real por las autoridades autonómicas, en especial del jefe del Consell.
La instrucción que dirige Ruiz Tobarra está sirviendo, además, para reconstruir con detalle cómo se desarrolló aquella jornada crítica: desde la emisión de los avisos meteorológicos y las alertas de emergencia hasta la coordinación de los distintos niveles de respuesta institucional. En esa tarea, el juzgado ha solicitado abundante documentación técnica y ha tomado declaración a funcionarios, responsables de emergencias del Consell. El objetivo declarado es establecer una cronología precisa y depurar si existieron fallos de comunicación, retrasos o decisiones inadecuadas que agravaran las consecuencias de un fenómeno meteorológico de enorme virulencia.
Conviene recordar que la dana del 29 de octubre dejó un balance de 229 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales en numerosas poblaciones de la provincia de Valencia. El impacto humano y económico de aquella catástrofe exige una respuesta judicial y política proporcionada. La sociedad valenciana tiene derecho a conocer con exactitud qué falló, si las advertencias se atendieron con la diligencia debida y si la gestión posterior estuvo a la altura de la magnitud del desastre.
La jueza Ruiz Tobarra ha mostrado hasta el momento un criterio de trabajo metódico y prudente. La instrucción avanza con la voluntad de preservar la independencia del proceso. Esa actitud resulta esencial en una causa que implica a responsables públicos y que se desarrolla en un clima de elevada sensibilidad social. La justicia, en casos como este, no solo debe ser imparcial, también debe parecerlo. Su eficacia dependerá tanto de la solidez de las pruebas como de la percepción ciudadana de que nadie está por encima del escrutinio judicial.
Las conclusiones que se extraigan en la instrucción de la dana, más allá de las eventuales responsabilidades, deberían servir para mejorar los protocolos de alerta, la coordinación interadministrativa y la comunicación en situaciones de emergencia. Cada tragedia de esta naturaleza obliga a revisar los mecanismos de prevención y respuesta para evitar que se repitan errores.
La comparecencia de Maribel Vilaplana —como la de otros testigos y responsables— forma parte de esa labor de esclarecimiento. Lo importante es la posibilidad de reconstruir, con datos contrastables, las horas críticas de la emergencia. La información que se derive de su testimonio deberá analizarse en el contexto de una instrucción compleja y extensa.
El trabajo que desarrolla la jueza de Catarroja representa una oportunidad para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas. Las víctimas y sus familias necesitan certezas, no versiones contradictorias. La sociedad necesita saber qué ocurrió, por qué ocurrió y qué medidas deben adoptarse para que una tragedia así no vuelva a repetirse. El rigor de esta investigación será decisivo para lograrlo.
