El Gobierno de Donald Trump presume de una supuesta ola de «retornos voluntarios» para exhibir el éxito de su política migratoria cuando se cumple un año de su victoria electoral, el 5 de noviembre de 2024. Según el Departamento de Justicia, 15.241 personas se acogieron a «salidas voluntarias» en el último año fiscal, el doble que en el anterior. Pero, más allá de lo modesto de la cifra en un país de 347 millones de habitantes, los expertos subrayan que no se trata de «autodeportaciones» ni del resultado directo de las políticas de Trump.
Estas salidas corresponden a personas con casos migratorios abiertos, a quienes un juez ofrece abandonar el país por cuenta propia —con un reembolso de hasta 1.000 dólares— antes de recibir una orden formal de deportación. Así evitan la prohibición de reingresar a Estados Unidos durante al menos 10 años. «Se trata de personas con casos abiertos ante un juez. No estamos viendo que la gente, después de años viviendo en Estados Unidos, decida irse de la nada», señala Ariel Ruiz, analista del instituto Migration Policy, referente en temas migratorios en EEUU..
Pese a que las cifras siguen siendo bajas y las deportaciones reales apenas difieren de las del último año de Biden, el Gobierno ha endurecido las expulsiones no voluntarias. Con la frontera sur casi cerrada y menos entradas, Trump busca mantener el ritmo. «El Gobierno necesita mantener el ritmo de expulsiones para sostener su narrativa de control migratorio, y lo está haciendo con procedimientos más duros y menos transparentes», resume Ruiz.
Desde redadas en espacios públicos hasta procesos acelerados que reducen las garantías de derechos humanos, el lema trumpista también aquí es «Muévete rápido y rompe cosas», como proclamó su exjefe de campaña Steve Bannon. En la práctica, las deportaciones no han crecido: solo se han vuelto más rápidas, opacas y punitivas.
Relato tramposo
Es imposible saber cuántas personas han abandonado Estados Unidos por voluntad propia desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero. Muchos lo hacen sin avisar a las autoridades, y otros son contabilizados en categorías que mezclan realidades distintas. Según las cifras oficiales, ICE ejecutó 319.980 deportaciones entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.
Los oficiales de Trump van mucho más allá, sin ofrecer ningún tipo de prueba. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró en agosto que 1,6 millones de personas han abandonado EEUU «voluntaria o involuntariamente» desde el inicio del mandato, apoyándose en un estudio del Center for Immigration Studies, un grupo defensor de políticas ultraconservadoras.
En cambio, desde el prestigioso Migration Policy Institute, que se define como centro de investigación no partidista y que no ha tomado nunca partido por ningún candidato, lo desmienten. «El Gobierno usa esas cifras como si reflejaran una tendencia masiva, pero no hablan del mismo universo de personas», advierte Ruiz.
El relato político se construye sobre estos castillos de naipes. «Las salidas voluntarias muestran que la estrategia está funcionando», declaró la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, al presentar la medida que ofrece 1.000 dólares a quienes utilicen la aplicación móvil de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para declarar su salida del país y regreso a su país de origen. Quienes no lo hagan, añadió, se enfrentan a la posibilidad de ser enviados a terceros países como Ruanda, Sudán del Sur o Uganda.
Redadas y deportaciones exprés
Las estrategias del Gobierno estadounidense pasan por las redadas y las deportaciones en caliente, incluso cuando implica jugar al límite de la legalidad dentro de los propios tribunales.
«Durante la Administración Biden, cuando un juez cerraba un caso de inmigración por considerarlo ‘no concluyente’, la persona quedaba libre y podía solicitar asilo o regularizar su situación más adelante», explica Ruiz. «Ahora, los abogados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU piden al juez que cierre el proceso para poder detener a la persona justo al salir del tribunal y aplicarle una expulsión expedita», asegura Ruiz, que ha visto cientos de casos como este.
El cierre del caso, que antes podía suponer una oportunidad, se ha convertido en una trampa procesal. En la práctica, el Gobierno está aprovechando los archivos judiciales para acelerar deportaciones sin garantías.
El procedimiento de expulsión expedita permite expulsar sin pasar por un tribunal a quienes lleven menos de dos años en el país o residan cerca de la frontera. Bajo Trump, esa interpretación se ha ampliado: el margen ya no es de 100 millas, sino de 200, y se está aplicando incluso a personas con varios años de residencia o que entraron de manera legal pero sin «admisión formal». También la interpretación de lo que es la frontera se ha diluido: desde las costas hasta la ribera del lago Michigan, cuya otra orilla es Canadá.
Esta ampliación «reduce drásticamente las garantías del debido proceso» y «permite deportar a una persona en cuestión de horas o días, sin revisión judicial ni acceso adecuado a defensa», asegura Ruiz.
«Las democracias no hacen esto», se lee en el cartel que sostiene un manifestante en una protesta en Nueva York contra la deportación de inmigrantes a El Salvador, el 24 de abril de 2025. / Europa Press/Gina M Ran
Encuestas y propaganda
El Departamento de Seguridad Nacional se ha esforzado en reforzar ese relato ante la opinión pública. En un comunicado reciente, citó dos sondeos para afirmar que «el pueblo estadounidense apoya abrumadoramente las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales».
Uno de ellos, de Harvard/Harris, realizado por una consultoría de un aliado del presidente que poco tiene que ver con la universidad de Harvard, indica que el 56% de los votantes registrados respalda «deportar a todos los inmigrantes ilegales», y un 78% apoya expulsar a los que tengan antecedentes criminales – lo cual no es el caso de la mayoría de deportados ya que son detenidos en redadas aleatorias.
Así, entre cifras selectivas y encuestas afines, la Administración Trump intenta proyectar la imagen de un mandato respaldado y eficaz. Pero tras los números se esconde una realidad menos épica: las deportaciones no han aumentado significativamente, solo se han vuelto más rápidas, más opacas y más punitivas.
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