El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación en el Senado por el caso Koldo, ha criticado la adjudicación «a dedo» y «sin control» por parte de Moreno Bonilla a clínicas privadas en el periodo comprendido entre 2021 y 2024, a través de la figura de los contratos de emergencia, cuando esa figura habilitada por el Gobierno para el marco excepcional de la pandemia había quedado totalmente deshabilitada. Causa de este presunto uso fraudulento, los tres últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) del Gobierno de Moreno están imputados en los juzgados.
En una respuesta al senador de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, el presidente ha explicado que cuando llegó a la presidencia del Gobierno la sanidad pública, tanto en el Ministerio como en muchas otras comunidades autónomas estaba totalmente «desmantelada«, «muy debilitado por la crisis financiera, por la precariedad de los recursos, pero también por una política neoliberal que lo que hizo fue privatizar servicios públicos como el de la sanidad, ponerlos en manos de empresas privadas y, por tanto, debilitar esa respuesta pública«.
En este contexto, Sánchez se ha acordado de la Junta de Andalucía y de su presidente, Moreno Bonilla, cuyos tres últimos gerentes del SAS están siendo investigados por presunta prevaricación y malversación de fondos, tras haber adjudicado durante tres años, «a dedo» y «sin control» contratos de emergencias a empresas y clínicas privadas, pese a que el marco establecido para ello ya había sido deshabilitado por el propio Gobierno central.
«Desde el Gobierno central se habilitó un procedimiento de emergencia con el que se permitía contratar de manera directa y, por tanto, sin proceso de licitación, todos aquellos productos necesarios para combatir» el virus y «proteger a nustros profesionales sanitarios y ciudadanía», ha explicado. Asimismo, como muestra de ese «debilitamiento» del sistema público de Salud, ha hecho alusión a la gestión que muchos presidentes y comunidades hicieron de ese marco excepcional fruto de la pandemia.
«Estamos hablando de bienes, de servicios, de suministros para afrontar la pandemia». En mayo de 2021, cuando según el Presidente esa desescalada comienza a producirse, finaliza la posibilidad de habilitar dicho procedimiento para la contratación, que como se ha señalado, evitaba la tramitación de los procesos.
«Es decir, el Servicio Andaluz de Salud adjudicó, mediante este procedimiento de emergencia, más de 242 millones de euros a clínicas privadas sin control, utilizando el procedimiento de emergencia para la pandemia, y lo hicieron hasta el año 2024«, según ha afeado Pedro Sánchez antes de remarcar que, «como consecuencia de ello, hoy los tres últimos gerentes» del SAS «están imputados por prevaricación, malversación, y la Fiscalía Anticorrupción investiga estos contratos».
Frente a ese comportamiento, el presidente ha defendido que su Gobierno tuvo que «responder de manera urgente a algo inédito como era la aparición de un nuevo virus en nuestras vidas» respetando «escrupulosamente la legislación y, en cuanto se produjo la desescalada acabamos con ese procedimiento extraordinario de contratación pública, siempre vinculado a todos aquellos productos, bienes, servicios que desde luego tenían que ver con la emergencia sanitaria», según ha subrayado Pedro Sánchez para concluir.
