En 2007, el diario carioca O Globo le pidió a urbanistas e intelectuales que imaginaran cuál podía ser la fisonomía de Río de Janeiro en las próximas décadas. Uno de ellos proyecto un gran edificio que exhibía en las alturas un enorme cartel rojo de una engañosa similitud a los de la cadena de hamburguesas McDonald’s. Pero la sigla era distinta: CV. El futuro, se sugería, estaba en parte asociado a la proyección del Comando Vermelho. Las escenas propias de una guerra en la zona norte de la «ciudad maravillosa», donde la alta tecnología de los drones era utilizada tanto por el narcotráfico como las fuerzas del Estado, le dieron a aquella imagen de hace 18 años el carácter de una profecía no escuchada. El enfrentamiento entre la policía y el CV terminó con 121 muertos confirmados y la exposición de 56 cadáveres rodeados por sus familiares. Lo que ocurrió en una Río de Janeiro todavía perpleja y temerosa, en especial sus barriadas pobres, los complejos de Alemão y Penha, se proyecta por estas horas más allá de Brasil. La operación más letal y controvertida en la historia brasileña ha tenido lugar en momentos que la Administración de Donald Trump considera a los carteles de la droga «narcoterroristas» que pueden ser abatidos en aguas internacionales e inclusive territorios ajenos como si se trataran de un ejército enemigo.
El CV es una organización que cuenta con miles de integrantes y desborda los límites del estado carioca. Sus ramificaciones se extienden dentro y fuera del gigante sudamericano. Parte de sus «soldados» arrestados tras los enfrentamientos con la policía provenían de otras de sus regiones. Lo que adquiere por estas horas mayor nitidez para la sociedad es no solo el crecimiento exponencial del CV. Sus orígenes están ligados a decisiones adoptadas por la última dictadura militar (1964-85). A fines de los años 60, el régimen modificó la Ley de Seguridad Nacional, y mezcló en la misma prisión a los presos políticos, parte de ellos guerrilleros, y los delincuentes comunes. La convivencia forzada se convirtió en la primera escuela de quienes fundarían el grupo capaz de desafiar al poder político de Brasil. Los disidentes encarcelados crearon despensas colectivas, bibliotecas, farmacias comunitarias y establecieron un sistema de representación ante las autoridades penitenciarias.
«El Profesor»
William da Silva Lima, tomó nota de esa ingeniería al fundar la facción Falange Vermelha, en principio con el propósito de enfrentar la tortura y los malos tratos. Esa historia fue contada en el filme Quase Dois Irmãos por Lucía Murat hace 21 años. Conocido entonces como «el profesor», Da Silva Lima relata en Quatrocentos contra Um (Cuatrocientos contra uno) cómo fue ese aprendizaje. «Me comprometí a apoyar el esfuerzo por mantener la unidad y evitar cualquier manifestación de individualismo. Un grupo más informado actuaba como organizador del colectivo y había una comisión encargada de negociar, en nombre de todos, con la Administración. En la distribución de los cubículos, se intentaba juntar a los compañeros que tenían y no tenían visitas, para garantizar que todos tuvieran acceso a ayuda externa, generalmente refuerzo alimentario o material de higiene». En las frecuentes reuniones compartidas «se discutían problemas internos y generales, incluyendo sesiones de lectura colectiva. La historia de la riqueza del hombre y Vietnam: la guerrilla vista desde dentro eran dos de los libros que teníamos allí».
Cuando los presos políticos comenzaron a recuperar su libertad, la «Falange» devino «Comando» y se alejó de las rutinas doctrinarias y su lema «Paz, Justicia y Libertad». Una de sus primeras acciones fue recaudar fondos propios para financiar decenas de resonantes fugas. Fue, sin embargo, la expansión del negocio de la cocaína la que le dio la fisonomía a partir de los años 80. El crecimiento fue paralelo al del Primeiro Comando da Capital (PCC), que operaba en Sao Paulo.
La droga es en la actualidad una fuente de acumulación económica diversificada en otros rubros, desde el oro y la madera a la venta irregular de combustible, cigarrillos y alcohol. Las actividades derivadas del lavado de dinero son la especulación financiera, el negocio inmobiliario, la fabricación de armas y hasta el comercio minorista. El CV ha traspasado fronteras y está presente al menos en Paraguay y Argentina.
La derecha en acción
Los hechos que estremecieron a Río de Janeiro y Brasil tienen una dimensión que exceden lo delictivo. El gobernador carioca Claudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, no dudó en utilizar el calificativo de «terroristas» y pedir que el Estado nacional no escatime su poder de fuego para neutralizarlos. Mientras Río de Janeiro contaba los muertos, Castro, recordó Míriam Leitão, columnista de O Globo, se declaró orgulloso de lo que había ocurrido. «Peor que su distorsión del análisis es el hecho de que el Tribunal Supremo Federal, en una votación única en abril, ordenó a Río hacer exactamente lo contrario, tener un plan para reducir la letalidad de las operaciones».
El motivo de la desobediencia a la máxima instancia judicial se conecta con la coyuntura. De acuerdo con Vinicius Torres Freire, del diario paulista Folha, las derechas estaban acorraladas «tras casi tres meses de derrotas», entre ellas la condena de Bolsonaro y el inicio de las negociaciones entre Trump y Luiz Inácio Lula da Silva para recomponer las relaciones bilaterales. «Ahora planean una contraofensiva cadavérica. Los gobernadores quieren hacer propaganda de la matanza en Río de Janeiro para crear un lema de campaña y preparar un ataque al Gobierno federal». En este contexto, el gobernador Castro «copió» la política de guerra nacional e internacional del magnate republicano. «Además de vasallaje, es ignorancia y propaganda de guerra». Por este camino, «difícilmente el país saldrá del ciclo de muerte, del círculo de sangre. El crimen organizado se fortalece». El senador Flávio Bolsonaro se había adelantado a Castro. La semana pasada propuso a Estados Unidos aplicar en aguas brasileña la misma medicina de los bombardeos a las embarcaciones que supuestamente transportan droga en el Caribe y el Pacífico.
Respuesta del Gobierno
El Gobierno de Lula tomó nota del giro retórico de Castro. Por un lado anunció la instalación de una oficina de emergencia para enfrentar al CV. A la vez, publicó en las redes sociales un vídeo en el que critica la llamada Operación Contención en el norte de la ciudad. De un lado, se subraya lo evidente: el crimen organizado «destruye familias, oprime a los residentes y difunde las drogas y la violencia en las ciudades». Al mismo tiempo remarca la necesidad de combatir a la «cabeza» de esta organización, y pone como ejemplo la reciente redada al PCC en la que la fiscalía, el fisco y la policía desbarataron una poderosa red vinculada a la actividad bursátil y en el sector de la energía. «Para que la lucha contra el crimen funcione, se necesita más inteligencia y menos sangre». Y concluye: «Matar a 120 personas no sirve de nada. Aunque todos sean delincuentes, mañana habrá otros 120 haciendo el mismo trabajo«. Ricardo Balestreri, exsecretario nacional de Seguridad Pública fue al respecto contundente. El CV ha alcanzado un «poder tiránico» sobre amplias zonas de Río y «no se puede permitir el dominio de estos delincuentes, ejercido con armas largas». No obstante, considera que combatir el crimen organizado «solo en las favelas (barriadas pobres) es engañar a la población».
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