El Gobierno ha respondido a la Comisión Europea por el procedimiento de infracción abierto por la opa de BBVA sobre Sabadell y ha trasladado que, en el marco de la transposición de la nueva Directiva de Requerimientos de Capital, adaptará la normativa doméstica para garantizar que la competencia en materia de supervisión prudencial sea «exclusiva» del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España.
Según trasladaron desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a Servimedia, en la carta se ha comprometido este cambio «sin perjuicio del papel de otras autoridades en el marco de sus competencias, como es el caso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)».
Economía también ha trasladado en su carta los argumentos en relación a la compatibilidad de la normativa española con la europea en materia de fusiones bancarias y sostiene que es plenamente compatible. El departamento que dirige Carlos cuerpo espera que con la respuesta dada «puedan quedar resueltas las dudas que plantea la Comisión».
La Comisión Europea comunicó el pasado 17 de julio la apertura de un procedimiento de infracción a España por incumplir la legislación europea al otorgar en las normas nacionales «facultades ilimitadas» al Gobierno para intervenir en fusiones bancarias, lo que choca con las leyes europeas, tras la decisión del Gobierno de prohibir la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell durante al menos tres años.
El procedimiento contemplaba un plazo de dos meses para responder y subsanar, y en caso de no hacerlo «satisfactoriamente», la Comisión «podría decidir emitir un dictamen motivado» para que España cumpla con la legislación, instándole a informar a la Comisión, en un plazo de normalmente dos meses, acerca de las medidas adoptadas al respecto. El Gobierno solicitó seis semanas de prórroga que finalizaban este jueves.
Invasión de competencias
Aunque la opa ha fracasado y, por tanto, la condición del Gobierno no se aplica, el procedimiento sigue abierto, como confirmó el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, el pasado 17 de octubre porque se sostiene en que hay postulados de la ley española que van en contra de la europea e invade competencias exclusivas del BCE, de los supervisores nacionales, infringe la regulación bancaria europea y la libertad de movimiento del capital.
El procedimiento se abrió, según precisó la Comisión en julio, porque España incumple el Reglamento sobre el Mecanismo Único de Supervisión y la directiva sobre requisitos de capital, así como los artículos 49 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El organismo considera que determinadas disposiciones de la legislación bancaria y de competencia españolas, que otorgan al Gobierno español facultades «ilimitadas» para intervenir, «vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo y de los supervisores nacionales en virtud de la normativa bancaria de la UE». Asimismo, considera que estas «amplias facultades discrecionales constituyen restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales».
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