Solo el año pasado, la Fiscalía Europea, responsable de investigar los delitos contra los intereses financieros de la Unión, abrió 1.505 investigaciones por un daño estimado en casi 13,5 billones de euros —con b—. En España se iniciaron 48, con una estimación del perjuicio de más de 215 millones de euros. De las 75 investigaciones en curso que afectan a nuestro país, 16 tienen una dimensión transfronteriza y 12 son relativas al fraude del IVA. La Cátedra Jean Monnet de la Universidad de Murcia recibe hoy al fiscal europeo Ignacio de Lucas, criado en el barrio del Carmen y que estudió Derecho en la UMU, para impartir una ‘Jean Monnet Lecture’ sobre el órgano judicial europeo, poco conocido y que echó andar en 2021.
La Fiscalía Europea es una gran desconocida. Supongo que dedicará buena parte de su intervención en la Universidad de Murcia a explicar qué es lo que hace.
Efectivamente. Trabajamos 24 fiscales europeos en Luxemburgo, uno representando a cada uno de los países de la UE menos Dinamarca, Hungría e Irlanda. Luego hay fiscales europeos delegados que son los que investigan en cada uno de los países. Yo no investigo nada y no dirijo ninguna investigación. Los fiscales europeos delegados son los que dirigen.
Destaca su independencia porque hay quien le acusa de influir sobre alguna investigación al haber sido propuesto por el Gobierno.
A mí no me nombra el Gobierno español. Hice una entrevista con 15 expertos de la UE y me nombró el Consejo de la Unión porque quedé el primero de la lista. A partir de ahí, soy independiente y no recibo órdenes de nadie de España.
Pero a los fiscales delegados los nombra el Ministerio.
Después de un proceso de selección. Luego, en Luxemburgo hay un órgano, que se llama el Colegio de la Fiscalía Europea, donde estamos los 24 más la fiscal general europea y, si nos llega el currículum de un fiscal europeo delegado que no es acorde con los estándares, le rechazamos.
«Que los fiscales dirijan la investigación eleva el nivel de garantías y nos acerca a un modelo más extendido»
¿Usted supervisa los casos españoles?
Nunca. Las investigaciones se monitorean por lo que se llaman ‘salas permanentes’, en Luxemburgo. Cada una de ellas, tenemos 15, está constituida por tres fiscales europeos. Yo, por ejemplo, soy miembro de dos salas y ninguna de ellas va a poder revisar casos españoles para que haya una garantía de independencia. Los casos españoles se supervisan en las otras 13 salas que están constituidas por fiscales alemanes, austríacos, italianos, etc. Si quisiera archivar un procedimiento español no podría.
¿Le preocupa la falta de confianza en el Poder Judicial?
Creo que hay ahora mismo una sombra de parcialidad sobre todo lo que hacemos y que va socavando la credibilidad de las instituciones. Cuando empecé como fiscal, allá por el 96, si alguien no estaba de acuerdo con una resolución, recurría. Ahora se piensa que el árbitro está comprado.
¿Quién cree que nos está llevando a desconfiar?
Creo que forma parte de la amenaza híbrida, entendida no solo como concepto de defensa. También tiene que ver con apartar a la población de los medios tradicionales con el fin de desestabilizar a los estados. Y así, desde orígenes que no están muy claros, se empiezan a generar relatos. Y y en eso estamos. Por eso es tan importante la labor que hacen los medios de comunicación.
El fiscal europeo Ignacio de Lucas estará hoy en la Universidad de Murcia / Juan Carlos Caval
En la Fiscalía Europea son ustedes los que dirigen las investigaciones, justo lo que busca el Ministerio para España con la nueva ley.
Son los fiscales europeos delegados en los países los que las dirigen. Por supuesto, hay unos jueces de garantía, que son los centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Y hay que decir que nadie ha saltado de la tumba porque se esté cometiendo una vulneración de derechos y garantías intolerable. ‘Per se’, el hecho de que fiscales dirijan la investigación no representa más que acercarnos a un modelo extendido en todo el mundo y que eleva el nivel de garantías.
Investigan delitos financieros contra la UE. ¿Persiguen a administraciones públicas?
Abrimos diligencias cuando no está claro a dónde han ido a parar fondos europeos, como los referentes a la Política Agraria Común, los Next Generation, los del Mecanismo de Recuperación y de Resiliencia… Normalmente, la acusación se dirige contra el beneficiario de esos fondos.
La empresa.
Claro, quien ha falsificado las condiciones para solicitar una ayuda o quien ha utilizado los fondos para fines distintos. Es decir, podemos encontrarnos ante escenarios distintos.
¿Entraría el caso Ábalos y las mordidas del AVE en Murcia?
Podría entrar, pero no puedo hablar de casos concretos. Estimamos que éramos competentes, pero el Tribunal Supremo no lo hizo.
¿Teme que sean vistos como un órgano burocrático más?
La Fiscalía Europea representa un valor añadido por el modelo de investigación que desarrolla en 24 países a la vez. Es más, hay una un tipo de fraude que ha aflorado gracias a nuestras investigaciones: las relacionadas con el fraude de IVA. En la última operación se evitó un fraude que rondaba los 25 millones de euros. Eso no lo hace un individuo solo, sino un entramado desplegado en distintos países de la Unión y, normalmente, con terceros países donde lavan el dinero. Contamos con un equipo de analistas que son capaces de detectar las coincidencias, empresas que, de repente, aparecen en varias investigaciones. Es lo que llamamos ‘visión de helicóptero’.
En la Región de Murcia, la Justicia siempre pide más medios. ¿Usted también se lo pide al Ministerio?
España cuenta con siete fiscales delegados europeos. Italia tiene veinte. Aún así, en el último año se incrementó el número de investigaciones en un 56% en relación con el año anterior. Las diligencias serían más ágiles y, por tanto, más eficaces si incrementáramos la plantilla. Estamos hablando con el Ministerio de Justicia en esa dirección.
