El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deberá comparecer este jueves en la ‘comisión Koldo’ del Senado después de que las comparecencias en el Tribunal Supremo del exgerente del PSOE y de una trabajadora de la Secretaría de Organización no hayan disipado las dudas sobre el sistema de pagos en metálico del partido.
Más bien al contrario: las declaraciones como testigos de Mariano Moreno y Celia Rodríguez pusieron de manifiesto que esos pagos en metálico se han venido haciendo con la sola presentación de facturas o tácets de gastos por actividades cuya realidad nadie comprobaba.
Tampoco se verificaba que el dirigente del PSOE que presentaba esos tickets fuera el que había incurrido en esos gastos. Y no se examinaba el modo en que había pagado por adelantado la supuesta actividad relacionada con el partido que había realizado.
De este modo, el sistema de pagos en metálico que el PSOE ha mantenido hasta el pasado año (hay liquidaciones a favor de Santos Cerdán, sucesor de José Luis Ábalos como secretario de Organización, en octubre de 2024) permitía endosar al partido como gastos propios cualquier factura de comida o alojamiento supuestamente pagada previamente por un dirigente o empleado.
Un sistema que, según admitió quien fue gerente del partido hasta octubre de 2021, funcionaba así «para la Secretaria de Organización y para toda la Ejecutiva«, de la que Pedro Sánchez es secretario general.
Así lo indicó Moreno a preguntas del instructor, el magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, que no dejó de poner de manifiesto su extrañeza por la ausencia de controles elementales en los pagos en metálico que se hacían en Ferraz.
Mariano Moreno confirmó el nuevo escrito en el que el PSOE justificó, 48 horas antes de las citaciones, la salida de fondos de una cuenta bancaria del partido para nutrir la caja desde la que se pagaban las liquidaciones de gastos previamente satisfechos por los dirigentes y empleados.
Cerca de un millón (940.388 euros) ingresado en efectivo en la caja entre 2017 y 2024.
Los reintegros bancarios se ordenaban desde Ferraz y llegaban al partido en vehículos de una empresa especializada en el transporte seguro de dinero en metálico.
«No alcanzo a comprender el sentido de que, si el dinero está en el banco, tenga que contratarse a una empresa, en lugar de pagar directamente desde el banco. No entiendo la ventaja», manifestó el instructor.
El exgerente respondió que ese sistema «ya era así» cuando él fue contratado como gerente en junio de 2017. «Estaba dentro de la cultura organizativa de funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Federal».
«Muchos trabajadores que tenían actos públicos o desplazamientos a lo largo del año anticipaban sus gastos y estaban deseando llegar a Madrid para que la liquidación fuera hecha por caja», añadió.
El instructor expresó entonces su escepticismo ante la respuesta del testigo, porque minutos antes la empleada del PSOE Celia Rodriguez había explicado que el departamento de administración solo daba tres días, con un horario determinado y exclusivamente en la penúltima semana de cada mes para liquidar los gastos. «Eso más lento que una transferencia bancaria», resumió el instructor.
Además, «en esa época todo el mundo tenía reticencia al dinero en metálico por la pandemia», recordó.
No fue la única intervención de Puente que evidenció la ausencia de controles para los pagos en efectivo en Ferraz.
Riesgo de «blanqueo»
En un momento de la declaración, el instructor preguntó a Moreno si sería posible que un dirigente o empleado del partido «recolectase tickets de un restaurante» y los presentase para cobrar su importe como si el gasto correspondiese a una actividad del partido.
«No lo sé», admitió el exgerente.
«¿No había métodos de control?», insistió el magistrado.
«En ese momento no se comprobaba eso«
«¿Ni siquiera se comprobaba que la persona era la que había pagado el restaurante?»
«No se comprobaba», reconoció Moreno, que dijo que se miraba que la factura tuviera el CIF de la empresa emisora, el concepto del gasto y que la liquidación llevara la firma de un dirigente autorizado, en este caso Ábalos como secretario de Organización.
«No parece un control muy efectivo», le espetó el juez.
Puente también intervino cuando el abogado de Victor de Aldama, José Antonio Choclán, preguntó al testigo si se controlaba el modo de pago (con tarjeta, en efectivo) utilizado por la persona que había anticipado los fondos para gastos del partido.
«Ya ha respondido», dijo el juez, «No solamente no se comprobó si se pagaba en efectivo, es que ni siquiera se comprobó que hubiera pagado» los gastos luego presentados a liquidación en Ferraz.
La pregunta era relevante porque la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detectado el manejo por Ábalos y por su asistente, Koldo García, de dinero en metálico de origen desconocido.
El juez manifestó al exgerente que «no parece que tuvieran un control válido si quieren evitar que se produzca un blanqueo a través de la devolución de gastos«.
Deducir testimonio
El pasado día 20, cuando acordó citar a declarar a Moreno y a Rodríguez, el instructor explicó que sus testimonios eran necesarios para esclarecer el dinero pagado por el partido a Ábalos y García y los descuadres detectados por la UCO.
En aquella resolución, Puente mencionaba que esas testificales también eran necesarias para «deducir, si hubiera lugar a ello, los correspondientes testimonios para su eventual investigación«.
Durante la declaración de Celia Rodríguez el juez dejó entrever que esa investigación puede ser, en efecto, precisa.
Cuando el abogado del PP, Alberto Durán, preguntó a la testigo si tenía formación en materia de cumplimiento normativo, Puente le dijo «la declarante está como testigo. Esa pregunta quizá tenga ocasión de hacerla, pero no a ella».
