Declaración institucional del ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón. / EP
Hoy hace un año que la Dana arrasó Valencia y sus comarcas adyacentes, provocando una tragedia incontrolable. Dos centenares largos de muertos —237— son demasiados para que el calendario pueda pasar sin detenerse. Hoy, un funeral de Estado los recordará, y la solemnidad servirá para devolver a las víctimas un poco de la dignidad que la catástrofe les arrebató.
Pero bajo los crespones, late una verdad incómoda: lo que pasó no fue sólo obra del cielo. Fue también la consecuencia de décadas de mirar hacia otro lado, de construir donde no se debía, de despreciar las advertencias técnicas y de confiar demasiado en que la estadística retrasara el desastre. Las Dana no se pueden evitar, pero sí se puede aminorar su efecto. Y aquí no se hizo lo suficiente.
El presidente autonómico, cadáver político errante de acrobáticascontradicciones, recibe hoy señalamientos cruzados pero no es el único responsable. La oposición le acusa de todo; sus aliados le reprochan no haber defendido mejor la gestión. Ambos le afean su ausencia del puesto de mando, en las horas críticas de la tragedia.
Tal vez todos tengan razón. Pero sería una impostura pensar que la responsabilidad es exclusiva de un gobierno, de un partido o de un político. La geografía de la catástrofe se ha trazado durante años, bajo colores distintos. La Dana no distingue siglas: se llevó vidas, hogares y certezas de todos.
Compartir culpas no es diluirlas. Es reconocer que la prevención hidráulica no se improvisa en la víspera de la tormenta, sino que se construye con inversiones serias, controles estrictos y una cultura cívica que coloque la seguridad por encima del negocio fácil. Si no se comparte la culpa, tampoco se compartirá la enmienda. Y la enmienda es la única justicia posible para quienes murieron y para quienes quedaron.
Ni todas las alertas del mundo habrían evitado el horror de aquel día. La omisión —un almuerzo interminable— no aumentó el riesgo de la catástrofe natural, pero sí dejó consecuencias políticas de primer orden. Al día siguiente debió dimitir. Tampoco el Ejecutivo central — “si necesitan ayuda que la pidan”— asumió inmediatamente la dirección de las labores de rescate y reconstrucción.
El funeral recordará a las víctimas. La política debería señalar, de una vez, a los responsables. Todos ellos.
