La aprobación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre de Doñana por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha desatado una tormenta de críticas y un frente común de oposición que abarca desde la comunidad científica hasta administraciones locales y autonómicas.
La decisión, adoptada el pasado 16 de octubre y que en teoría sirve para delimitar los espacios de máxima protección, es vista por numerosos actores como una medida que legitima usos agrícolas ilegales, ignora la evidencia científica más reciente y compromete gravemente el futuro del humedal más importante de Europa.
El deslinde, un trámite de naturaleza jurídico-administrativa concebido como una herramienta para mejorar la protección del espacio natural, se percibe como un paso en falso con consecuencias profundas. La Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular (PP), ha sido una de las primeras voces en alzar la protesta de manera oficial.
«Acto de deslealtad con la ciencia»
El Gobierno de Juanma Moreno considera que la resolución ministerial, lejos de aclarar y fortalecer la protección, consolida situaciones irregulares en la corona forestal de Doñana, una zona de alto valor ecológico que actúa como colchón para el parque nacional. Desde la administración autonómica se argumenta que este deslinde no se ajusta a la realidad hidrológica y ecológica actual y debilita el marco legal de protección.
Marismas del Rocío en el parque nacional de Doñana. / EFE / Raúl Caro
En la misma línea, varios ayuntamientos de la comarca, incluyendo Almonte y Moguer, han expresado su descontento. Sus alcaldes, aunque reconocen la necesidad de una delimitación clara, sostienen que la aprobada perpetúa conflictos históricos, que no aporta la seguridad jurídica que necesitan tanto el espacio natural como las actividades económicas de la zona y que supone un peligroso precedente.
La oposición más contundente proviene de la comunidad científica y las organizaciones ecologistas, para quienes el deslinde aprobado es un «acto de deslealtad con la ciencia«. «Este deslinde amenaza su futuro y contradice a la ciencia, han primado las decisiones políticas sobre las técnicas», añaden.
Presiones políticas y económicas
Miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que llevan décadas estudiando el ecosistema han alertado de que la delimitación no tiene en cuenta las conexiones hidrológicas subterráneas esenciales para la supervivencia de las marismas.
WWF sostiene que el deslinde que no garantiza la protección a largo plazo de Doñana, ya que no se basa en criterios puramente científicos e hidrológicos, sino que está condicionado por presiones políticas y económicas. Según esta ONG, el deslinde puede propiciar la pérdida de, al menos, dos tercios de la marisma de agua dulce de Doñana.
Vista aérea de la laguna de Santa Olalla, en Doñana, en octubre de 2024, seca por tercer año consecutivo. / EBD-CSIC
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio, había emitido informes previos que alertaban sobre los riesgos de un deslinde que no reflejara la verdadera extensión de las zonas húmedas y su dependencia del acuífero. Asimismo, la Abogacía del Estado había expresado reservas sobre la solidez jurídica de la delimitación ante posibles contenciosos, lo que revela fisuras incluso dentro de la Administración General del Estado.
La explicación del Ministerio
Frente a este clamor, el MITECO defiende su decisión. Argumenta que el deslinde se ha realizado ajustándose a la legalidad vigente y que supone un avance en la regularización y ordenación del espacio. Insiste en que su objetivo es compatibilizar la protección medioambiental con la realidad socioeconómica de la comarca, y señala que las labores de control y sanción de ilegalidades corresponden a la Junta de Andalucía.
La explicación ministerial no ha logrado apaciguar a los críticos, que ven en ella un intento de «eludir responsabilidades» en un contexto de alta tensión política. El cierre de esta ‘guerra’ dista de estar cerca. La Junta de Andalucía ha anunciado que recurrirá la resolución ministerial ante los tribunales, un proceso que podría alargarse durante años.
Pozo ilegal precintado en la zona de Doñana. / EFE
Mientras tanto, la Unión Europea, que ya mantiene abierto un expediente a España por la degradación de Doñana, observa con preocupación los acontecimientos. El futuro del humedal, según los ecologistas, pende de un hilo, al estar atrapado en una compleja red de intereses políticos y económicos que amenazan el futuro de un patrimonio natural único.
