Un año después de la dana que acabó con la vida de 229 personas y arrasó decenas de municipios causando pérdidas de miles de millones de euros y dejando centenares de miles de damnificados, la situación de la Comunitat Valenciana, lejos de ofrecer signos esperanzadores, sigue siendo muy preocupante.
Los familiares de las víctimas, que el próximo miércoles serán protagonistas de un funeral de Estado que llega con doce meses de retraso y envuelto en polémicas, no han recibido una disculpa digna de tal nombre por parte de las administraciones y ni siquiera han sido escuchadas aún, ni en las Corts ni en el Congreso, por las autoridades.
La reconstrucción avanza, pero en medio de grandes dificultades por la desconexión entre las administraciones central y autonómica que, por no ser capaces, ni siquiera lo han sido para abrir puntos de información conjunta a los ciudadanos, que a la desgracia de perderlo todo en muchas ocasiones deben sumar el sarcasmo de que se les someta a una burocracia asfixiante y se les atemorice a la hora de tramitar las ayudas que en justicia les corresponden.
Los ayuntamientos reciben fondos, pero no tienen capacidad para gestionarlos ni nadie que les ayude a hacerlo. Ante unos hechos extraordinarios, ningún gobierno ha sido capaz de adoptar mecanismos asimismo extraordinarios. Ni siquiera han coordinado sus respuestas.
Pero, con ser gravísimas, la dana no sólo ha tenido consecuencias físicas sobre las vidas de las personas o sus bienes. También las ha tenido morales. La sociedad valenciana se ha visto convertida en estos doce meses en rehén de una batalla política descarnada entre el PSOE, que gobierna en Madrid, y el PP, que gobierna en València. Ha visto cómo todas sus instituciones se ponían en solfa, cómo los organismos encargados de protegerla se ponían en cuestión y cómo se pretendía enfrentar a unos ciudadanos con otros en momentos en los que la unidad era más necesaria que nunca.
Son muchos los responsables de esta situación. Pero si hay uno por encima de todos es precisamente aquel al que los valencianos eligieron en 2023 para que encabezara su gobierno: Carlos Mazón, president de la Generalitat.
Mazón, que no ha pedido nunca de forma directa y sin ambages ni matizaciones perdón a las víctimas, ha puesto bajo mínimos su credibilidad y la de la institución que representa al aportar innumerables versiones de su papel en la jornada trágica del 29-O, versiones que hasta ayer mismo se han ido corrigiendo, cuando no desmintiendo.
El último ejemplo se ha producido este mismo fin de semana, cuando este periódico ha desvelado que tras su larga comida de cuatro horas con una periodista, y con la catástrofe ya desencadenada, Mazón tampoco volvió directamente a su despacho, sino que aún se fue tranquilamente a acompañar hasta su aparcamiento a la persona con la que había almorzado. Resulta inconcebible, y sonrojante, que a estas alturas aún seamos los periódicos los que tengamos que desvelar detalles como este del comportamiento de un presidente que ni aun con 229 muertos contabilizados ha sido capaz todavía de aclarar lo que estaba haciendo el día en que esos ciudadanos perdían la vida.
Un líder no es líder si desaparece en el momento en que se le necesita. En términos penales, eso tendrá castigo o no. Pero en términos políticos y éticos no tiene discusión alguna. Mazón no estuvo cuando debía, no atendió la urgencia de las llamadas o las alertas, no hizo literalmente nada, que se sepa, en la larga tarde del 29-O, cuando más de dos centenares de valencianos se ahogaban, para tratar de ayudarlos, a pesar de que había un aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología que en ningún momento se retiró. Todo lo demás: si llovieron más litros o menos, si había obras que deberían haberse realizado y no se habían ejecutado, si la información que se recibía era más precisa o menos, si se desplazó de aquí allá de esta forma o de la otra… todas esas argumentaciones siempre serán secundarias porque nunca podrán justificar lo único que doce meses después se sabe con certeza: que el president de la Generalitat, el primero de los valencianos no estaba donde tenía que estar cuando tenía que estar.
El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ligó la continuidad de Mazón a su éxito en la reconstrucción. Y el propio president Mazón también lo hizo. Pero si algo se ha demostrado en estos doce meses es que esa reconstrucción no puede salir adelante si Mazón no es sincero con los valencianos. El 29 de octubre de 2024 no sólo se produjo una quiebra física, de las personas y sus bienes. Sino también una moral que es tan preciso reparar como la otra. Mientras el president Mazón no comparezca para explicar, detalladamente y sin más confusión, lo que hizo y dónde estuvo, en definitiva, el cómo, cuándo y por qué del peor día vivido en décadas por sus conciudadanos, la sociedad valenciana no podrá confiar en sus instituciones. Ha transcurrido un año. Es mucho más del que ninguna víctima merecería haber tenido que esperar. Más del que los valencianos, 50.000 de los cuales volvieron a salir a la calle este sábado para clamar por este trato, deben soportar. Así que o de una vez por todas Mazón comparece para detallar qué pasó o por el bien de todos, e incluso de él mismo, debe marcharse.
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