Ha sido nombrado recientemente fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo en Las Palmas. ¿Qué objetivos se propone al frente de esta nueva área?
Asumir esta delegación de Medio Ambiente y Urbanismo supone para mí un reto personal y profesional. Ya conocía la materia y consideraba que mi aportación a la sección podía ser interesante, por eso decidí optar a la misma. Desde el punto de vista de los objetivos, lo principal es continuar con la gran labor que han realizado todos los delegados que han sido parte de la misma. Desde Guillermo García-Panasco, que fue el primer delegado, Javier Ródenas, Carlos Fernández y Clara Serrano. La labor no puede ser otra que continuar con ese gran trabajo de la sección, que ha sido objeto y merecedor de reconocimientos nacionales e internacionales.
La fiscal jefa provincial, Beatriz Sánchez Carreras, ha valorado su experiencia desde 2010 en la sección de Delitos Económicos. ¿Qué relación guarda esta materia con la prevaricación urbanística?
Ambas materias presentan importantes similitudes. Las instrucciones suelen ser complejas, con un gran número de investigados, y, además, los delitos de prevaricación urbanística en pocas ocasiones aparecen de forma aislada. En la mayoría de las ocasiones hay una motivación económica precedente, con intento de ocultación de los beneficios procedentes del delito, algo que es muy habitual es delitos económicos y en los procedimientos concursales. Por ello, el conocimiento y la especialización en materia de delitos económicos es de mucha utilidad.
¿Cuáles son los principales retos que tiene ahora por delante?
El objetivo es continuar con la labor que se ha venido desarrollando en la sección desde su creación. Respecto de los retos que me marco, profundizar en la cooperación y colaboración con las instituciones con competencias en materia de medio ambiente. También creo que es importante que la actividad que realizamos todos los componentes de la sección sea conocida por la ciudadanía. El gran valor de esta sección está en los fiscales que formamos parte de ella.
Hay una gran dificultad a la hora de identificar el origen de los fuegos forestales y la autoría
Presentó, junto al fiscal Anticorrupción, la querella que abrió el caso Valka por una presunta trama corrupta en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo afronta las complejidades de un proceso a tan gran escala?
Efectivamente, ese procedimiento se inició por la querella conjunta que interpusieron tanto el fiscal delegado Anticorrupción, Javier Ródenas, como la entonces delegada de medioambiente, Clara Serrano. Las complejidades de un procedimiento de este tipo, en lo que se refiere a las piezas de medioambiente, que son las que voy a asumir yo, se llevan o se afrontan como es habitual, con trabajo, esfuerzo y dedicación. No hay otra forma de poder abordar un procedimiento tan complejo, con tantas piezas separadas y tantos investigados.
¿Diría que es uno de los principales retos que tiene ahora mismo la sección?
Sí, es uno de los procedimientos más mediáticos que tiene la sección de Medio Ambiente en lo que se refiere a sus piezas separadas. Hay otros procedimientos que también tienen importante relevancia desde el punto de vista más estricto del medio ambiente, pero si hablamos de derechos de prevaricación urbanística, es verdad que el caso Valka es el procedimiento más complejo que actualmente tiene la sección.
Miguel Hernández, nuevo fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo. / Andrés Cruz
La memoria de la Fiscalía refleja la apertura de 36 diligencias de investigación en su área en 2024, más de la mitad por delitos contra la ordenación del territorio. ¿Las construcciones ilegales siguen siendo la principal lacra?
Sí, estadísticamente sigue siendo la principal lacra. Este año se han incoado en la provincia de Las Palmas, hasta lo que va de fecha, 70 diligencias de investigación. Entre esas, casi el 70% son delitos contra la ordenación del territorio. Entonces, la respuesta debe ser afirmativa. La principal ocupación de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo son los delitos contra la ordenación del territorio.
¿Cómo persiguen los intentos de eludir sentencias que obligan a demoler?
El seguimiento que se realiza de los delitos contra la ordenación del territorio no se agota con la celebración del juicio, sino que también hacemos un seguimiento de la ejecución de la pena que se puede imponer. Es cierto que en la ejecución los esfuerzos principales de los condenados se centran en tratar de eludir o, en su caso, dilatar la democión. El seguimiento en este punto es continuo, tanto por el órgano enjuiciador como por el Ministerio Fiscal. Estamos observando que se están produciendo ingresos en prisión de condenados que no cumplen con la demolición por las que se las ha suspendido la pena la pena privativa de libertad y se las ha condicionado a que realicen la demolición. Es importante que los condenados por estos delitos tengan presente las consecuencias a que se enfrentan por la no demolición de la obra.
Los condenados por obras ilegales centran esfuerzos en impedir o dilatar la demolición
Cuando se comete alguna ilegalidad, como en el caso del Hotel Dunas de Maspalomas que ocupaba espacio protegido y fue finalmente demolido, ¿es posible dar marcha atrás, revertir el daño?
La demolición tiene como finalidad aspiracional tratar de revertir el daño causado, restaurar el orden jurídico perturbado y en la medida de lo posible, que el espacio protegido violado recupere su estado originario. Por eso somos muy conscientes de que, además de la pena que se puede imponer de prisión o multa, la demolición es uno de los elementos esenciales que fundamenta nuestra petición. No en todas las ocasiones puede cumplir o satisface esa posibilidad de revertir el perjuicio, pero se trata de conseguir de esa forma, la aspiración que tiene es que el terreno o el paraje que ha sido perturbado pueda volver a la situación originaria.
¿Echa en falta alguna figura que proteja las costas canarias? En Cataluña, por ejemplo, ya se habla de un Conservatorio del Litoral para preservar terrenos colindantes con el dominio marítimo terrestre.
Este tipo de entidades públicas no nos son desconocidas para la sección de Medio Ambiente y tampoco en Canarias. Contamos ya con la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que realiza una labor muy importante en materia de ordenación del territorio cuando se le requiere informe por parte tanto del Ministerio Fiscal como de los juzgados y tribunales. Cualquier organismo que se cree para auxiliar y ayudarnos en esa protección del patrimonio va a ser bien recibido.
El caso Valka es el más complejo que tenemos en cuanto a prevaricación urbanística
¿Cómo luchan contra los asentamientos ilegales? ¿Qué dificultades enfrentan para reubicar a las familias en situación de desamparo?
Los asentamientos ilegales tienen para nosotros el mismo tratamiento que cualquier delito que se lleva a cabo en la sección. Nuestros esfuerzos principales se centran en promover y perseguir el hecho delictivo una vez que se ha cometido, no en reubicar a las personas que lo han cometido. Para eso están los servicios sociales del ayuntamiento o quien corresponda, pero nuestros esfuerzos principales, como miembros del Ministerio Fiscal, se centran en la persecución del delito.
¿A nivel social hay más conciencia a día de hoy con el medioambiente? ¿Lo notan en el número de denuncias que reciben?
Sí, notamos una concienciación ciudadana mucho mayor en materia medioambiental. De hecho, la sección de Medio Ambiente es una de las que más denuncias recibe. Ello se debe en parte a que hay un gran número de materias que llevamos: delitos medioambientales propiamente dichos, maltrato animal, contra la ordenación del territorio, prevaricaciones urbanísticas… Hay una gran concienciación ciudadana respecto a los mismos. Recibimos muchísimas denuncias, tanto de particulares como de asociaciones, que ponen en conocimiento hechos delictivos, fundamentalmente de ordenación del territorio y maltrato animal.
Miguel Hernández, nuevo fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo / Andrés Cruz
Este verano algunos representantes políticos han hablado de un «terrorismo incendiario» a raíz de los últimos incendios en la Península. ¿Es correcto hablar en esos términos?
Los incendios forestales es verdad que son los delitos más complejos a los que nos enfrentamos porque hay una gran dificultad a la hora de identificar el origen de los mismos, la autoría y las eventuales indemnizaciones. En los casos en los que efectivamente se puede llegar a acreditar que se ha producido un incendio o varios incendios de manera coordinada entre varias personas, hay que aplicar el Código Penal con la máxima dureza porque una actuación de este tipo puede provocar graves daños al medio natural.
¿Son suficientes los planes de prevención con los que cuenta la provincia de Las Palmas?
Es cierto que existen planes de prevención y protocolos de actuación entre Fiscalía, Cabildo y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hay que seguir avanzando en los planes de prevención, sobre todo con los municipios y los ayuntamientos. Es una cuestión además que la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente toma muy en cuenta, periódicamente nos recuerdan la necesidad de renovar esos planes, de hacerles un seguimiento y de estar muy pendientes. Si con los planes de prevención se puede evitar que se cometa el delito, se provoque el incendio o se puedan minimizar los efectos que pueda tener, es algo que habremos ganado.
Los asentamientos ilegales tienen el mismo tratamiento que cualquier otro delito de la sección
Respecto a la carga penal, ¿están lo suficientemente castigados estos delitos como para tener un efecto disuasorio?
Sí, uno de los fines fundamentales de las penas es la finalidad preventiva a través de ese mensaje disuasorio de disposición de una pena como reacción a la comisión de un hecho delictivo. Yo entiendo que sí, que están lo suficientemente penados como para mandar ese mensaje a los eventuales delincuentes de que los hechos delictivos van a tener respuesta. Ahora bien, eso es relativo. Habrá delincuentes que lo perciban como algo disuasorio y habrá quienes no. Desde el punto de vista objetivo, sí que se lanza ese mensaje, pero estará en función del tipo de delincuente que comete estos hechos delictivos.
Por otro lado, ¿hay un incremento de los delitos de maltrato animal? ¿Cómo han notado en la Fiscalía la entrada en vigor de la ley de Bienestar Animal?
Esa ley ha precisado y concretado los tipos penales en materia de maltrato animal, que ya de todas formas estaban previstos en el Código Penal. Sí que notamos que se ha producido un incremento de este tipo de procedimientos, fundamentalmente por la concienciación ciudadana. Es muy frecuente que particulares que ven cómo su vecino está maltratando a su animal doméstico o personas que tienen encadenados a perros u otros animales lo pongan en conocimiento de la Fiscalía. Refleja que la ciudadanía tiene una conciencia de que hay que proteger y tutelar a los animales.
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