Los dos principales pilares del presupuesto autonómico –personal e inversiones– han experimentado incrementos significativos en la última década, aunque con resultados desiguales. La Comunidad Autónoma ha duplicado los gastos de personal y ya absorben cerca del 40% del presupuesto regional. El peso de los servicios públicos es determinante en este incremento, que el próximo año superará los 5.000 millones de euros, cuando diez años antes, en 2016, el capítulo I de las cuentas regionales fue de 2.672 millones, lo que supone una subida en cifras absolutas de unos 2.400 millones más.
El capítulo relativo a la inversión pública autonómica ha crecido un 72% en 10 años, al pasar de 284 millones en 2016 a los 1.027 millones presupuestados para 2026, pero, sin embargo, su ejecución ha sido irregular en estos años y en contadas ocasiones ha superado el 65% de media, una situación que ha sido cuestionada por la Audiencia de Cuentas en un informe reciente.
El gasto en las nóminas de los empleados autonómicos ha experimentado el mayor crecimiento a raíz de la pandemia del Covid, debido al aumento de las plantillas del Servicio Canario de Salud (SCS), Educación y Bienestar Social, este último departamento impulsado por las demandas derivadas de la dependencia y otras necesidades sociales.
Los datos recogidos en la memoria de la ley de presupuestos reflejan que la plantilla autonómica hace diez años, en 2016, era de 62.453 empleados, mientras que este año se fija en 75.849. El gasto en personal es el que más sube en la consolidación presupuestaria por capítulos, con un 8% más y 373 millones adicionales respecto al ejercicio anterior, debido a la «consolidación de las plantillas orgánicas» y al criterio del actual pacto de gobierno de ajustar el crédito al gasto real.
La crisis económica iniciada en 2008 pasó factura a las cuentas autonómicas entre 2010 y 2016. De hecho, el capítulo de personal se movió en torno a los 2.600-2.800 millones de euros en esos años, y fue a partir de 2018 cuando se inició un crecimiento continuado que se consolidó durante los años del Covid, por la incorporación de más personal a los servicios públicos para hacer frente a la crisis sanitaria y social derivada de la pandemia. En 2019 se superaron los 3.000 millones, y cuatro años después, en 2023, se rebasó la barrera de los 4.000 millones. En el tercer presupuesto de la actual legislatura, la cifra ya ha superado los 5.000 millones de euros.
El principal argumento utilizado por el Ejecutivo para justificar este fuerte incremento del capítulo I es el refuerzo de recursos humanos y materiales en áreas como servicios sociales, sanidad, educación, vivienda y justicia. En este sentido, se prioriza la dotación de partidas suficientes en detrimento de crecimientos mayores en otras áreas, con el fin de atender los niveles de gasto real, entre ellos el pago de nóminas, las revisiones salariales y las contrataciones de interinos y temporales para cubrir los servicios públicos prioritarios.
Las inversiones directas de la Comunidad Autónoma cayeron ostensiblemente durante la crisis económica, con descensos superiores al 25% entre los años 2011 y 2016. El punto de inflexión se alcanzó en 2015, con una consignación en el capítulo VI de 276,4 millones de euros. El remonte de esta escasez de inversión pública se inició en 2017, cuando los ingresos ya estaban al alza y llegaban más fondos del Estado.
El pacto de las flores duplicó la consignación de inversiones reales en el presupuesto autonómico, pasando de unos 500 millones de media a 1.000 millones en 2023, con crecimientos superiores al 30%.
La diferencia entre el capítulo I y el capítulo VI es que el primero se ejecuta por encima del 95%, al tratarse del pago de nóminas, mientras que el gasto inversor es la principal asignatura pendiente en la ejecución de las cuentas anuales. Año tras año, el nivel de gasto real no supera el 70%, y en contadas ocasiones alcanza ese porcentaje.
El último informe de la Audiencia de Cuentas refleja que, pese al importante incremento del capítulo VI en la legislatura pasada, el nivel de ejecución fue bajo. Entre 2019 y 2023, la ejecución del capítulo de inversiones apenas alcanzó el 56%. La escasa ejecución en ese cuatrienio sitúa a Canarias en el tercer puesto por la cola de la clasificación nacional, solo por delante de la Comunidad Valenciana (53,5%) y Andalucía (53,3%).
Pero esta situación no es nueva: este hándicap inversor es algo endémico en las administraciones públicas canarias. La media en más de dos décadas es del 67%, muy por debajo del promedio general de los presupuestos, cifrado en el 92%.
Las causas son variadas y no solo se refieren a la lentitud y carga burocrática, sino también a la dispersión de los órganos de contratación, la falta de personal técnico cualificado para elaborar los informes de infraestructuras públicas o la existencia de proyectos sin la madurez necesaria para ser ejecutados en tiempo y forma, según la Audiencia de Cuentas.
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