Las claves
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El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado en sus redes sociales que las obras de ampliación del aeropuerto de El Prat no se iniciarán hasta, al menos, el año 2032. Esta demora forma parte de un acuerdo firmado con Podemos para que el Gobierno pudiera aprobar la ley de movilidad sostenible.
El Gobierno logró sacar adelante el pasado 8 de octubre la ley de movilidad sostenible con 174 votos a favor y 170 en contra gracias a la abstención inesperada y de última hora de Podemos tras este acuerdo con Transportes que también incluía la paralización de las obras del puerto de Valencia. El auxilio morado llegó tras votar a favor del embargo de armas a Israel pese a amenazar con tumbarlo.
Este viernes Puente ha explicado que dicho pacto «exige un informe vinculante de reducción de emisiones antes de iniciar las obras y confirma que el proyecto no se incluirá en el Dora III». «Tenemos un compromiso común con la movilidad sostenible y las políticas públicas que protegen a la gente de la emergencia climática», concluía el tuit del cabeza de Transportes.
A propósito del aeropuerto de El Prat, el acuerdo al que llegué con Podemos es importante porque exige un informe vinculante de reducción de emisiones antes de iniciar las obras y confirma que el proyecto no se incluirá en el DORA III, por lo que las obras de ampliación, no…
— Óscar Puente (@oscar_puente_) October 24, 2025
Por su parte, la secretaria general de los morados, Ione Belarra, ha reivindicado el papel de los cuatro escaños de su formación en el Congreso tras esta confirmación: «El proyecto tendrá que cumplir con la reducción de emisiones marcada por Europa, algo incompatible con su estado actual. Los votos de Podemos, para luchar contra la emergencia climática».
Sin embargo, en el momento de la votación, la formación morada calificó la ley de “insuficiente” e “inútil”, acusando al Ejecutivo de “promover un modelo de economía fósil”.
Ambas partes pactaron reforzar los requisitos medioambientales obligatorios, así como crear un proceso intenso de información pública y consultas con los diferentes organismos y administraciones territoriales para favorecer la participación y la transparencia.
La norma reconoce la movilidad como “un derecho social” de toda la ciudadanía y, entre otras medidas, prohíbe los vuelos nacionales de menos de 2,5 horas cuando exista una alternativa ferroviaria adecuada.
La ley sufrió varios cambios a lo largo de su tramitación parlamentaria, como reconocía el portavoz del PSOE: “No es la misma ley que entró hace 18 meses. Es mucho mejor”, afirmaba el diputado socialista Ignacio López Cano que recordaba que Europa vincula la aprobación de la ley a 10.000 millones de fondos europeos.
El Partido Popular se mostró en contra porque se habían rechazado sus enmiendas transaccionales a favor de mantener paradas de autobús en zonas despobladas.
