No hay dos sin tres. 212 días después, el Tribunal Supremo vuelve a dar la razón a Canarias y exige al Estado que cumpla con el auto del pasado 25 de marzo, en el que ordena al Gobierno central dar acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional al millar de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo en Canarias. Ya el texto era claro entonces: el Estado tenía 10 días para responsabilizarse de los jóvenes que están actualmente a cargo de los servicios de protección de la comunidad autónoma. Pero siete meses después, solo han salido de las Islas 199 niños. Un «insuficiente ritmo de ejecución» que empujó al Gobierno canario a presentar un escrito que ayer los magistrados contestaron. «El ritmo de ejecución es manifiestamente inadmisible», apunta el Alto Tribunal, que da un nuevo ultimátum a la Administración General del Estado: «15 días improrrogables» para que cumpla la orden de acoger a estos menores «sin posibilidad de excusa o reparo alguno».
Desde el Gobierno autonómico celebraron ayer esta nueva palmada en la espalda por parte de la justicia. En palabras del presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, este tercer auto «ratifica el abandono al que el Estado ha sometido a Canarias». «El Estado siempre habla de cooperación y colaboración, pero se constata que no hay voluntad de poner solución a una situación que vulnera los derechos de los menores y desborda la capacidad de la comunidad autónoma», apuntó ayer el presidente tras conocer la decisión del Supremo, que ya en junio advirtió al Estado de que si no cumplía lo ordenado podría imponer medidas coercitivas a los responsables.
Ante la gravedad de la situación, Clavijo ha solicitado una comparecencia a petición propia en el Parlamento de Canarias para abordar este asunto.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, también aplaudió ayer el nuevo auto. La responsable espera que el Gobierno de España «de verdad haga caso al Tribunal Supremo» y asuma la responsabilidad de estos menores, en lugar de seguir poniendo «piedras en el camino».
Delgado aseguró ayer que el Ejecutivo central, hasta ahora, «no ha puesto todo sobre la mesa» para crear las plazas necesarias que permitan la salida de los jóvenes de las Islas, mientras que el Gobierno canario «ha puesto todo de su mano» para adelantar los expedientes y remitírselos al Estado incluso antes de que este los solicitara. «Esperemos que de verdad ahora hagan caso al Supremo y efectivamente trasladen a esos 529 menores que quedan a la Península», insistió la consejera.
Desde la otra parte, la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM) aclaró ayer que el nuevo auto del Supremo se enmarca en la pieza de medidas cautelares dictadas el 25 de marzo y el 4 de junio de 2025, y responde a una reclamación presentada por la Administración canaria, a la que, según puntualizaron, el Gobierno «no ha tenido oportunidad de alegar ni responder». Insisten en que el Ejecutivo central trabaja para dar cumplimiento a esos autos y garantizan que se harán efectivos «en tiempo y forma». Según sus cifras, el Estado ha trasladado ya a 350 menores desde los centros gestionados por el Gobierno canario.
Desde Migraciones apuntan asimismo que existen actualmente 135 plazas disponibles en la Península que no pueden ocuparse porque «el Gobierno de Canarias no ha remitido las autorizaciones necesarias», al ser tutor legal de los menores.
La SEM recuerda que el pasado martes 14 de octubre, durante la reunión del comité interadministrativo, ya quedaron varias plazas sin cubrir por este motivo, y que una semana después, el día 21, el Ejecutivo canario se comprometió a enviar 350 expedientes relativos a otros tantos menores acogidos en sus centros, «extremo que a día de hoy no se ha producido».
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también se pronunció ayer sobre el asunto antes de participar en un acto organizado por la Asociación Democracia Canarias XXI junto al jurista Baltasar Garzón. El ministro señaló que el Gobierno ya ha ofrecido las explicaciones pertinentes al Alto Tribunal y que cumplirá con todas las exigencias del Supremo.
Torres subrayó que el Ejecutivo central continuará trabajando en coordinación con el Gobierno de Canarias y destacó la buena relación existente entre ambas administraciones. El ministro quiso poner el foco en los obstáculos políticos que, según explicó, dificultan la plena aplicación del reparto. Aseguró que las trabas vienen por el Partido Popular y VOX, y aseguró que de haberse contado con un mayor respaldo político, el Estado dispondría hoy de más plazas. «Nos demandan más rapidez y lo vamos a intentar, pero si hubiésemos tenido un apoyo mayor del PP, los números serían distintos», aseguró.
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