Los partidos de Izquierda, con representación política en Baleares, con el apoyo de tres asociaciones civiles, han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, para que se anule la ley balear que regula los denominados “proyectos residenciales estratégicos”. Este recurso ha sido impulsados por los partidos PSIB, Més, Podem y Esquerra Unida, junto al GOB, OCB y el Fórum Societat Civil de Baleares. La iniciativa legal cuenta con el apoyo de más de 50 diputados del Congreso del grupo socialista, Sumar-Més y Podemos.
Esta ley ha sido aprobada este año por el Parlament balear y permite la construcción de viviendas en suelo rústico, sin una dotación previa de servicios, en municipios de más de 20 mil habitantes. También autoriza construcciones en suelo urbano y urbanizable de más de 10 mil habitantes.
Negueruela y Apesteguia apoyan este recurso ante el Constitucional / J.F.M.
Margalida Ramis, portavoz del Gob, ha denunciado que esta normativa impulsada por el PP, con el apoyo de Vox, favorece la especulación urbanística, además de que atenta al principio de igualdad. Recordó que la ley legaliza las viviendas ilegales construidas en suelo rústico. “Este ataque al territorio no tiene precedentes históricos, porque pone en juego gran parte del patrimonio de Baleares”, señaló Ramis.
Por su parte, Iago Negueruela, del PSOE, recordó que esta normativa empezó con una idea que presentaron unos promotores en Palma, “que no querían cumplir con la ley” y que después “se ha extendido a toda Baleares”. El diputado socialista recordó que los futuros proyectos urbanísticos que favorece esta ley se autorizarán sin que se garanticen los servicios públicos. Y, además, se aprobarán sin que sea necesario respetar las normas urbanísticas de los municipios y los ayuntamientos no podrán oponerse a estos proyectos. “Esta ley favorece la especulación y solo pretende sembrar las ciudades de cemento”, señaló Negueruela.
El diputado de Més per Menorca, Josep Castell, denunció también que el Govern de Marga Prohens “está utilizando el drama de la crisis de la vivienda para dar carta blanca a los empresarios para construir casas donde ellos quieran” sin respetar las normativas urbanísticas de cada municipio. Lluis Apesteguia, de Més per Mallorca, coincidió con el mismo pronóstico y afirmó que esta normativa “representa lo peor del urbanismo de derechas”, ya que favorecerá la construcción de pisos a unos precios que no podrá pagar la mayoría de la población, en barrios con escasa calidad de vida. El político nacionalista también lanzó una advertencia a los constructores que presenten proyectos de construcción, recordándoles que se aprovecharán de una normativa de “muy dudosa legalidad”.
Las asociaciones civiles denuncian la destrucción del patrimonio en Baleares / J.F.M.
Según los representantes políticos que impulsan este recurso ante el Constitucional, estos proyectos de construcción podrán modificar las condiciones que establecen los planeamientos urbanísticos municipales. A su vez, aumentarán la densidad residencial máxima prevista y además podrán tener un mayor coeficiente de edificabilidad.
También denuncian que se van a autorizar construcciones sin la obligación de realizar aparcamientos y sin contar con dotaciones de agua u otros aspectos básicos en el urbanismo.
Se trata del segundo recurso que estos mismos partidos y asociaciones civiles plantean ante el Constitucional. El primero se planteó contra la ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativa de Baleares, que ha sido admitido a trámite y está pendiente de resolverse. Las entidades impulsoras de esta iniciativa legal denunciaban que esta norma de simplificación suponía una amnistía general de las infracciones urbanísticas cometidas en Baleares en terrenos rústicos.
Mercedes Garrido, la diputada socialista, advirtió que con esta ley serán a partir de ahora los constructores, es decir, los particulares, los que establezcan las políticas urbanísticas de las ciudades y recordó que ningún ayuntamiento podrá oponerse a estos proyectos. A su juicio, la normativa es un claro ejemplo de la política “que fomenta la especulación” y afirmó que esta ley no tiene como objetivo inmediato la construcción de viviendas, sino lo que busca es una nueva clasificación de los suelos que suponga aumentar el valor económico de estos terrenos. Cuando el valor del solar tenga un mayor valor, más caras serán las casas que se construyan. Por lo tanto, según el cálculo que ha realizado Garrido, en menos de “seis o siete años” no se iniciará ninguna construcción en base a esta ley recurrida ante el Constitucional, ya que el objetivo prioritario que buscan los promotores es conseguir un cambio urbanístico en la calificación de los terrenos y un aumento de los solares donde se van a construir las viviendas.
Antoni Llabrés, de la OCB, explicó que las iniciativas en favor de la protección de la lengua y la cultura propia de Baleares van unidas a la lucha en favor de la protección del territorio. Señaló que ha sido el “propio Govern del PP” el que ha logrado la unión de todos los partidos de izquierda y ha criticado las decisiones del Ejecutivo de eliminar el requisito del catalán en la sanidad, acordado a través de diferentes decretos.
Josep Benedicto, del Fórum Sociedad Civil de Baleares, ha señalado que se ha intentado negociar con el Govern para conseguir un consenso ante determinadas normas, como por ejemplo la que se ha recurrido ante el Constitucional, pero “solo hemos recibido puñetazos. Prohens solo busca acuerdos con Vox y esta postura es la que provoca la unidad de todos los partidos de izquierda”.
Margalida Ramis ha detallado que los impulsores de este recurso que cuestiona la legalidad de esta normativa urbanística han intentado que sea el propio Gobierno de Madrid el que presentara esta demanda ante el Constitucional, que hubiera supuesto la suspensión inmediata de esta ley. Sin embargo, no se ha conseguido. Ante esta situación han tenido que ser los diputados de los partidos de izquierda del Congreso de los Diputados los que, finalmente, han presentado dicho recurso. El diputado Vicenç Vidal, de Més per Mallorca, es uno de los firmantes de dicho recurso.
