El partido heredero de Batasuna, brazo político de ETA, se presentó como defensor de los valores democráticos denunciando «cacerías», «señalamientos» y «a los matones ultras».
Lo hizo con el consentimiento del PSOE, que no le hizo un solo reproche. Al contrario: Pedro Sánchez se sumó a su discurso, justificándolo, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, llegó a defender a los diputados proetarras de las críticas del PP.
Todo comenzó durante la sesión de control al Gobierno, cuando la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, pidió al Ejecutivo «medidas firmes» contra la extrema derecha.
«Fascistas en Gasteiz, ultras en la Universidad de Barcelona, cacerías nazis en Torre Pacheco, franquistas en Ferraz, neofascistas, encapuchados amenazando en vídeos y matones ultras desahuciando. Señor Sánchez, lo estamos viendo», dijo.
Vídeo | Intervención de Mertxe Aizpurua y respuesta de Pedro Sánchez en la sesión de control
«Creemos que es hora de que se tomen medidas», continuó. «Al fascismo debemos enfrentarlos en todos los ámbitos. Las instituciones deben aplicar este compromiso no solo para impedir el acceso de los ultras a los gobiernos, sino también para acabar con los espacios de impunidad de los que gozan el franquismo y el fascismo español».
Sánchez recogió el guante. «Estamos este año celebrando el inicio de la Transición democrática como consecuencia de la muerte del dictador Francisco Franco«, recordó.
Después le prometió que «antes de que termine noviembre» el Gobierno publicará el catálogo de símbolos franquistas pendiente desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022.
«Será el paso definitivo para retirarlos de las calles», dijo, antes de reivindicar una «memoria plural pero respetuosa con los principios de democracia y tolerancia».
Ni un solo reproche al discurso de Aizpurua.
La actitud del Gobierno refuerza el relato de Bildu de que ETA y su entorno fueron un movimiento contra la dictadura, cuando en realidad, con Franco estuvieron activos 16 años y, tras su muerte, recurrieron al terror durante 35, por lo tanto, la práctica totalidad en Democracia.
El presidente cerró su intervención entre aplausos de la bancada socialista, incluidos los del ministro Fernando Grande-Marlaska, que en su etapa de juez en la Audiencia Nacional combatió con la ley a ETA.
Vídeo | Cara a cara entre Ester Muñoz y María Jesús Montero tras «los señalamientos» de Bildu.
Las víctimas de la banda hace tiempo que asumieron la condescendencia de Sánchez con Bildu.
«El problema de normalizar a una organización que ahora asume el rol de la política, que nunca ha condenado los 3.800 atentados de ETA, que nunca ha condenado las 864 víctimas mortales, es que se está más cerca de ellos que de las víctimas», señalan desde Dignidad y Justicia a EL ESPAÑOL.
«Además, hay 376 crímenes de ETA sin resolver y actualmente se siguen realizando actos de enaltecimiento del terrorismo, y aquí hay organizaciones que actúan con total impunidad», continúan.
Aizpurua, la misma dirigente que hace dos décadas dirigía un periódico que justificaba asesinatos, señalaba objetivos y se mofaba de Ortega Lara tras su rescate se erigió ayer en el Congreso en defensora de la tolerancia democrática con la complicidad del Gobierno.
El pasado mes de marzo, Sánchez ya protagonizó otra situación inédita en democracia al invitar por primera vez a un dirigente de Bildu a la Moncloa.
La foto de ambos estrechando sus manos y posando brevemente en la escalinata del palacio marca un hito en la política de blanqueamiento de esta formación.
«Qué asco, qué asco»
La portavoz del PP, Ester Muñoz, no disimuló su indignación.
Acusó a Sánchez de «permitir que una mujer que señalaba desde su periódico a gente para ser asesinada dé lecciones de democracia. ¡Qué asco, qué asco!», exclamó desde su escaño.
Muñoz se refería al pasado de la diputada como directora del diario Egin y luego de Gara, medios que durante los años de plomo formaron parte del entramado de ETA.
En 1997, bajo la dirección de Aizpurua, Egin tituló Ortega Lara vuelve a la cárcel el día en que la Guardia Civil liberó al funcionario de prisiones tras 532 días secuestrado.
Aizpurua fue condenada en 1984 por apología del terrorismo, elaboró una enciclopedia hagiográfica sobre los etarras muertos y en 2001 entrevistó -con pasamontañas incluidos- a dos miembros de la cúpula de ETA.
Dos días después, la banda asesinó al concejal de UPN José Javier Múgica. Cuando el juez Baltasar Garzón le pidió las cintas de aquella entrevista, Aizpurua aseguró que las había «quemado».
En la misma línea de crítica, la portavoz de Vox, Pepa Millán, reprochó al Gobierno que se alinee con quienes «jamás han condenado la violencia».
«Los actos que hay que prohibir son los ongi etorri amparados igualmente por el PSOE», afirmó.
