Leire Díez, la fontanera del PSOE, explicó al comandante Rubén Villalba, investigado en el ‘caso Koldo’, que el número dos de María Jesús Montero estaba muy vinculado a la trama.
Según Leire Díez, el exabogado de Koldo García, Ismael Oliver, y la defensa de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, coincidían en que «Carlos Moreno ha contado sólo una tercera parte de lo que ha hecho».
«Y es un hijo de puta», señaló la fontanera del PSOE según recoge el acta de la reunión que el mando de la Guardia Civil entregó al juez Arturo Zamarriego.
El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, forma parte del sumario de la causa judicial en la que está investigada la fontanera por esta y otros intentos de maniobrar contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y la Fiscalía Anticorrupción.
La cita entre Leire Díez y Rubén Villalba tuvo lugar en un bar de Leganés (Madrid) el pasado 10 de marzo de 2025.
El objetivo de la fontanera del PSOE era que el comandante le diera información sobre la UCO y el empresario Víctor de Aldama.
También aseguró a Villalba que se encargaría del pago de su defensa. ¿El objetivo? Que el comandante cambiara a su abogado, José Antonio Choclán, por uno de los que consideraba afines a ella y al PSOE: Jacobo Teijelo, Ismael Oliver o José Aníbal Álvarez.
La acusación de Leire Díez al jefe de Gabinete de María Jesús Montero es muy relevante, ya que Aldama declaró en el Tribunal Supremo que entregó 25.000 euros a Carlos Moreno por un aplazamiento en Hacienda.
La vicepresidenta Montero ha defendido hasta la fecha a su jefe de Gabinete e incluso ha dicho que pone «la mano en el fuego» por él.
EL ESPAÑOL publicó en exclusiva el pasado mes de enero que Moreno organizó una cita entre Aldama y la número tres de la Agencia Tributaria en Madrid para el aplazamiento de la deuda.
El empresario negoció con Consuelo Sánchez una prórroga en el pago de una deuda tributaria de 1,7 millones, que acabó siendo concedida por la AEAT.
Según el acta de la reunión, la fontanera del PSOE señaló que las vinculaciones de la mano derecha de María Jesús Montero con la trama irían más allá de gestionar este aplazamiento.
La UCO está ultimando un informe en el que se detallan los contactos que los miembros de la trama de Koldo García tuvieron con Carlos Moreno.
Relación con Montero
Las palabras de Leire Díez sobre Moreno son todavía más relevantes por la cercanía que la fontanera ha tenido con María Jesús Montero y su entorno.
De hecho, Leire Díez maniobró para que se archivara el ‘caso Aznalcóllar’ en el que está imputado Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y protegido de Montero.
Un domicilio alquilado por Vicente Fernández Guerrero, en pleno centro de Madrid, fue utilizado por la fontanera del PSOE para sus reuniones con investigados en hidrocarburos para maniobrar contra la UCO, fiscales y jueces molestos para el Gobierno.
Además, Vicente Fernández Guerrero, tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, fue fichado por la constructora de Santos Cerdán cuando dejó la presidencia de la Sepi debido a su situación judicial.
Fernández Guerrero trabajó como asesor externo de Servinabar, la constructora central de la trama en Navarra.
Actualmente, Leire Díez, que fue militante del PSOE hasta junio de 2025, está investigada por un Juzgado de Madrid, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Fue la asociación Hazte Oír la que se presentó una querella en su contra, en la que le acusaba de haber tratado de torpedear los principales casos judiciales que actualmente cercan al Gobierno y al Partido Socialista.
Tal y como publicó EL ESPAÑOL, la Fiscalía Provincial de Madrid considera un dato «determinante» que Leire Díez «hablase en nombre de altas instancias del Estado» en sus maniobras para tratar de boicotear a la UCO.
De esta forma, señaló la Fiscalía madrileña, daba «credibilidad» a sus presuntos intentos de soborno y a sus ofertas a cambio de información sensible sobre mandos de la Guardia Civil o acerca de ciertos fiscales, incómodos para el PSOE.
Para ello, la fontanera se reunió con empresarios, periodistas o expolíticos. A algunos de ellos, si estaban investigados en procedimientos judiciales —Villalba lo está en el llamado ‘caso Koldo’—, les prometía un horizonte penal más favorable si accedían a sus peticiones.
