Más víctimas, más denuncias y mayor porcentaje de condenas a maltratadores: tres de los principales indicadores de la violencia de género en España aumentaron en el segundo trimestre del año, cuando las denuncias subieron un 2,69 % hasta las 51.897 y las víctimas crecieron un 3,41 % hasta las 47.710.
Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que ha hecho público este miércoles la estadística sobre violencia machista relativa a los meses de abril, mayo y junio de 2025, cuando los órganos judiciales dictaron condenas en más del 82 % de las sentencias.
En ese periodo, siete de cada diez denuncias fueron presentadas por las víctimas (el 70,81 %), y apenas el 1,91 % del total las interpusieron personas del entorno de las mujeres. El 17,08 % fueron resultado de atestados policiales, el 7,14 % de los partes de lesiones y el 3,05 % fueron presentadas por terceras personas.
Más víctimas
En el segundo trimestre aumentó también el número de víctimas de la violencia de género, un 3,41 %, hasta las 47.710.
El 61,66 % de estas mujeres eran españolas y el 38,34 %, extranjeras. Además, 105 de las víctimas eran hijos e hijas menores que figuraban en las denuncias, un 25 % menos que en el segundo trimestre del año pasado.
Los datos del CGPJ reflejan que la violencia machista se dio de forma dispar en las comunidades autónomas y la ratio de víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 19,2 en el conjunto del país, superior a la registrada en el mismo periodo de 2024 (18,5). La tasa superó a la media nacional en Canarias (33,7), Baleares (27,6), Comunitat Valenciana (24), Murcia (23,6), Navarra (23,5), y Andalucía (21,8).
Las tasas más bajas se registraron en Castilla y León (11,9), Galicia (13,3), La Rioja (13,9), Extremadura (14,1), Asturias (14,6), Castilla-La Mancha (14,9), País Vasco (15,3), Cataluña (15,3), Cantabria (16) y Aragón (17,3). La cifra de la Comunidad de Madrid coincidió con la media nacional (19,2).
Miedo a declarar
Un total de 5.549 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor entre abril y junio, el 11,63 %. De ellas, el 54,18 % eran españolas y el 45,81 %, extranjeras. Esta cifra supone un aumento del 7 % en comparación con el mismo periodo de 2024, pero el Observatorio matiza que ha hecho cambios en el sistema estadístico que podrían afectar a esta comparación.
El testimonio de las víctimas es fundamental para evitar la absolución del agresor puesto que en múltiples ocasiones es la única prueba que permite la condena, al ser la violencia de género un delito que se suele perpetrar en la intimidad del hogar y sin testigos.
El miedo, las amenazas, las presiones familiares, la culpabilidad o no querer que al agresor le pase nada son factores que llevan a la víctima a no declarar contra él.
Mayor porcentaje de condenas
Según el CPGJ, entre abril y junio, juzgados y tribunales dictaron 16.206 sentencias -un 4,45 % menos-, de las que 13.383 fueron condenatorias, el 82,58 % (frente al 80,27 % del segundo trimestre de 2024).
El porcentaje varía en función del órgano judicial que dicta las sentencias ya que los juzgados de violencia sobre la mujer emitieron un 93,31 % (frente al 91,6 % de hace un año); las audiencias provinciales, un 82,96 % (frente al 77,27 %) y los juzgados de lo penal, un 72,39 % (frente al 69,95 %).
En este periodo, los juzgados de menores enjuiciaron a 127 varones, frente a los 95 de hace un año, e impusieron medidas en 117 casos (de los que 103 eran españoles, el 88 %).
Medidas de protección
En el segundo trimestre descendieron ligeramente tanto la solicitud como la concesión de órdenes de protección: 12.261 solicitudes (un 0,1 % menos) y 8.571 adoptadas (0,2 % menos).
Así, se acordaron el 67,7 % de las medidas de protección solicitadas, el mismo porcentaje que hace un año.
Según los datos del Observatorio, el 61,2 % de las víctimas que solicitaron medidas de protección eran españolas (6.673) y 80 menores de edad, el 0,7 %.
Entre abril y junio de 2025, las medidas judiciales penales de protección fueron de 15.322 (un 7,5 % menos que hace un año): en un 68,54 % de los casos fueron órdenes de alejamiento; en un 69,17 %, prohibición de comunicación.
Por su parte, se dictaron 5.054 medidas civiles cautelares de protección de mujeres y menores mientras se resolvía el proceso penal, un descenso del 0,8 %. De las dictadas, un 31,5 % eran relativas a la prestación de alimentos; un 21,3 %, a la atribución de la vivienda, un 20,21 %, a la suspensión del régimen de visitas (1.016, un 4,7 % menos); un 12,9 %, a la suspensión de la guarda y custodia (655, un 11,3 % más); y un 2,4 %, a la suspensión de la patria potestad (123, un 15 % menos).
