«Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen». El presidente provisional de Perú, José Jerí, se tomó tres minutos para explicarle a la sociedad los fundamentos de su declaración de un estado de emergencia en Lima y el puerto del Callao durante 30 días para enfrentar la ola de inseguridad. Jerí ha reemplazado hace dos semanas al frente del Ejecutivo a Dina Boluarte, destituida por el Congreso debido a su «permanente incapacidad moral» para ejercer el cargo. Fue la violencia urbana el motivo de la destitución de una mandataria interina que abandonó el Palacio Pizarro con una popularidad del 3%. El congresista que la ha sustituido se propone llegar airoso a las elecciones presidenciales de 2026. Y por eso tomó una decisión que afecta a más de 10 millones de personas y que si bien apunta a contener el crimen tiene también un alcance político.
«Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó, hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú», dijo el mandatario. La capital y sus alrededores se han sacudido en los últimos meses por el aumento de la inseguridad. Al menos 47 conductores de buses perdieron la vida a manos de pistoleros entre enero y octubre de 2025. Durante el mismo período se han registrado 20.705 denuncias de extorsión un 28,8% más en comparación en 2024.
Poder para los militares
Al amparo del estado de emergencia, el Gobierno puede ordenar a las Fuerzas Armadas ocupar el espacio público y colaborar con la policía en el mantenimiento del orden y el «control territorial» en «zonas críticas». También tiene la potestad de restringir o suspender libertades públicas como la inviolabilidad de domicilio y el derecho de reunión. Este último aspecto no es menor. Al apenas asumir, Jerí tuvo que enfrentar una masiva movilización en su contra. La marcha que reclamó su dimisión terminó con al menos un joven asesinado por un policía y centenares de heridos. «Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación», consigna el decreto.
Jerí es consciente de su fragilidad institucional. Depende de la voluntad de los congresistas en un país que acumula siete presidentes desde que comenzó la crisis del sistema político. «El Perú arrastra una herencia política que amenaza con convertirse en crónica: 150 ministros en cuatro años», señaló el diario limeño El Comercio sobre la precariedad en las gestiones. «Cuando el promedio de permanencia de un ministro en su cartera es de apenas seis meses, y 60 de ellos no superaron los 100 días en funciones, resulta evidente que el Ejecutivo peruano opera en un ciclo perpetuo de improvisación y desorden». El ministerio del Interior, encargado de los asuntos de seguridad, tuvo 15 titulares en los últimos cuatro años. «No existe posibilidad alguna de articular una estrategia coherente de seguridad ciudadana».
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