La familia de Sandra Peña, la menor sevillana de 14 años que se quitó la vida el pasado martes tras presuntamente sufrir acoso escolar, ha decidido dar un paso adelante y acudir a los tribunales para que un juez investigue su muerte.
Para ello, los padres han mantenido en la jornada de este martes un encuentro con un bufete de abogados para estudiar la estrategia judicial y las vías por las que denunciar, civil o penal o por ambas.
La familia de la joven ha confirmado al EL ESPAÑOL que están decididos a llegar hasta el final: «Vamos a hacer lo máximo, a por todo y con todo«. Por dos motivos, para que se haga justicia y para que no vuelva a pasar.
En esa cita, los progenitores de la menor han comunicado a los letrados todos los pasos previos que dieron para alertar a la dirección del centro que su hija estaba sufriendo acoso escolar.
«Cuando fueron al colegio, denunciaron, dijeron lo que les ocurría, las veces que volvieron a ir y los informes que aportaron», aseguran. La familia prevé que todo el proceso empezará la semana que viene.
Por su parte, la investigación sigue su curso. Este lunes, la Policía Nacional ha logrado acceder al contenido del teléfono móvil de Sandra y ya lo están analizando, una prueba clave para determinar el alcance del presunto acoso que sufría en su entorno, tanto en las aulas como a través de la pantalla.
Imagen de un niño en el altar improvisado a Sandra Peña.
Sevilla
Los agentes se centran en los mensajes y conversaciones que podrían revelar el grado de intimidación y los posibles autores. Además, los investigadores han visitado el domicilio familiar para recabar más información y reconstruir los últimos días de la menor.
Durante el encuentro, tal y como confirma la familia, la Policía realizó varias preguntas a los padres, centradas en quiénes eran las amigas más cercanas de Sandra, con el objetivo de reconstruir su entorno más inmediato y conocer con precisión las relaciones que mantenía con sus compañeras de clase.
Por su parte, la inspección de la Consejería de Educación también se ha reunido con los padres para recopilar más datos tras lo sucedido y el Defensor del Pueblo ha solicitado un encuentro tras la investigación abierta por la institución.
El colegio, por su parte, ha expresado su colaboración con las autoridades y asegura haber seguido los procedimientos internos.
Sin embargo, la Fiscalía de Menores de Sevilla investiga ya los hechos para determinar si las compañeras de Sandra incurrieron en delitos de acoso o amenazas, y si hubo negligencia por parte de la institución educativa.
En paralelo, la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía evalúa si el centro incumplió sus obligaciones legales, lo que podría acarrear sanciones e incluso la retirada del concierto educativo. Esta circunstancia supondría dejar de recibir fondos públicos.
Los mensajes en redes
Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a la familia y de peticiones de justicia, mientras crece la presión social con nuevas pintadas en el centro educativo y publicaciones que señalan a las presuntas acosadoras.
En los últimos días, sus nombres y fotos han circulado por Internet junto a mensajes de indignación, aunque las autoridades recuerdan que, al ser menores de edad, su identidad está legalmente protegida.
De ahí que la Fiscalía de Sevilla haya pedido a una red social la retirada de las imágenes de las tres menores que, supuestamente, habrían acosado a Sandra. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el exterior de sus viviendas también ha amanecido con pintadas de amenazas de muerte.
Imagen del colegio de Sandra Peña con pintadas de «culpables» y «asesinos» después de la muerte de la menor.
Sevilla
Asimismo, ha abierto diligencias de investigación penal por la difusión de dichas fotografías con su identidad y con mensajes de amenazas. «El acoso no se puede combatir con el acoso y amenazas», ha defendido.
La familia de Sandra se posiciona en contra de estos actos, afirmando que están completamente en desacuerdo con esas muestras que no se deben permitir ya que «no queremos que nadie vuelva a pasar por eso».
En cualquier caso, la muerte de Sandra ya ha conmovido a todo el país, poniendo en el centro del debate la eficacia de los protocolos existentes contra el acoso escolar y la necesidad de proteger de forma real a los menores que lo sufren.
